LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ACCEDE A LA EDUCACIÓN no deben pesar en los resultados obtenidos. Los poderes públicos deben promover que todas las personas puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones, es decir, equilibrando las situaciones de desigualdad de partida (cualquiera que sea su situación socioeconómica y cultural), por lo que la compensación de las desigualdades sociales, económicas y culturales se convierte en una obligación ineludible.