TRAS ALGO MÁS DE CUATRO AÑOS de gestión en un escenario de enorme complejidad, CCOO sigue siendo el primer sindicato en nuestro país. En educación, nos hemos convertido en una organización de referencia que ha defendido la cantidad y calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación de calidad en equidad.
Los recortes
Las comunidades autónomas gobernadas por la derecha han venido aplicando recortes al menos desde 2009, cuando la inversión en educación era el 5,09% del PIB. Durante los últimos años, los recortes han deteriorado las condiciones laborales y retributivas y la cantidad y calidad de los empleos; y han erosionado la igualdad de oportunidades, la equidad y calidad de la enseñanza y el derecho a la educación. Y lo peor es que no han terminado: los Presupuestos Generales del Estado de 2017 reducen el capítulo de Educación hasta el 3,9% del PIB y los compromisos con Bruselas amenazan con recortarlo hasta el 3,7%.
Las contrarreformas educativas: la LOMCE y los Decretos de Universidad
Durante este periodo, el PP ha implantado contrarreformas profundas mediante la LOMCE y tres Reales Decretos sobre educación superior.
La LOMCE impone un modelo educativo selectivo y segregador que mercantiliza el sistema, desregula los procesos de escolarización y utiliza las pruebas externas para orientar la “libertad de elección” de las familias. Asimismo, desprecia a los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza y consolida los recortes. Con la contrarreforma educativa, se impulsa la asignatura de Religión y se produce un retroceso en una educación de valores cívicos, entre otros aspectos dañinos para nuestro sistema educativo.
En el ámbito universitario, tres Reales Decretos han introducido reformas estructurales, dando continuidad a la política de ataque a las universidades públicas. El Decreto de estructura de las enseñanzas devaluó los estudios de grado a favor de los de postgrado y configuró un modelo de universidad más clasista y menos democrático.
El segundo decreto desreguló la instalación de centros de educación superior, al reducir los requisitos mínimos exigibles. Apostó por la privatización facilitando la implantación de más universidades privadas.
El tercero reguló la acreditación del profesorado imponiendo criterios menos objetivos y más discrecionales.
Estas contrarreformas ideológicas han tenido lugar sin debate, a espaldas de las necesidades sociales y vía decreto.
La estrategia sindical
En nuestra lucha hemos combinado iniciativas de perfil propio con otras de marco unitario. Las movilizaciones han ido acompañadas de reclamaciones jurídicas y de estudios en los que hemos argumentado nuestras propuestas alternativas.
- La movilización
La movilización sostenida contra los recortes y las contrarreformas, liderada por CCOO, puso el énfasis en la denuncia y en las propuestas alternativas en la defensa de una educación de calidad con equidad. Esta estrategia se propuso aglutinar el mayor consenso sindical, social y político, combinando diferentes tipos de movilización, incluidas las convocatorias de huelgas generales en el sector educativo.
Durante los últimos cuatro años, hemos llevado a cabo tres huelgas generales educativas (9 de mayo y 24 de octubre de 2013 y 9 de marzo de 2017), una Marcha sobre Madrid y decenas de concentraciones y manifestaciones. Hemos tratado de implicar en las movilizaciones tanto a la Plataforma por la Escuela Pública como a los sindicatos sectoriales con un resultado desigual, pues los sindicatos corporativos plantearon dificultades desde el primer momento, pese a que se vieron abocados a convocar la huelga del 24 de octubre de 2013. Por su parte, el Ministerio de Educación, en un intento de debilitar la movilización, agitó a conveniencia la bandera de la negociación, nunca concretada, del Estatuto Docente. Las huelgas han tenido un impacto notable con niveles de participación importantes en Pública no Universitaria y Universidad. El efecto combinado del paro de profesorado, alumnado y familias ha vaciado la mayoría de los centros educativos, evidenciando el éxito de las convocatorias. Las manifestaciones que han acompañado a las huelgas han escenificado el amplio respaldo social que tiene la protesta educativa, liderada por organizaciones sindicales, de padres y madres, de alumnado…
En el marco de la Plataforma por la Escuela Pública, promovimos una consulta en la que más de un millón de ciudadanos/as mostraron su rechazo a la LOMCE y los recortes. La iniciativa tuvo un importante recorrido mediático y la entrega final de firmas se hizo pocos días antes de la huelga del 24 de octubre de 2013.
