Esos datos debieran estar a disposición de todas las comunidades de forma transparente. Y haber sido objeto de análisis por las administraciones educativas, sirviendo de base a sus decisiones. Algunos ejemplos incluso son contradictorios:
Extremadura y Cataluña han vuelto a los exámenes de septiembre después de suprimirlos. Desde esta última comunidad se argumenta que la tasa de repetidores ha bajado con los exámenes de septiembre. En la ESO se pasó del 9 % en el curso 2009/2010, al 6 % en el curso 2014/2015.
Madrid, que suprime este curso el examen de septiembre, argumenta que el 59% de los estudiantes de Bachillerato y el 49% de los de la ESO no aprobó ninguna asignatura en los exámenes de septiembre. El caso de Madrid es significativo. En esta comunidad autónoma, la Federación Regional de Enseñanza de CCOO presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la orden en la que se suprimía la convocatoria de septiembre. Argumentaban, con razón, que un cambio en este sentido corresponde hacerlo desde las órdenes que regulan la evaluación; que los centros educativos madrileños no disponen de medios suficientes para lograr recuperar alumnado en 15 días; que la recuperación en junio no tiene sentido como medida aislada, sino en el marco de una evaluación continua apoyada en una planificación de refuerzos, desdobles, distintos apoyos, etc. Para CCOO, ni las plantillas ni los recursos materiales existentes hacen viable esta propuesta.
País Valencià, por su parte, constató que apenas el 9 % de los examinados en septiembre superaba las pruebas, aunque asegura que los resultados de junio no arrojan diferencias significativas.
Navarra, según datos del presidente de la Federación de Asociaciones de Directores de Centros Educativos Públicos y director del IES Navarro Villoslada de Pamplona, considera que “septiembre servía de muy poco”. “En 1º de la ESO, solo el 17 % aprobaban; este año, que se ha hecho en junio, fueron el 35 %”. El presidente de la Federación también indica que “el contrato de muchos profesores interinos suelen vencer antes de la celebración de los exámenes de septiembre, por lo que son evaluados por profesores que no conocen”.
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Madrid y País Valenciano eliminan en este curso la prueba de septiembre.
En la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) no ha habido un debate sobre la supresión o no del examen de septiembre, pero si nos orientamos por la ponencia del 12º Congreso y los documentos elaborados en los últimos ocho años sobre temas que directa o indirectamente tienen que ver con esto, podemos llegar a algunas conclusiones.
Hay razones que nos indican que la prueba de septiembre choca contra la propia lógica del actual sistema:
- El alumnado que supera en septiembre las áreas o materias pendientes de recuperación es escaso.
- Si la tendencia en la mayoría de las comunidades es empezar antes el curso, la eliminación de las pruebas de septiembre permitiría implementar esta medida.
- El propio calendario de las universidades, que pretenden empezar el curso antes, lo que implica la necesidad de eliminar las EBAU de septiembre o adelantarlas. Esto chocaría con el propio calendario de pruebas extraordinarias de los institutos.
- En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, el carácter de evaluación continua que tiene esta etapa educativa contradice la convocatoria de los exámenes de septiembre.
- Si nos guiamos por el punto cuarto, el problema se reducía a la etapa de Bachillerato. Se podría hacer una convocatoria extraordinaria de recuperación a finales de junio en el caso del primer curso de Bachillerato o antes para el segundo curso (normalmente segundo termina en mayo). Y hay razones de carácter social y pedagógico que tienen que ver con la construcción de un sistema educativo más racional y acorde con las necesidades del alumnado:
- La mayoría de los problemas que se plantean en el subsistema escolar, con repercusiones en los subsistemas familiar y sociocultural, tienen su origen en las normas generales de aplicación a todos y todas por igual, que no tienen en cuenta las realidades sociales, culturales y de aprendizaje de cada persona.
- El examen de septiembre, como los de junio y los trimestrales, es otra prueba más puntual, inútil, que solo mide lo adquirido de un currículo enlatado, pero no lo aprendido. Es una prueba que no tiene que ver con una evaluación continua.
- Las investigaciones nos alertan sobre los efectos negativos que producen el origen social y la situación económica de las familias sobre el éxito y el fracaso escolar. El verano acentúa esos efectos ahondando en el hecho de que miles de familias no pueden afrontar ni económica ni culturalmente el apoyo académico a sus hijos e hijas. El alumnado resiste mejor su situación social cuando está arropado por el centro.
- Sería recomendable que, junto a la normativa que suprime los exámenes de septiembre, se fuera desarrollando otra transitoria que incidiera en la organización escolar. Por ejemplo, que establezca la convocatoria a final de junio, dejando al menos una quincena libre para que el alumnado pueda responder con garantías a las clases de refuerzo individualizado que se organicen durante ese tiempo. Es decir, un espacio necesario entre el final de curso y la prueba de recuperación. Asimismo, es necesario mantener y reforzar las plantillas; crear espacios suficientes en el centro para trabajar de manera colectiva para superar las dificultades de aprendizaje; utilizar las tecnologías, aula virtual, tutorización online, etc., para reforzar el aprendizaje y la atención personalizada; mantener e incrementar servicios como bibliotecas, refuerzos, comedor, etc.; y desarrollar políticas sociales complementarias que permitan a las familias más empobrecidas mantener la presencia de sus hijos e hijas en los centros.
- Hay que pasar de la transitoriedad a la calidad. FECCOO debe apostar por que el llamado “examen extraordinario de septiembre” desaparezca, así como la trama de exámenes y pruebas de todo tipo que convierten el proceso de enseñanza y aprendizaje en una carrera de obstáculos y que es una máquina de exclusión social. Debe haber una evaluación continua; aunque haya unas fechas para recuperaciones individualizadas a final de curso, pero no sobre la base de un examen único puesto por el departamento, como fija la norma actual para el examen de junio o para la convocatoria extraordinaria (sea en la fecha que sea).
- Debemos trabajar decididamente por un cambio radical del sistema educativo. Trabajar para cambiar la organización escolar incluye la horaria, haciendo que sea más flexible y participativa; que tenga en cuenta las necesidades de la sociedad en las que se inserta el centro; y también que permita la mejor organización del mismo. En este contexto, hay que incidir en la necesidad de cambiar la cultura profesional del profesorado e incorporar más y mejores perfiles profesionales de apoyo al colectivo docente, así como entender la evaluación como un proceso continuo donde valoramos el aprendizaje del estudiante, no su habilidad para memorizar contenidos y hacer exámenes puntuales. La evaluación actúa al servicio del saber y del aprendizaje del sujeto que enseña y del sujeto que aprende. Se trata de aprender juntos, aunque no de aprender lo mismo ni de la misma forma ni con la misma finalidad. Y de promover un cambio sustancial en el currículo, que tanto en Primaria como en Secundaria está dominado por un volumen desmesurado de conocimientos, una fuerte jerarquización entre las asignaturas y un desajuste importante entre las aspiraciones individuales, los retos sociales y los objetivos generales de estas etapas. Y, para ello, se ha de contar con la inversión suficiente: sin financiación no hay equidad ni evolución hacia un sistema inclusivo.
