LA REFORMA LABORAL y posteriormente la aprobación de la Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, lejos de favorecer la formación de las personas ocupadas desempleadas está suponiendo la dilapidación del sistema de Formación Profesional para el Empleo y la primacía de los intereses mercantilistas frente a los meramente formativos, de cualificación y recualificación de trabajadores y trabajadoras.