Los y las votantes pudieron optar también por el órgano que, eventualmente, estaría a cargo de redactar esta nueva Carta Magna: una Convención Mixta –conformada en partes iguales por actuales parlamentarios y por ciudadanos electos para esta función– o una Convención Constitucional, compuesta en un 100% por ciudadanos electos y con paridad de género garantizada.
Los resultados fueron contundentes: 78,27% de los votantes se inclinaron por continuar este proceso constituyente y un 78,99% optaron por hacerlo a través de una Convención Constitucional. Estas cifras parecieran reflejar que, a un año de las masivas protestas que se tomaron las calles del país durante el llamado “estallido social chileno”, el ánimo de la ciudadanía sigue siendo el de buscar cambios de fondo al modelo sociopolítico que rige a la sociedad chilena desde los tiempos de la dictadura militar.
Mirado desde una perspectiva educacional, el proceso constituyente chileno tiene dos implicancias importantes. La primera de ellas es la posibilidad de cuestionar un modelo educativo de corte neoliberal y abrir camino a una comprensión distinta del rol de la educación en el Chile contemporáneo.
La ola privatizadora
Desde la década de 1980, el sistema educativo chileno ha dado un giro radical hacia lógicas de mercado, las que se han visto reflejadas en el creciente olvido y deterioro del aparato educativo público. Las reformas implementadas a partir de 1981 no solo permitieron y promovieron el ingreso de proveedores privados al sistema, sino que construyeron un verdadero mercado educacional donde las escuelas públicas y privadas competían –y compiten– por financiamiento público a través de la atracción de estudiantes y sus familias. Esto, sumado a la municipalización de las escuelas estatales –lo que las dejó en peores condiciones para esta “competencia”–, causó un aumento marcado de la matrícula privada en detrimento de la pública: si en 1982 esta última correspondía a un 75,3% y la primera a un 19,6%, para 2010 esos porcentajes habían cambiado a 40,7% y 53,9%, respectivamente.
Posteriores esfuerzos para revertir esta situación han encontrado un obstáculo difícil de franquear en la Constitución vigente. La Carta Magna chilena establece tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza; sin embargo, solo permite que los individuos interpongan un recurso de protección cuando es esta última y no la primera la que se ve afectada. Además de ello, la forma en que este texto define la libertad de enseñanza prioriza el derecho de los sostenedores privados a “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”, incluso por encima del derecho de las familias a elegir centro.
Esta definición constitucional ha sido utilizada numerosas veces para detener proyectos de ley que buscan fortalecer la educación pública respecto a la privada. Peor aún, ha obstaculizado e incluso impedido introducir criterios de equidad e integración al sistema educativo chileno1.
Así, este proceso constituyente abre un campo nuevo para que la ciudadanía chilena pueda discutir el sentido mismo que debe poseer la educación, a la vez que decidir el rol que debe cumplir la escuela pública, ahora sin las trabas que durante años ha impuesto la Constitución vigente.
Educación para la ciudadanía
La segunda implicancia educacional de este proceso constituyente tiene que ver no con la educación con la que permite soñar, sino con aquella que requiere el país para enfrentar este proceso. El sistema educativo chileno de las últimas cuatro décadas, además de mercantilizarse, sufrió también la anulación de su dimensión de formación ciudadana.
Los esfuerzos de la dictadura de Pinochet por erradicar la política del espacio público calaron con profundidad en la escuela chilena, y los intentos posteriores de los gobiernos democráticos por revertir esto, poco pudieron hacer contra una racionalidad instalada a través del currículo, los mecanismos de evaluación estandarizada e incluso de las culturas escolares producidas durante aquellos años. Esto ha provocado que hoy la población chilena deba enfrentar este proceso constituyente careciendo de una educación ciudadana y democrática sólida, lo que permite que las campañas del terror y la confusión –y quienes las promueven– encuentren un terreno fértil capaces de poner en riesgo la propia democracia.
El desafío para los actores estatales y de la sociedad civil que intenten hacerse cargo de esto es enorme, pues proporcionar las condiciones para que esta educación ciudadana se desarrolle deberá ser algo que ocurra como parte íntegra del proceso. Sin embargo, es una tarea fundamental, pues aquí es donde se jugará gran parte de su legitimidad democrática y de un eventual nuevo texto constitucional.
Los resultados del plebiscito chileno del último 25 de octubre son, sin duda, razón de alegría; pero, al mismo tiempo, son un llamado a no bajar los brazos. En democracia, un mandato ciudadano es condición para lograr cambiar el orden sociopolítico existente, pero no asegura que ello ocurra. Del trabajo que durante lo que queda de este proceso realice la ciudadanía chilena –y particularmente sus educadores y educadoras–, dependerá en gran parte que un país más justo, y donde la dignidad se haga costumbre, deje de ser un sueño etéreo y se vuelva una realidad concreta.
1 La obstaculización de proyectos de ley que buscaron que escuelas de excelencia con financiamiento público debieran integrar un porcentaje de estudiantes vulnerables –a partir del argumento de que esto atentaría contra el derecho de los sostenedores a definir su proyecto educativo– es un ejemplo claro.
