Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo 2.000 millones de personas trabajadoras están en una situación de precariedad y cerca del 60% de ellas no tienen ningún tipo de protección social.
Pobreza laboral
En Europa, un 9,5% de las personas que trabajan por cuenta ajena están catalogadas como pobres, ya que cobran menos del 60% del sueldo medio. En España, esa cifra se eleva hasta el 13% de la población trabajadora, unos 2,5 millones de personas que deben subsistir con unos ingresos inferiores a los 8.400 euros anuales, lo que nos sitúa como el tercer país de la Unión Europea con mayor índice de pobreza laboral, solo por detrás de Grecia y Rumanía. Además, según los datos de la última Encuesta de Población Activa, de los más de 19 millones de personas en activo, casi 3 tienen empleo a tiempo parcial y 4,9 millones tienen contrato temporal. Son, precisamente, la temporalidad y el trabajo parcial, junto a las bajas retribuciones, los grandes lastres que impiden la dignificación de las condiciones laborales de millones de personas trabajadoras y perpetúan la precariedad.
En ese contexto, las recomendaciones de aumento salarial incluidas en el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), firmado el 5 de julio de 2018 por las organizaciones patronales CEOE y CEPYME, y las sindicales CCOO y UGT, consiguieron elevar la subida media pactada en los convenios colectivos por encima del 2,3% en 2019, la más alta de la última década. El acuerdo también prescribía elevar el salario mínimo de convenio a 1.000 euros brutos en 14 pagas antes de 2021.
Esos dos elementos se unen al alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a primeros de 2019 de un 22,3%, al que hay que sumar un incremento del 5,5% en 2020, hasta los 950 euros; y al aumento en 2019 del 2,25% del sueldo de los empleados públicos, más otro 0,25% en julio debido al mejor comportamiento del PIB en 2018, al que hay que añadir un 2% en 2020.
Por una parte, la importante subida del SMI ha permitido que muchas personas trabajadoras con salarios muy devaluados tuvieran incrementos de hasta casi un 28% en los dos últimos años. Estas revisiones para las categorías profesionales que venían percibiendo retribuciones por debajo de los 900 euros mensuales en 2019, han ocasionado también ciertas dificultades en la negociación del resto de categorías, ya que las patronales han intentado utilizar el incremento del SMI como arma para perpetuar situaciones inaceptables, como las congelaciones salariales heredadas de la crisis o las retribuciones insuficientes para personas trabajadoras a las que se les exige una alta profesionalidad y responsabilidad, como ocurre con las educadoras infantiles.
Nuevo SMI
Su discurso catastrofista y apocalíptico, con continuas referencias a la hipotética destrucción de empleo que la medida iba a generar, ha quedado desmentido con los datos que las sucesivas Encuestas de Población Activa han ido arrojando durante el último año. Muy a su pesar, las patronales no han tenido más remedio que aceptar que los salarios más bajos de los sectores más precarizados se actualizasen al nuevo SMI, no sin antes poner toda clase de obstáculos como intentar absorber esas subidas en los complementos de antigüedad o en los extrasalariales.
Por otra parte, el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, firmado en marzo de 2018 por CCOO, suponía el inicio de la reconquista de las condiciones laborales y retributivas en el marco de la función pública, con incidencia directa sobre los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza concertada derivada de los acuerdos de analogía retributiva suscritos por FECCOO en las diferentes autonomías.
Blindar la negociación colectiva con acuerdos trianuales en los ámbitos superiores, al margen de coyunturas económicas, ha supuesto que el inicio de la tan ansiada recuperación del poder adquisitivo llegase a centenares de miles de personas trabajadoras. En el transcurso de la crisis, los salarios sufrieron una fuerte devaluación, con pérdidas superiores al 20% en algunos sectores, consecuencia directa de las políticas de recortes de los sucesivos gobiernos del PSOE y PP, así como de las reformas laborales de 2010 y 2012 que permitieron precarizar el trabajo, generalizando las jornadas parciales en detrimento del trabajo estable y obstaculizando el desarrollo de la negociación colectiva. Así pues, tras años de ajustes y recortes, una parte importante de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada entró en situación de pobreza laboral, en la que, incluso con ocupación, resultaba difícil mantener un nivel de vida digno.
Negociación colectiva
La negociación colectiva en los sectores de la enseñanza privada ha resultado ser también un instrumento esencial y trascendental para empezar a revertir esa situación. La recuperación del poder adquisitivo perdido en estos últimos años y la dignificación de las condiciones laborales guiaron las actuaciones de la Secretaría de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos, no exentas de obstáculos y dificultades.
La resistencia de las organizaciones patronales durante las negociaciones a pactar revisiones salariales que asegurasen la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida, y la interiorización de sus argumentos, en ocasiones mezquinos y ruines, por parte del resto de organizaciones sindicales, han impedido que se obtuvieran avances significativos en algunos sectores muy precarizados. Todavía existe un porcentaje elevado de trabajadores y trabajadoras con subidas muy por debajo de las recomendaciones pactadas en el último AENC: aproximadamente el 20% tiene acordados incrementos que, tras años de congelación salarial, no permiten iniciar la recuperación del poder adquisitivo perdido; un 75% de la población asalariada tiene pactadas subidas que sí lo han permitido y casi un 5% está pendiente de las negociaciones actuales.
La credibilidad del sindicato pasa inexorablemente por mantener la coherencia entre lo que acordamos confederalmente y lo que trasladamos a las mesas de negociación. Y en ese sentido no podemos avalar medidas que no se ajusten a lo pactado en ámbitos superiores.
