Es importante subrayar que estas manifestaciones repiten el mismo esquema de las que se hicieron durante la tramitación de la Ley del derecho a la Educación (LODE) en los años 1984 y 1985, y durante la de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2005 y 2006.
En la manifestación celebrada el 18 de noviembre de 1984, Carmen de Alvear, entonces presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) habló en nombre de la Coordinadora pro-libertad de enseñanza ante cientos de miles de manifestantes diciendo que “se impide a los padres elegir libremente el tipo de educación que desean para sus hijos”. En el cartel que anunciaba la manifestación se veía la silueta de una niña pequeña con coletas escribiendo en el encerado: “No a la escuela única”.
El 12 de noviembre de 2005 los obispos y parte de la cúpula del PP asistieron a la multitudinaria manifestación contra la LOE, que impulsaba el Gobierno de Zapatero y que sería aprobada pocos meses después. Pusieron otra vez el grito en el cielo ante la supuesta amenaza a los centros de titularidad privada, a pesar de que tras dos décadas de aplicación de la LODE habían mejorado bastante: tenían muchas más aulas y más sectores concertados.
¿Por qué repiten otra vez los argumentos de la amenaza a la escuela de titularidad privada, cuando la experiencia ya ha demostrado que eran acusaciones falsas? ¿Por qué tergiversan el concepto de libertad?
Lo hacen para conseguir dos objetivos: beneficiar el negocio de los empresarios y condicionar el marco del debate ideológico.
Un informe reciente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) confirma que en torno al 90% de 336 colegios concertados estudiados cobran una cuota media de 255 euros al mes por estudiante. La mitad de esa cantidad era obligatoria para las familias.
José Luis López Lillo publicó una carta al presidente de la Región de Murcia comentando una sentencia firme que condena a un centro por abuso en el cobro de cuotas. Es una reprobación a esa forma de hacer negocio.
El otro gran objetivo de los defensores de la concertada es llevar la confusión al debate educativo difundiendo falsedades. Pretenden evitar que el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, esté en el frontispicio de los debates. Los conservadores no lo niegan, pero hacen lo posible para que este derecho quede en segundo plano. Intentan confundir a la opinión pública con una cortina de mentiras.
Los impulsores saben que el éxito de su empeño está en sembrar dudas. Es algo que descubrieron las empresas tabaqueras en los años 50 del siglo pasado: cuando estudios médicos ya confirmaban que el tabaco favorecía la aparición de cáncer, las empresas productoras acordaron pagar informes que negaban esa evidencia con el objetivo de confundir a la opinión pública.
Hace pocos días un portavoz de la enseñanza concertada negó sin rubor el artículo 27.5 de la Constitución cuando dijo: “No se tiene en cuenta la demanda social, pretenden imponer una planificación previa”. El 27.5 prescribe: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
De igual manera, a lo largo de las últimas décadas aprovecharon esa campaña para poner en primer plano la “libertad de elección de centro”, cuando no debería ser así. La libertad de elección solo es real si previamente se garantiza el derecho de todos y todas a una educación de calidad. Y esa libertad es posible dentro la programación general prevista en la Constitución.
Por tanto, una de las principales tareas de quienes apostamos por el derecho a la educación es combatir las falsedades para contar con una opinión pública bien formada. Tenemos que ser activistas en el sentido que señala Manuel Rivas: “defender el lenguaje, la ecología de las palabras, frente a las fábricas de mentiras”.
