EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) HA CAÍDO MÁS DE 17 PUNTOS EN UN SOLO TRIMESTRE y las previsiones más optimistas sobre una rápida recuperación de nuestra economía, que nos podría llevar a un rebote rápido y contundente de los indicadores macroeconómicos para final de año, han sido rotundamente desmentidas por la realidad, que muestra que el proceso será largo y estará muy determinado por la evolución de la pandemia. Para empeorar las cosas, la economía española ha sufrido el impacto de la crisis con más fuerza que otras de la Eurozona, con un importante aumento del desempleo, de la desigualdad y de la exclusión social.
Los servicios públicos están sufriendo importantes tensiones, debilitados por años de políticas neoliberales que recortaron sus recursos materiales y humanos. El sistema educativo, la sanidad, los servicios públicos de empleo, la Seguridad Social, la atención a las dependencias, la Administración de Justicia, los servicios sociales… se han visto desbordados para atender a los requerimientos de la crisis. Solo el esfuerzo de las empleadas y los empleados públicos ha contribuido en buena medida a paliar las deficiencias ocasionadas por años de tijeretazos presupuestarios y abandono.
Reforzar los servicios públicos es fortalecer el colchón social frente a las consecuencias de esta crisis polifacética; es garantizar los derechos que estos aseguran para el conjunto de la ciudadanía, especialmente para quienes están en situación de desventaja social; y es también hacer de los servicios públicos y de la inversión pública una palanca para la recuperación económica y para que esta se lleve a cabo sobre bases más equitativas.
Esto requiere necesariamente priorizar el empleo público, es decir, incrementar significativamente las plantillas, promoviendo el empleo de calidad, estable y con derechos. Y todo ello debe tener su expresión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con recursos suficientes que hagan posibles las políticas necesarias para conseguirlo. Para CCOO, dichos presupuestos son la clave de bóveda para garantizar la recuperación con redistribución y por ello deben apostar por el fortalecimiento de los servicios públicos, la atención a los colectivos más golpeados por la crisis, el cambio de modelo productivo, la transición ecológica y un sistema fiscal más progresivo.
Unos servicios públicos de calidad deben garantizar unas condiciones laborales dignas para sus trabajadores y trabajadoras. Así, desde el Área Pública Confederal seguimos trabajando para asegurar el cumplimiento del I y II acuerdos, especialmente en materia retributiva y de consolidación del empleo, y planteamos la necesidad de acometer la negociación de uno nuevo que favorezca la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, los avances en materia de jornada laboral, la eliminación de la tasa de reposición de efectivos, conciliación, igualdad, carrera profesional, entre otras demandas.
En el ámbito educativo hemos trabajado para conseguir los recursos que permitiesen una vuelta a la presencialidad segura en el nuevo curso. Y, según han acordado las autoridades sanitarias y educativas, esta tiene que ver con ratios, distancias y medidas de limpieza e higiene.
Desde CCOO hemos presionado a las administraciones educativas, tanto en el Estado como en las CC. AA. Hemos denunciado la falta de liderazgo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que se ha limitado a hacer recomendaciones obviando el margen de maniobra y el protagonismo que le habría correspondido tener en esta crisis. Vivimos una situación excepcional. El deseable consenso político no puede convertirse en freno que impida asegurar las condiciones mínimas para una vuelta al cole segura, ni el marco competencial debe ser una coartada para obviar unas condiciones preventivas homologables para el conjunto de la comunidad educativa.
El Estado tiene a su disposición instrumentos legales que permitirían asegurar dichas condiciones: un real decreto ley, amparado en la excepcionalidad de la pandemia, posibilitaría regular para todo el territorio ratios máximas y distancias mínimas, evitando así que los centros se vean convertidos en focos de extensión de la pandemia, viéndonos en la obligación de volver a una educación confinada.
Por lo que se refiere al ámbito territorial, hemos tropezado con unas administraciones que, con muy pocas excepciones, habían teorizado un inicio de curso a coste cero, lo que ha exigido la convocatoria de movilizaciones en autonomías como Madrid, Andalucía, Galicia, Euskadi y Murcia.
Las consecuencias de la pandemia en términos de pérdida de empleo se hacen especialmente visibles en algunos sectores de la enseñanza privada. En el primer ciclo de Educación Infantil ya ha cerrado un 10% de los 5.300 centros existentes y hay un riesgo real de que no puedan abrir alrededor de un 20% de los restantes, lo que pondría en riesgo aproximadamente 6.000 empleos. Algo similar sucede en el sector de Ocio Educativo, donde es imprescindible asegurar las condiciones que permitan mantener comedores y transporte escolar con garantías. La prórroga de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) se convierte en una medida imprescindible para proteger el empleo en estos sectores.
Por eso creemos necesario un proyecto de PGE que asegure el reforzamiento de los servicios públicos y que establezca que una parte significativa de los fondos europeos que lleguen a nuestro país vayan destinados a Educación.
Las consecuencias de la pandemia en términos de pérdida de empleo se hacen especialmente visibles en algunos sectores de la enseñanza privada.
Para CCOO se hace imprescindible la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Inversión Educativa que dote al sistema de medios y recursos suficientes para hacer frente a los retos que nos plantea el Covid-19. Hará falta una cuantiosa cantidad de recursos para la contratación de profesorado y personal de servicios educativos complementarios, para dotar de material tecnológico y de conexión a la red para el alumnado que está sufriendo los efectos de la brecha digital, para reforzar las plataformas tecnológicas que han mostrado su debilidad en esta crisis, para acometer las mejoras necesarias en las infraestructuras de los centros, para atender a las necesidades de la escuela rural y hacer frente a sus múltiples carencias, para acometer un plan de choque de formación de las y los profesionales, y para garantizar la recuperación del empleo en el sector educativo…
Es precisamente en el sector de educación, junto con el de comercio, donde más empleo se está perdiendo si tomamos en consideración los datos oficiales sobre afiliación media a la Seguridad Social de abril. La pérdida de empleo se cifra en 38.340 personas, lo que supone una disminución del 3,89%, que se suman a los 15.255 empleos perdidos en marzo, que supusieron una disminución del 1,52%. Para remarcar la gravedad de la situación, constatamos que en los últimos 10 años solo se había perdido empleo entre los meses de marzo y abril en 2012 y en una cuantía muy reducida (0,12%, frente al 3,89% actual). De nuevo son los sectores socioeducativos y el de Infantil los que más empleo pierden en nuestro ámbito. Unos datos que tienen sesgo de género, ya que el 66% de los contratos celebrados en los últimos meses en el ámbito educativo se realizaron a mujeres. Los datos ponen igualmente de manifiesto la alta precariedad laboral existente con un porcentaje de contratos temporales firmados cercano al 90%.
Todo ello remite a que los poderes públicos deben considerar la educación una prioridad, lo que exigirá el correspondiente reflejo en las políticas presupuestarias
