También hemos comprobado que su existencia es una garantía de cohesión social y territorial, y que son especialmente necesarios para proteger los derechos de las personas en situación de desventaja social.
Venimos de una etapa marcada por las políticas de austeridad y los recortes que han debilitado los servicios públicos, reducido y precarizado el empleo público, y puesto en marcha dudosas fórmulas de privatización de servicios esenciales que, en la situación de crisis que vivimos, muestran de forma descarnada sus limitaciones.
Nuestro país se ha caracterizado por una escasa inversión en los servicios públicos. La ampliación y el refuerzo de estos debería ser una pieza fundamental del Plan de Recuperación y Resiliencia.
En primer lugar, porque las políticas de austeridad provocaron su descapitalización e impidieron que se siguieran reforzando, lo que nos ha hecho más vulnerables a la pandemia. En segundo lugar, porque la calidad del sector público es un elemento indisociable del progreso y del desarrollo de un país y un indicador de calidad democrática. Y en tercer lugar, porque en nuestro país el Estado ha venido haciendo dejación de su responsabilidad en la redistribución de la renta a través de los servicios públicos, insuficientemente sostenidos por unas políticas fiscales raquíticas.
La contribución fiscal española está 72.000 millones de euros por debajo de la media de la UE. El sector público está menos desarrollado y peor financiado que el comunitario. El gasto público del conjunto de las administraciones públicas en nuestro país en 2019 (41,9% del PIB) estaba 5,2 puntos por debajo de la media europea (47,1%). En paralelo, los ingresos públicos (39,1% de PIB) se situaron 7,4 puntos por debajo de los de la Eurozona.
La inversión pública en Sanidad es 1,3 puntos del PIB menor que la media europea y en educación, 0,6 puntos. Esto supone que en España invertimos cada año 20.000 millones de euros menos que la media de los países de nuestro entorno en estos dos servicios públicos esenciales.
Por otro lado, algunos gobiernos han aprovechado la crisis para impulsar políticas privatizadoras, apostando por la gestión privada de los servicios públicos. La evidencia empírica nos da argumentos a favor de la gestión pública directa y demuestra que el afán de lucro acaba prestando un peor servicio a mayor coste para el contribuyente y mediante un empleo más precario. El título de un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo en 2018 lo resumía muy bien: Asociaciones público-privadas en la UE: deficiencias generalizadas y beneficios limitados.
El afán de lucro acaba prestando un peor servicio a mayor coste para el contribuyente y mediante un empleo más precario
En el mismo sentido alertaba un informe de la Comisión Nacional de los Mercados en Competencia (2015), que concluía que las licitaciones públicas con el sector privado terminaban teniendo un sobrecoste para la Administración, que cifraba entonces en el 25%.
En el ámbito sanitario, los estudios publicados ponen de manifiesto que la gestión privada de los hospitales es más cara, que se incrementan la mortalidad y la morbilidad, a la vez que avanza la precariedad en el empleo del personal sanitario. El fracaso del modelo Alzira, en el que ha habido que licitar al alza la concesión y entregar a la empresa la atención primaria de la zona para evitar la derivación de pacientes a la atención especializada, es la expresión más palmaria de sus limitaciones. El hospital ha retornado a la gestión pública directa.
Las políticas austericidas han dejado sentir sus efectos también sobre el mercado laboral. Hoy tenemos, en el conjunto de las administraciones públicas, menos empleo, más precario y envejecido. En enero de 2020 había 99.000 empleados públicos menos que en el mismo mes de 2010. El 37,3% de este personal tiene más de 50 años, 8 puntos más que la media de la UE. La tasa de temporalidad alcanzó el 24% en 2020 y hoy, tras las contrataciones para hacer frente a los efectos de la pandemia, se encuentra muy por encima de esa cifra. De las 385.000 plazas publicadas en las diferentes ofertas de empleo público, solo se han ejecutado 59.000. La precariedad es insoportable y hace falta tomar medidas drásticas para reducirla al 8% previsto en los acuerdos firmados. Urge eliminar la tasa de reposición de efectivos, sancionar a las administraciones que abusen de la temporalidad y articular sistemas transitorios de acceso que permitan consolidar el empleo, con seguridad jurídica, y reconociendo de forma sustantiva la experiencia del personal interino y eventual.
Los servicios públicos tienen que jugar un papel central en la reconstrucción del país, ser una palanca para la modernización y un colchón de protección para los sectores más desfavorecidos. Pero, más allá del dinero que venga de Europa, se requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo, que solo se podrá mantener con unas políticas fiscales progresivas que nos equiparen en inversión pública a la media de los países de la Eurozona y con un mayor esfuerzo en la contención del fraude fiscal.
