De ello dan testimonio los más de cinco años de movilizaciones, de incomunicación y de enfrentamiento abierto entre la comunidad educativa y el anterior gobierno del PP.
El nuevo gobierno del PSOE debe marcarse una agenda respecto a las urgencias y a las prioridades, en este orden, que se derivan del compromiso adquirido, junto a otros partidos políticos con representación parlamentaria, para la derogación de la LOMCE.
Apremia recuperar aquellos elementos que fundamentan una escuela pública de calidad: el derecho a la educación y la inversión.
Derecho a la educación
La educación es un derecho fundamental y universal que debe ser garantizado por los poderes públicos. Comprende el acceso gratuito al sistema educativo y la compensación cuando se parte de situaciones de desventaja. El derecho a la educación se debe entender como un derecho a lo largo de toda la vida que está indisolublemente unido a la garantía del resto de derechos sociales, económicos, políticos y culturales que conforman el llamado Estado de bienestar y asumiendo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y dignidad” (art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
El derecho trasciende la simple escolarización y, por tanto, su impacto debe extenderse también a otros espacios como el familiar y el sociocultural, a través de políticas sociales que apoyen y complementen las educativas. La inversión marca la fortuna de las políticas educativa y social que hacen posible el derecho a la educación.
Gasto público educativo
El gasto público educativo, entendido como inversión, debe ser suficiente, sostenido y equitativo, por su incalculable caudal de retorno en desarrollo, también económico, convivencia pacífica, cohesión social y justicia, en las sociedades modernas.
Desde CCOO exigimos una financiación de la educación pública que nos sitúe en la media de los países más avanzados de la Unión Europea: un incremento del 6% en una legislatura, trasladando este aumento al gasto por estudiante en todos los territorios, vinculando esa subida a programas y proyectos socialmente debatidos, con objetivos y prioridades que respondan a las necesidades educativas compartidas por toda la sociedad.
Un sistema basado en la equidad como principio, que desarrolle instrumentos y acciones dirigidas a compensar las desigualdades y a garantizar el derecho a una educación de calidad para cualquier persona, implica que una desigualdad de origen no suponga nunca una desigualdad en las oportunidades educativas, porque el retorno exponencial, en términos de progreso, bienestar y cohesión social, es impagable para cualquier país. Sin embargo, cada euro que se ha invertido en implantar una contrarreforma educativa como la LOMCE ha servido para generar exclusión, selectividad, segregación y desigualdad social, y eso, sin duda, es lo más caro de todo para cualquier sociedad.
Vistas las urgencias, a lo largo de este dosier trataremos sobre algunas de las prioridades.