El 30 de noviembre de 2013 llevamos a cabo una Marcha sobre Madrid como colofón de la primera etapa de esta lucha. Aprobada la LOMCE, diseñamos una estrategia que definimos como “campaña de resistencia”. Comenzamos a exigir la derogación de la ley y su sustitución por otra basada en el consenso con la comunidad escolar. La propuesta de “Cambiar el rumbo” vino acompañada de la necesidad de “construir alternativas” en cuestiones muy concretas como la participación democrática, la educación en valores o la defensa de la atención a la diversidad, con un amplio repertorio de buenas prácticas y con iniciativas específicas de CCOO en las diferentes comunidades autónomas.
El 29 de octubre de 2015, CCOO celebró una jornada estatal de movilización. En la rueda de prensa de inicio de ese curso, la Federación de Enseñanza había lanzado una propuesta de huelga que, ante el recelo del resto de sindicatos por estar en la recta final de la campaña de elecciones sindicales, finalmente se concretó en movilizaciones descentralizadas en todo el Estado con diferentes formatos. CCOO fue la única organización que se movilizó en el conjunto del Estado el 29 de octubre.
El 24 de marzo de 2015 participamos en una huelga contra los decretos de universidad. El paro contra la nueva estructura de las enseñanzas de grado y postgrado, que contaba con un posicionamiento negativo de la Conferencia de Universidades, tuvo también el respaldo de UGT, CSI-F, CIG Ensino, Sindicato de Estudiantes, Estudiantes en Movimiento y FAEST. La huelga y los paros fueron desiguales; las manifestaciones y concentraciones contaron con una nutrida asistencia de estudiantes de universidad y de Secundaria.
En el marco de la Plataforma por la Escuela Pública, hemos participado en la campaña de movilización contra las reválidas, recortes y contrarreformas educativas. Retomar las movilizaciones unitarias nos ha permitido mantener unida a la comunidad educativa y reducir los intentos de la derecha –PP, Ciudadanos, José Antonio Marina…– por liderar un pacto educativo que sirva para mantener el núcleo de sus políticas.
La salida de la recesión exigía, por otro lado, plantear con fuerza la recuperación de los derechos y condiciones laborales recortados. Las reválidas brindaron una buena oportunidad cuando el PP dio muestras de debilidad. Merecía la pena arrancar esa concesión desde la Plataforma por la Escuela Pública con el liderazgo de CCOO. Fue imposible una convocatoria unitaria con STES y UGT, CEAPA y organizaciones de estudiantes, pero la Plataforma acabó definiendo una campaña de movilizaciones contra las reválidas en que las centrales sindicales apoyábamos la huelga de familias y estudiantes y convocamos manifestaciones conjuntas en todo el Estado contra las reválidas, la derogación de las contrarreformas y la reversión de los recortes.
La repetición de las elecciones generales y la investidura de un nuevo Gobierno del PP en minoría trajeron consigo la propuesta de un Pacto Educativo. En este nuevo escenario, y pese a las reivindicaciones de la oposición, el PP ha planteado la continuidad de sus políticas.
CCOO ha de seguir trabajando con rigor y seriedad, desde la propuesta y la denuncia, la negociación y la movilización, en un contexto incierto en el que el PSOE sigue en crisis, la dinámica parlamentaria es incierta y los compromisos con Bruselas no dejan mucho margen para el optimismo.
