En situaciones extremas como la actual, que ponen a prueba los mecanismos de protección social, queda patente cómo los recortes, las privatizaciones, la desregulación y la falta de control público sobre los servicios esenciales y sectores estratégicos han mermado la capacidad de respuesta de las administraciones, y también la falta de coordinación, algo tan necesario para lograr los objetivos, pero tan difícil de conseguir sin voluntad de las partes.
Muchas de las consultas que llegan estos días a CCOO nos remontan a situaciones de vulnerabilidad social previas a esta crisis: personas y familias que llevan meses sin ingresos, con dificultades para pagar el alquiler o para hacer frente a necesidades básicas. También las diferencias en el acceso a la tecnología han aflorado cuando la educación ha pasado a impartirse en línea, siendo penalizadas, una vez más, las familias con menos recursos.
El coronavirus ha señalado también a las personas mayores y en situación de dependencia. Para ellas CCOO ha reclamado insistentemente una estrategia específica para evitar su contagio y el de sus cuidadoras, y lleva años alertando de la infrafinanciación del sistema que, cuando ha irrumpido el virus, todavía no se ha recuperado de los recortes de 2012 y la lista de espera afecta a un 20% de las solicitudes a nivel estatal.
Sería ilógico e irracional salir de esta crisis sin hacer nada al respecto. CCOO lleva años reivindicando una prestación de ingresos mínimos que garantice la cobertura de las necesidades básicas a toda la población. También ha puesto sobre la mesa la iniciativa sindical por el derecho a la vivienda y la campaña Dependencia al 100%. Cuando estalló la alerta sanitaria, CCOO trabajaba en la propuesta para el futuro de los servicios sociales, claves para que los esfuerzos lleguen a quienes más los necesitan.
Todas estas tareas pendientes no pueden esperar más. Esta es una oportunidad para que España y Europa revisen las prioridades y sitúen, de una vez por todas, a las personas en primer lugar.
