Precisamente cuando más voces propias y ajenas apuestan porque la educación salga de la contienda política cotidiana, en el País Vasco y como consecuencia del adelanto electoral que Urkullu ha propiciado, ambas (educación y política) vuelven a coincidir. No seré tan negativo de considerarlo un mal presagio porque ni creo conveniente disociar ambas, ni dudo de que PNV, PSE-EE, PP, Bildu, Elkarrekin Podemos y Ciudadanos sean capaces de diseñar sus programas electorales ignorando un sector tan trascendental para la ciudadanía vasca como el educativo.
Sin ser adivino, es seguro que las fuerzas vivas de este país, grandes y pequeñas, con representación parlamentaria o con ganas de acercarse por primera vez a la cámara vasca, repasen los aciertos y fracasos que ha tenido el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, gestionado este cuatrienio por el PNV. Del mismo modo, cada partido político vasco se esforzará en convencer a la ciudadanía de que dispone de propuestas para el futuro educativo de este país.
CCOO Irakaskuntza, que no concurre en este proceso electoral, también lo hará. Por convencimiento ideológico y por nuestra propia identidad sociopolítica. A lo largo de la campaña electoral presentaremos dos documentos que pretenden ocupar el espacio sindical, laboral y sociopolítico que nos corresponde. En el primero, expondremos ante la opinión pública nuestra valoración, el balance de lo que ha supuesto para la comunidad educativa vasca la gestión nacionalista de este periodo. El segundo documento se dirige principalmente a los partidos políticos que concurren, exponiendo las líneas estratégicas que, en nuestra opinión, debe incorporar el partido que salga vencedor de los comicios del 25 de septiembre. En ambos casos nuestra intención es la misma: aportar soluciones a algunas de las cuestiones que hoy tiene sin resolver la educación vasca.
Como es fácil suponer, nuestra valoración no será positiva. Frente al optimismo casi desbordante que rige en las filas peneuvistas persisten problemas, algunos arrastrados de otras legislaturas (desequilibrio flagrante entre las redes pública y concertada en la adopción de alumnado inmigrante, dificultades de adaptación de las TICs en las etapas educativas obligatorias, insuficiente autonomía de centros, escasa colaboración Universidad-Departamento), pero que el equipo gestor actual ha sido incapaz de solucionar. Todos los problemas citados resisten, algunos más acuciantes por el paso del tiempo.
Otros, sin embargo, han sido acuñados por el sello político actual. Entre ellos destacan, por ejemplo, la excesiva oferta de programas, que lleva a la confusión a los propios centros escolares; el mantenimiento de los recortes de las condiciones sociolaborales de las personas que trabajan de la educación; la incapacidad para negociar un nuevo marco de relaciones laborales específicas; la política de hostigamiento hacia el personal monolingüe (que no ha demostrado capacitación lingüística en euskera), o la ambigua planificación del trilingüismo en los centros, objeto más de apoyo ilusionante de ciertos claustros de centros que de impulso continuado de la propia administración.
La red concertada –muy importante en Euskadi, ya que matricula casi al 50% del alumnado– tampoco se ha sentido especialmente acompañada por este Departamento de Educación saliente, sobre todo en lo que afecta al papel de agente activo que los sindicatos deseamos para el Departamento en una futura mesa tripartita (Patronal- sindicatos- administración vasca) y de la que huye como alma en pena. En este ámbito, la Consejería se ha limitado a cumplir su papel de pagador de los salarios concertados, pero con escaso control –pese a nuestras continuas advertencias– sobre esas otras partidas entregadas a las patronales, fuera del foco concertado.
Párrafo aparte merece la actitud contradictoria del Departamento de Educación del Gobierno Vasco ante la LOMCE. A unas declaraciones públicas casi siempre grandilocuentes y efectistas, en clave de oposición frontal a la ley Wert, siguieron meses de incertidumbre que han persistido hasta la actualidad: tardanza en la presentación del recurso de inconstitucionalidad, ambigüedad en la realización de las pruebas de Primaria, retraso flagrante en la publicación de los decretos autonómicos –aún sin aparecer en Boletín Oficial del País Vasco el decreto de Bachillerato– en el curso de inicio de la nueva reválida-selectividad.
Para acabar de elevar el nerviosismo de la comunidad educativa vasca, el Departamento de Educación se ha embarcado en un nuevo proyecto educativo integral, Heziberri 2020 (“nueva educación”, en castellano), que se ha presentado como frente propio a los desmanes propuestos desde la LOMCE, pero que responde, en realidad, a un antiguo deseo nacionalista de hacer una educación propia, exclusiva, diferenciadora de la española y que ha encontrado buenos aliados en Kristau Eskola (patronal concertada religiosa vasca) e Ikastolen Elkartea (federación de ikastolas), compañeros de viaje coyunturales atraídos por la promesa de una distribución más interesada de los recursos económicos disponibles. De momento, y aunque sin tiempo para desarrollar en esta legislatura ya finalizada, el tercer proyecto, una nueva ley educativa vasca, los agentes que representamos a la Escuela Pública Vasca –sindicatos, familias y alumnado–hemos sido las únicas voces discordantes con este Heziberri 2020, que continúa su renqueante camino normativo.
Aunque con frecuencia aparezcan políticos peneuvistas que se regalen los oídos sobre el nivel actual de la educación vasca (cumplidora con los indicadores educativos que marca Europa para el 2020, frentista ante la LOMCE, excelente gestora de los recursos humanos y económicos disponibles y pionera de los avances en Formación Profesional) son cada vez más las voces –la nuestra, la de CCOO Irakaskuntza, entre ellas– las que deseamos otra planificación, otra política educativa y otra relación en la negociación colectiva con la Administración.
De momento, toca esperar a conocer los resultados del 25 de septiembre y ver cómo se conforma el futuro mapa parlamentario vasco. Habrá que confiar, además, en que uno de los motivos que llevaron al lehendakari Urkullu al adelanto electoral en el País Vasco –huir de la perniciosa influencia política española– no se vuelva en contra y tengamos cuanto antes un nuevo gobierno. A desear, más progresista y de izquierdas que el actual.
