Son ya tres largos años de acciones de la FECCOO y de las federaciones de enseñanza territoriales reivindicando nuestro papel como sindicalistas y docentes con el objetivo de tumbar una ley siempre catalogada de injusta, insolidaria, elitista, segregadora y centralizadora.
En este tiempo, y mientras perseveramos en nuestra política anti-LOMCE, el Partido Popular y sus adláteres (que alguien explique si no el papel que está jugando Ciudadanos en este partido) continúan con el juego de la zanahoria y el palo con la ciudadanía. Tan pronto persisten en su objetivo de implantación íntegra de la ley (cómo si no interpretar en tiempo y formas la promulgación del Real Decreto de Reválidas) como ofrecen su vis más dialogante con declaraciones de altos cargos ministeriales en clave de paralización en aras a un hipotético pacto educativo. La intención no se le oculta a nadie: desmontar –o, al menos, contrarrestar- el impacto de las acciones que la comunidad educativa realiza en contra de la LOMCE. En esta ocasión se ha repetido la acción: frenar el alcance mediático de las movilizaciones del 26/O.
El guión popular se ha repetido también en Euskadi. A las críticas continuas sobre la LOMCE, CCOO Irakaskuntza ha añadido las propias con el proyecto educativo que el Gobierno Vaso intenta imponer, Heziberri 2020. El Departamento de Educación pretende ofrecerlo como el antídoto nacionalista a tan rechazable ley española. Por eso lo visten de proyecto participativo (solo ha sido así en parte, y se olvidan de la exclusión a la que nos sometieron en la elaboración del proyecto pedagógico), propio (olvida la inevitable ligazón a las leyes estatales en nuestro estado autonómico) y avanzado (recoge la evaluación por competencias, ya incluido en el Libro Blanco de la Educación de Delors y posteriormente en la propia LOE).
No nos confunden con su argumentación. Seguimos hablando de un proyecto segregador, que solo cuenta en estos momentos con el apoyo de las patronales vascas de la enseñanza, Kristau Eskola (centros religiosos) y Partaide (ikastolas), socios necesitados de revertir en interés propio la actual financiación de la enseñanza en Euskadi. Por eso no es creíble que la consejera de Educación, Cristina Uriarte cuando defienda Heziberri 2020 con el argumento de que cuenta con un amplio respaldo social, olvidando que todos los agentes educativos de la red pública vasca (sindicatos, asociaciones de madres y padres y alumnado) hemos mostrado hasta ahora nuestro rechazo.
En este clima político y educativo afrontamos la jornada del 26 de octubre con un llamamiento extraño. Se hicieron cuatro distintos: el Sindicato de Estudiantes convocando huelga educativa, con notable éxito de participación; el resto, convocando a un paro de una hora y manifestaciones en las tres capitales vascas con llamamientos varios: Steilas y ELA, por un lado; Irakaskuntza y UGT, por otro; EHIGE (Ampas públicas) por el tercero. LAB decidió abstenerse por no secundar ninguna convocatoria que oliese a española.
En esta situación tan sui generis, en Irakaskuntza ha prevalecido siempre el ánimo de sumar, de servir de goma para fortalecer un mensaje único: el rechazo de la comunidad vasca a las políticas educativas de Madrid y Vitoria.
No caeremos en la autocomplacencia por el buen resultado obtenido en nuestra convocatoria; al contrario, sabemos las complicaciones que supone combatir contra las administraciones en un contexto socioeconómico como el actual, lleno de incertidumbres. Por eso seguiremos trabajando dignamente por defender los ideales que nos identifican: ilusión, dedicación, solidaridad y transparencia. En busca de otros “26-O” que, sin duda, habrá que convocar.