Lamentablemente, la apuesta actual por un gran “Pacto Político y Social” en educación vuelve a evidenciar la preeminencia de las dinámicas políticas. La participación de los agentes sociales se limita a su comparecencia en una Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados, que será quien redacte y pacte el documento final. El PP ha emitido sobrados mensajes de su voluntad de no retroceder de los postulados de la LOMCE, y Ciudadanos respalda los compromisos que el PP ha adquirido con Bruselas, abocándonos a nuevos recortes. El PSOE parece apoyar medidas concretas, como el avance en la escolarización 0-3 años o el MIR docente. Por lo tanto, continúa el riesgo de que este posible pacto cronifique los actuales recortes y consolide un modelo educativo segregador, más mercantilizado y privatizado, con pérdida de la democracia escolar y la religión como asignatura evaluable…
Para CCOO, el pacto no puede estar por encima de sus contenidos. En nuestras iniciativas y propuestas para una eventual negociación, pusimos el énfasis en los derechos de los/las trabajadores/as y en las alianzas sociales y sectoriales para garantizar derechos ciudadanos. El pacto sólo será viable si se revierten los recortes y se derogan la LOMCE y los Decretos de Universidad.
- Estudios, publicaciones, jornadas e iniciativas jurídicas
A través de los diversos estudios hemos alertado de las consecuencias de los recortes y las contrarreformas. Han servido para visibilizar ante el sector todos los problemas ya señalados y cómo la crisis ha sido una excusa para atacar lo público. Destacamos los siguientes: “Crisis económica y financiación educativa: evolución de la inversión 2009/2013”; “Los precios de las matrículas universitarias, becas, ayudas y beneficios fiscales en Europa. La evolución de los precios públicos del SUE entre 2011 y 2016”; “Impacto de la LOMCE y otras medidas en las condiciones laborales del profesorado”, y otros muchos en los que hemos denunciado la pérdida de puestos de trabajo y que nos han servido para impulsar diversas campañas de acción sindical.
Por otro lado, en un contexto marcado por la quiebra del diálogo con las administraciones, la estrategia jurídica ha devenido en una forma de continuar la acción sindical. Hemos instado a la oficina del Defensor del Pueblo a promover la cuestión de constitucionalidad contra la LOMCE; hemos recurrido esta Ley ante la Comisión Europea y ante el Tribunal de Estrasburgo; hemos recurrido los principales desarrollos normativos, el decreto de becas, el que regula el acceso a la universidad. Y hemos publicado el libro “La praxis docente, preguntas y respuestas” para que sean mejor conocidos los derechos de los/las trabajadores/as de la enseñanza.
Las propuestas de CCOO para resolver los problemas han ido acompañadas de distintas campañas, jornadas y publicaciones:
El Libro Verde de la Educación nos sirvió para identificar los problemas educativos existentes y analizar críticamente la LOMCE, confrontándola con nuestras propuestas.
La campaña “La Educación que Queremos” situó los ejes de nuestra propuesta educativa. Coincidió con la precampaña de las elecciones sindicales, en la que se trataron de canalizar las propuestas del sector y hacer más visible a CCOO como vector de participación en una alternativa.
La campaña “Somos como somos” enmarcó el compromiso de trabajar contra la LOMCE y su lógica homogeneizadora, contraria a la diversidad, favorecedora de un alumnado sumiso, acrítico, manipulable y clasificable.
Las jornadas sobre “Atención a la diversidad y calidad educativa” pusieron de manifiesto que, cuando se abandona la atención a la diversidad, se quiebra la equidad; las diferencias se convierten en desigualdades; la diversidad aparece como un factor excluyente y se debilita el derecho a la educación. Los recortes, la pérdida de empleo y el empeoramiento de las condiciones laborales dificultan la atención a la diversidad. Igual sucede con la disminución de comedores escolares, becas de comedor y rutas de transporte escolar.
Materiales sobre las evaluaciones de la LOMCE elaborados con motivo de la prueba de 3º de Primaria.
“Propuestas para el cambio educativo”, un documento que, coincidiendo con la campaña de las elecciones políticas del 20 de diciembre de 2015, aboga por un cambio de modelo que pasa por la derogación de la LOMCE y los decretos de universidad. Planteaba como criterios de prioridad la necesidad de asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la educación y situar a los/as trabajadores/as del sistema educativo y sus condiciones laborales como garantía de calidad y equidad.
