Más que reformas, se han sucedido contrarreformas que erradicaban cualquier herencia recibida, aunque esta hubiera demostrado su valor. Pero no hay argumentos que sostengan la necesidad de tener permanentemente en obras el sistema educativo. Los países de referencia por sus buenos resultados académicos y por cierta estabilidad y cohesión social han mantenido en el tiempo sus leyes como un marco de actuación, y se han limitado a realizar reformas parciales para adaptar el sistema a los nuevos tiempos.
En España no existe todavía una narrativa común. La disociación que se produce entre la teoría pedagógica (expertos), la práctica educativa (docentes) y la toma de decisiones políticas (gobiernos) provoca que el sistema educativo no esté blindado de los vaivenes políticos y económicos. Por otra parte, existe un enfrentamiento entre modelos, que se remonta a dos siglos, entre la derecha más conservadora, apoyada por los intereses de la jerarquía de la Iglesia Católica, y los sectores más progresistas de la sociedad, originariamente liberales y posteriormente partidos de izquierda y sindicatos de clases.
La política educativa, como un proceso de mejora continuada, exige una lectura más abierta y menos restrictiva que la realizada por la LOMCE del artículo 27 de la Constitución, y del papel que deben jugar los poderes públicos para garantizar a todas las personas unas condiciones básicas, equitativas y dignas en el acceso y permanencia en ella.
La futura ley de educación, LOMLOE, ya aprobada por el Consejo de Ministras y de Ministros, después de la anomalía que ha supuesto la LOMCE –una ley que ni los más veteranos y veteranas del Partido Popular (PP) en el ámbito educativo apoyaban–, debe ser una apuesta de estabilidad y continuidad de las políticas educativas, avaladas por una mayoría parlamentaria amplia y por el conjunto de la comunidad educativa. Seguramente tropezaremos con la derecha española, que aún necesita madurez en la praxis democrática, y sigue considerando al PSOE un “okupa” en el gobierno, de un espacio común, España, que consideran de su propiedad. Pero esto ya lo sabemos. ¿También tropezaremos con nuestros temores a un cambio de paradigma educativo? ¿Reformar para que nada o poco cambie?
Diálogo
Así como la LOMCE se aprobó con los votos únicos y exclusivos del PP, gobernante en ese momento, y la oposición del resto de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y de la comunidad educativa, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos debe hacer el esfuerzo de aprobar una ley de educación con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria y del conjunto de la comunidad educativa: familias, estudiantes, trabajadores y trabajadoras del sector con sus representantes sindicales a la cabeza, y otras organizaciones de peso de la sociedad civil.
El Gobierno tendrá que prestar atención a la negociación y al diálogo abriendo el proyecto de ley a una participación real y efectiva en tres niveles: el territorial, el político y el social (sindicatos y comunidad educativa). Y tendrá que huir de la tentación de pensar que el actual texto de ley es casi intocable.
En la generosidad y en la voluntad política el Gobierno tiene la clave no para hacer “su” ley, sino para construir un texto compartido producto del diálogo y de la negociación que suponga un verdadero cambio de paradigma educativo y que dé esperanzas a millones de niños, niñas y jóvenes y sus familias que hoy no la tienen. Este es el gran reto del ministerio de Educación y Formación Profesional.
Medidas
CCOO entiende que son necesarias medidas que hagan posible un cambio de paradigma para garantizar el éxito educativo.
- Reivindicamos la necesaria estabilidad en las normas educativas a través de un amplio acuerdo social, político y territorial por la educación pública.
- Consideramos necesarias una reforma de la Constitución que sitúe los derechos de la infancia, la universalización de la educación hasta los 18 años y la educación a lo largo de la vida como elementos centrales del artículo 27.
- Proponemos un papel del Estado en materia educativa acorde con más de dos décadas de transferencias a las comunidades autónomas. El Estado debe supervisar y ser el garante de la equidad y la calidad del sistema educativo, no de entorpecer con leyes como la LOMCE su mejor desarrollo. Debe ofrecer oportunidades reales de aprendizaje individual y colectivo, garantizando el derecho a la educación pública. Serían objetivos destacados de este nuevo papel la compensación de las desigualdades territoriales: políticas socioeducativas, becas y ayudas; el hacer extensible al resto de las comunidades soluciones de éxito desarrolladas en algunas de ellas; avanzar en la convergencia europea en materia de educación, e impregnar la normativa educativa con la legislación en materia de género, de derechos humanos, de medio ambiente y sostenibilidad. El sistema educativo debe responder a ese modelo descentralizado para adecuarse mejor a las realidades sociales y culturales de cada comunidad autónoma.
- Proponemos un marco de diálogo entre las diferentes administraciones públicas fundamentado en la solidaridad y en la cooperación, en el respeto a la diversidad social, cultural y de conciencia.
- Consideramos muy importantes la plena incorporación de las administraciones locales (diputaciones, ayuntamientos y mancomunidades) en la gestión y la planificación de la educación. La intervención de estas instituciones en el sector educativo ha aportado valiosas experiencias, sin las cuales se hubiesen quedado sin cubrir aspectos básicos del derecho a la educación.
El acceso a la educación no es garantía de movilidad social ascendente, pero está claro que sin educación no hay mejora social.
