Todas, preguntas justificadas, pero todas incompletas si no iban acompañadas de otras similares y también necesarias: ¿Qué demandan los sindicatos al Departamento de Educación? ¿Por qué este no les ha escuchado en dos meses? ¿A qué se debe esta actitud gobernante obstruccionista, de bloqueo negociador? ¿Por qué dictó instrucciones la anterior Consejera sin reunirse con los representantes legales de los más de 40.000 trabajadoras/es de la enseñanza no universitaria de Euskadi? ¿Qué razones se aducen para este apagón en la relación institucional? ¿No deben negociarse, siempre, las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo entre las empresas y el colectivo trabajador? ¿Por qué, de forma ostentosamente insultante la Consejería ha evitado las reuniones con los sindicatos, mientras encontraba tiempo y espacio para el resto de agentes educativos? ¿Acaso estos tiempos de pandemia e intranquilidad generalizada ha dado potestad a alguien para actuar por su cuenta, sin atender las propuestas que garanticen un trabajo digno y lo más seguro posible, para decidir sin ningún sentido colaborador?
Si ambas series de preguntas se expusieron a la vez, es seguro que se habrá entendido el lugar en el que está el conflicto educativo vasco: afirmaciones desde cada ámbito sin puntos de encuentro, proclamas sin que ninguna parte vea solución inmediata; informaciones contradictorias que sólo consiguen enturbiar más la situación. Titulares de prensa que inciden en reforzar las distancias, en vez de buscar elementos comunes.
En un reciente y bienintencionado artículo decía Juan José Álvarez que educar en tiempos de pandemia debe ser un proyecto colectivo, compartido, que impulse a nuestra sociedad hacia horizontes de superación del crítico contexto actual. Nada que objetar, siempre y cuando el nuevo Consejero Bildarratz sea capaz de entender que su Departamento empieza con déficit y lagunas que conviene sellar cuanto antes. Tiene la confianza sindical bajo mínimos históricos y es su responsabilidad invertir la situación.
Sin llegar a definir el momento actual de desmadre educativo, como hace Josep Ramoneda, es cierto que en tiempos de incertidumbre como el actual hay que saber buscar complicidades en todas partes; trabajar con espíritu colaborativo, de modo que se pretenda construir un futuro menos oscuro que el que tenemos por delante. Y ello conlleva una cierta ductilidad en las relaciones, un talante negociador en la Administración educativa que exponga los límites, pero acepte riesgos y asuma su responsabilidad social de la que, hasta ahora, no ha dado apenas señas. Necesitamos un calendario completo de trabajo para negociar que concrete las buenas palabras de un primer encuentro. No podemos seguir en este impasse que enroca el desencuentro. Ni el amplio colectivo de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza ni la sociedad vasca lo entenderían.
Expuesto así el momento, podría dar la impresión de que ambas partes son responsables por igual y que a las dos hay que achacarles escasa voluntad para desatascar el momento. Pero, estaríamos en un error por diversas razones que deben ser enumeradas, a fin de entender en qué lado del tejado se encuentra la pelota en estos momentos:
Uno. Arbitrariedad gubernativa. Sólo desde una actitud de prepotencia, como la manifestada por el Departamento se puede entender la selección realizada a la hora de elegir y excluir agentes educativos con los que negociar, a los que escuchar.
Dos. Improvisación en la gestión de la pandemia. Esta Consejería ha sido de las últimas del Estado en facilitar las instrucciones pertinentes de inicio de curso y lo ha hecho acuciada por la demanda social ante la falta de información en plena expansión pandémica. Transmite la sensación de que el trabajo durante el verano ha sido insuficiente, confiándolo todo a que el curso comenzaría en un escenario 1, de normalidad absoluta.
Tres. Actitud incoherente. El Departamento de Educación utiliza la doble vara de medir: es crítica con las formas en las que recibe documentación de otras instituciones (fue una de las razones para abstenerse en las recomendaciones de la última Conferencia Sectorial, aduciendo que el texto lo habían recibido 12 horas antes de la reunión, sin tiempo para análisis) y condescendiente, cuando se trata de su propia gestión (los sindicatos recibieron el texto con las instrucciones que leyó la exConsejera Uriarte el pasado 28 de agosto, en el mismo instante en que empezaba la videoconferencia, a la vez que los medios de comunicación y la ciudadanía).
Cuatro. Inconsistencia argumentativa. Ofrecer información nueva (posibilidad de contratación de unos mil docentes más, negociar ampliación de personal de limpieza subcontratado, mejorar la conectividad de los centros, nombrar en cada centro un/a responsable COVID…) quedará en meros titulares de prensa si no va acompañada de un desarrollo complementario: el Departamento conoce desde julio las aulas con ratios de alumnado por encima de 20, por lo que no tenía que esperar hasta el comienzo para realizar tal asignación; dispone de bolsas de contratación del personal propio de limpieza a las que no se han dirigido hasta esta última semana; los centros educativos desconocen aún si se les aumentará la capacidad y la velocidad de gestión de datos desde Internet; se han nombrado, en fin, responsables COVID sin ningún crédito horario complementario, que realizarán esa función añadida a las propias, las de cualquier otro/a compañero/a.