- Negociaciones
Pese al predominio de la confrontación frente al diálogo que ha presidido estos años, la situación de crecimiento de la economía ha posibilitado que Gobierno y sindicatos hayan alcanzado un compromiso que implica una Oferta de Empleo Público del 100% de la tasa de reposición del profesorado para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, más las plazas necesarias para reducir el porcentaje de interinidad del 23 al 8%. En el sector educativo esta oferta global podría superar las 132.000 plazas.
Además, aunque compleja, la negociación con las patronales del sector no ha perdido continuidad. En los últimos dos años, hemos firmado convenios y revisiones salariales que nos permiten mantener el poder adquisitivo y, en algunos casos, comenzar a recuperar parte de lo perdido.
Por su parte, el Estatuto Docente ha sido “el Guadiana”. Ha aparecido y desaparecido a conveniencia del Ministerio, que carecía de interés y medios para ponerlo en marcha. En cualquier caso, los planteamientos de Educación iban en la dirección de hacer un Estatuto coherente con la LOMCE.
En 2015, el Ministerio de Educación encargó a José Antonio Marina un “Libro Blanco del Profesorado” que sirviera para un futuro Estatuto Docente. Proponía un cuerpo de directores con capacidad sobre el nombramiento de docentes; evaluaciones periódicas y sistemáticas del profesorado como parte de su carrera profesional; incentivos a la excelencia en función de resultados del alumnado; un modelo MIR equívoco para selección y formación del profesorado; y una carrera profesional con varios itinerarios y grados, que vinculaba parte de las retribuciones a la “excelencia en el desempeño”. Era el ejemplo perfecto de cómo abordar el debate del profesorado sin el profesorado. Con despótico cinismo, situaba al profesorado en el centro de los problemas educativos.
Identificada la propuesta de Marina con las ideologizadas contrarreformas educativas del PP, advertimos que el debate sobre el profesorado había venido para quedarse y que, desde CCOO, reclamamos este asunto como propio de las negociaciones de los sindicatos representativos, y no de los Colegios de Licenciados, como planteaba el autor del Libro Blanco.
Organización interna y relaciones institucionales
Dentro de la Confederación de CCOO, hemos defendido que los trabajadores y las trabajadoras que desempeñan su tarea en un centro educativo deben quedar englobados en la Federación de Enseñanza. De ocho sectores fronterizos en litigio, se nos adscribieron directamente cuatro (los centros especiales de empleo, los centros de menores no gestionados directamente por las administraciones públicas con personal funcionario, el sector de Discapacidad y el de Ocio Educativo), quedando los restantes pendientes sin que ninguno haya sido adscrito a otra organización.
Por otro lado, la FECCOO ha participado en el debate “Repensar el sindicato” con el objetivo de mejorar nuestra estructura y práctica diaria para seguir siendo útiles a las trabajadoras y trabajadores y a la sociedad.
Desde el punto de vista institucional, hemos mantenido relaciones fluidas y permanentes con los partidos políticos y con los grupos parlamentarios, a los que hemos hecho llegar nuestras propuestas y estudios. Con todos hemos mantenido reuniones periódicas (más intensas con PSOE, Podemos e Izquierda Unida). Este trabajo cristalizó en 2013 en un declaración conjunta de la mayoría de las organizaciones políticas del Parlamento (PSOE, Izquierda Plural, CIU, PNV, ERC, CC, Nueva Canaria, Comprimís, Geroa Bai) y de las organizaciones sociales del ámbito educativo (CCOO, UGT, STES, CEAPA), pidiendo la retirada del proyecto de LOMCE y la apertura de un proceso de negociación y diálogo real con el Ministerio de Educación. El documento que recogió esta iniciativa, denominado “Diez razones para rechazar la LOMCE”, puso de manifiesto el aislamiento social y político del Gobierno.
Asimismo, hemos participado de manera activa en el Consejo Escolar del Estado y hemos mantenido relaciones fluidas con las organizaciones patronales de la enseñanza privada, con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y con el conjunto de organizaciones de la comunidad educativa, con quien hemos compartido la lucha contra las políticas educativas del PP.
