DETRÁS DE LA OPERACIÓN ESTÁ UNA ENTIDAD denominada Sociedad Civil por el Debate, que agrupa a asociaciones del ámbito profesional y social, “personalidades de reconocido prestigio” de diferentes ámbitos, colegios profesionales, fundaciones… y, cómo no, el inefable José Antonio Marina. Los promotores de la iniciativa han convocado en el parlamento a los partidos políticos para invitarles a firmar dicha hoja de ruta, que contiene las líneas básicas sobre las que articular un pacto educativo.
Más allá de lo peculiar del método, lo primero que llama la atención es que se ignore a los miembros de la comunidad educativa. En ningún momento del proceso que ha llevado a la elaboración del documento se ha contado con representantes del profesorado, ni de las familias, ni del alumnado. Se vuelven a repetir viejos vicios: nos van a arreglar la educación sin contar con los que trabajamos por mejorarla día a día, y sin tomar en consideración a los sujetos del derecho a la educación. Hacen bueno el viejo principio del despotismo ilustrado: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Más de lo mismo. El señor Marina y quienes le avalan en este propósito hacen tabla rasa de todo ello y se erigen a sí mismos en sus legítimos representantes: todo para la educación, pero sin la educación. Confiemos en que los partidos políticos no den pábulo a semejante despropósito, ni reconozcan como interlocutores a quienes no se sabe a qué ni a quién representan.
El asunto empeora si leemos el contenido del documento. Para empezar se pretende que los partidos suscriban la hoja de ruta antes de las elecciones, lo que visto a la luz de lo que se propone a continuación es una hipoteca para los partidos de la izquierda. Se argumenta que la derogación de la LOMCE nos llevaría de nuevo a la LOE, que es una ley socialista, lo que sería rechazado por el PP y se reanudaría “la pugna partidista”. Por ello quieren comprometer a los partidos políticos a mantener la LOMCE en vigor -¡como si esta ley no fuera partidista!-, hasta tener un nuevo consenso que lleve a una nueva ley orgánica, mientras la LOMCE sigue haciendo estragos en el sistema educativo.
Establecida esta premisa, vienen enseguida las prevenciones. Particularmente en lo que atañe a la relación entre calidad y equidad y entre derecho a la educación y libertad de enseñanza. No hay contradicción entre calidad y equidad. Son dos caras de la misma moneda. No hay calidad sin equidad y, a la vez, queremos que la equidad sirva para garantizar mayor calidad para todos. Y tampoco la hay entre derecho a la educación y libertad de enseñanza. Ambos principios están garantizados en el artículo 27 de la constitución. Otra cosa es confundir la libertad de enseñanza, entendida como el derecho a la creación de centros docentes, con la libertad de elección de centro que no está recogida en la constitución y que es la bandera que agitan los que quieren mercantilizar y privatizar la educación.
Nada se dice de los/las trabajadores/as del sistema educativo, de la recuperación de sus derechos, del empleo y de las condiciones laborales perdidas… Tampoco se alude a la reversión de los recortes como elemento clave para la recuperación de la calidad y de la equidad. No hay ningún compromiso concreto para mejorar la financiación del sistema educativo, no se menciona a la educación superior…
Mientras tanto, en Valencia la derecha se arma para no perder el terreno ganado en los años de gobierno del PP. Y lo hace contra una mayoría política y social que solo pretende hacer valer “la programación general de la enseñanza” recogida en la Constitución, y que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan las mismas responsabilidades y obligaciones a la hora de garantizar el derecho a la educación. Lo que allí suceda será de gran importancia para el futuro.
Así las cosas, lo peor que nos puede deparar el 26J es otro gobierno de la derecha.
