La situación financiera de las universidades públicas en España

Cuando se inició la crisis económica en 2008, hubo una gran discrepancia en las reacciones de los distintos gobiernos de la Unión Europea (UE) respecto a la educación superior (Figura 1). Los datos de la década 2009-2018 muestran que los países de nuestro entorno, con cuya economía nos asimilamos, incrementaron sustancialmente los fondos públicos destinados a la inversión en las universidades públicas (países nórdicos 23,60%-35,70%, Francia 7%, Holanda 26,80%, Alemania 35,30%) y, sin embargo, la reacción de las autoridades españolas fue reducir su financiación un 21,4%, correspondiendo solo a Irlanda una disminución mayor (22,50%).

Los datos muestran que España no ha optado por invertir en la formación en educación superior de sus ciudadanos, ni siquiera cuando se ha iniciado el ciclo de recuperación económica, y, por tanto, se va distanciando de esa sociedad del conocimiento que preconiza la UE como seña de identidad. Países como Francia o Alemania dedican un 45% más en términos de PIB a su sistema público universitario, mientras que España, desde 2008 hasta 2018, ha disminuido la financiación proveniente de todas las administraciones implicadas, excepto las procedentes del exterior (Figura 2), para las universidades públicas.

La situación de emergencia de la Universidad pública para captar recursos se ha visto agravada por la desinversión en I+D+i en nuestro país durante el mismo periodo. Los datos de la OCDE (Figura 3) muestran claramente que no podemos compararnos con otros países industrializados que se establecen como referencia en transferencia e innovación del conocimiento.

Así, el porcentaje de PIB destinado a la investigación en España en 2018 (1,24%) aún está un 9% por debajo de la inversión realizada en 2009, muy lejos de la media de la OCDE (2,42%) y muy por detrás de los países de la UE cercanos desde el punto de vista económico, como Holanda (2,14%), Francia (2,20%) o Alemania (3,12%). Incluso Italia, a pesar de haber reducido la financiación directa de sus universidades públicas, ha seguido incrementado su inversión en I+D hasta alcanzar el 1,42% de su PIB.

Para completar el escenario de contracción presupuestaria al que han sido sometidas las universidades públicas en España, tenemos que mirar en detalle los datos de la inversión privada desde 2008 a 2018. Su análisis demuestra que la única que se ha incrementado en nuestro país durante este periodo desde el punto de vista privado es aquella que corresponde a las familias, que aumentó hasta el 50,54% en los años más duros de la crisis y que aún sigue siendo del 42,98% en 2018. Es más, las familias están aportando directamente un 14,31% de la financiación global de las universidades y, sin embargo, las empresas solo contribuyen actualmente en un 3,29% y, por supuesto, en cuanto la crisis financiera hizo su aparición, fueron las primeras en disminuir la inversión en los programas/contratos suscritos con las universidades públicas (un promedio del 29,30%).

El examen de las universidades públicas por comunidades autónomas en cuanto a la fuente de financiación principal nos revela que el comportamiento no ha sido heterogéneo (Figura 4), aunque en todas ellas se detecta una disminución de la inversión desde 2008 hasta 2018 en la educación pública superior en relación con el PIB, produciéndose en Madrid el mayor desequilibrio. Excepto Baleares, Cantabria y La Rioja, que incrementaron su subvención, el resto de las CC. AA. optaron por el recorte de la financiación, siendo especialmente grave en Madrid (-19,49%) y en la UNED (-26,35%). El comportamiento de la Administración General del Estado (AGE) ha sido similar, con una rebaja de la inversión que osciló entre el 4,88% del País Vasco y el 69,40% en Aragón. Sin embargo, las universidades han mejorado en general la captación de fondos públicos de programas del extranjero, excepto Galicia y La Rioja, y destacan de modo muy positivo Baleares, Navarra, Euskadi y Cantabria.

En cuanto a la financiación privada, excepto en Cantabria y Galicia, ha aumentado la inversión obligada de las familias usuarias del sistema universitario público por el incremento de los precios en las comunidades autónomas. Catalunya y Madrid (102,48% y 65,67%, respectivamente) son las CC. AA. donde el esfuerzo ha sido mayor para las familias. Resulta ilustrativo comprobar que la inversión privada procedente de empresas o de instituciones sin ánimo de lucro (ISFL) apenas experimentó una subida del 8,26% en La Rioja, y en Murcia mantuvo niveles similares a los de 2008, mientras que descendió en el resto de las autonomías (un 71,56% en Asturias, por ejemplo).

Si analizamos algunos indicadores de financiación en relación con el número de estudiantes matriculados de Grado y Máster Oficial y el Personal Docente e Investigador equivalente a tiempo completo (PDI ETC) en cada universidad, observamos que hay grandes variaciones territoriales desde 2008 a 2018 (Figura 5). El menor esfuerzo de financiación autonómica corresponde a Madrid, UNED, Navarra, Catalunya, Murcia y Andalucía, y entre las comunidades con mayor esfuerzo de inversión se encuentran La Rioja, Castilla y León, Galicia, Euskadi y Cantabria.

La inversión por estudiante matriculado varía entre los 4.896 euros en Madrid y los 9.653 en La Rioja, mientras que respecto al PDI ETC las fluctuaciones se sitúan desde los 73.130 euros de inversión en Aragón o Extremadura, hasta los 103.530 euros en el País Valencià; pero, además, hay que indicar que el esfuerzo autonómico es también muy desigual entre las universidades de una misma comunidad autónoma. Destaca el mínimo esfuerzo por estudiante en el caso de la Universidad Rey Juan Carlos (1.959 euros) y el máximo por PDI ETC de la Universidad Pompeu Fabra (131.923 euros).

Cuando los datos de financiación autonómica se comparan con la eficiencia del sistema en cuanto a estudiantes egresados (Figura 6), se puede observar que, en general, ha habido un aumento desde 2009 hasta 2018 y que solo en La Rioja, Baleares y Cantabria se ha incrementado la financiación por estudiante egresado, mientras que en el resto de las CC. AA. ha habido una disminución. En la UNED (-52,96%), Madrid (-42,71%) y Canarias (-40,91%) se han producido las mayores reducciones.

Para completar la situación de descenso de la financiación que han sufrido las universidades públicas, no se puede obviar lo que ha ocurrido con los ingresos procedentes del capítulo de I+D+i, donde, como hemos señalado, ha habido, en general, una disminución de los recursos disponibles por PDI ETC (Figura 7). Únicamente Canarias (86,82%), Castilla y León (41,84%), País Valencià (15,93%) y la UNED (15,16%) han logrado aumentar la captación de recursos de investigación en 2018 en comparación con 2008. En el resto de CC. AA. se ha producido una pérdida, más acusada en Asturias, Extremadura y Navarra.

En todas las autonomías ha decrecido el número de PDI ETC, hasta un máximo de 18,11% en Euskadi, y a excepción de Andalucía, donde ha habido un tímido incremento (0,82%). En cuanto a los ingresos totales por CC. AA., las cuatro con mayor número de universidades –Andalucía, Catalunya, Madrid y País Valencià–, reúnen el porcentaje más amplio de obtención de recursos de I+D+i, el cual ha ascendido en términos porcentuales globales del 66,68% en 2008 al 68,01% en 2018, siendo País Valencià el único territorio de los cuatro que ha logrado acrecentar la captación de fondos de investigación, pasando del 11,62% al 15,92%.