El deterioro de la calidad de los servicios públicos básicos y de las prestaciones sociales es una realidad sufrida por la mayoría de la población, porque la austeridad afectó a prácticamente todas las actividades del sector público.
En el año 2009, se produjo un déficit en las administraciones públicas de en torno al 11% del PIB, debido a una caída brutal de los ingresos por la situación crisis, agravada, además, por el proceso de desfiscalización aplicada por los diferentes gobiernos desde 1994.
La respuesta inmediata por parte de los gobiernos a este grave desequilibrio es principalmente la reducción del gasto en la gran mayoría de los servicios públicos y en las prestaciones sociales.
El hecho de que algunas partidas de gasto hayan aumentado mucho (pensiones, intereses de la deuda y gasto energético), provoca una distorsión de la realidad, disimulando el recorte real del gasto, que es muy llamativa en los capítulos de inversión (infraestructuras, dotaciones en los servicios públicos y en I+D) y remuneración del personal al servicio de las administraciones públicas (devaluación salarial y menor número de personas trabajando en el sector público), lo que recorta el gasto, pero, eso sí, a costa del deterioro de los servicios públicos.
Fundamentalmente la reducción se produce en tres grandes sectores que conforman el estado del bienestar: los servicios públicos básicos, las prestaciones de la protección social y las políticas sociales
En el primer grupo se produce un grave retroceso en el gasto educativo que sufre un recorte de 7.394 millones de euros, equivalentes al 14,9 % nominal y al 23,7 % en valores reales, al tener en cuenta el IPC acumulado entre 2009 y 2014. En educación se ha dejado de gastar casi 1 de cada 4 euros desde que empezó el ajuste.
Aquí también es el personal quien sufre con mayor dureza las restricciones de gasto porque la remuneración de las personas asalariadas pierde 3.705 millones de euros. En educación se sigue el patrón general del ajuste y, después de los salarios, es la inversión la segunda variable con mayor retroceso: 2.235 millones de euros menos, lo que equivale a un desplome del 70 % en términos reales.
Curiosamente, el ajuste en el gasto educativo apenas ha afectado al sector privado: los conciertos con los colegios privados apenas han caído el 1,2 % en este período.
Por otra parte, más de la mitad del ajuste (6 de cada 10 euros) corresponde a la inversión, clave en la competitividad. Invertir es capitalizar un país en todos los ámbitos, desde las infraestructuras del transporte hasta hospitales o colegios, pasando por el I+D. Reducir la dotación de la inversión hasta colocarla por debajo de determinados umbrales es un ahorro a corto con un enorme coste a largo plazo.
