Bueno, en el ojo del huracán quizá se encuentra ahora, entendiendo el ojo del huracán como un lugar soleado y tranquilo, pero rodeado de tormenta y caos por todos los lados. Porque si bien es cierto que, en el inicio de la pandemia, los temores fueron muy grandes, enormes diría yo, por lo que en ellos podría ocurrir con miles de menores asintomáticos llevando la enfermedad a todos los lados y respetando las normas de seguridad “de aquella manera”, lo cierto es que los centros educativos, los escolares concretamente, han resultado ser entornos relativamente seguros frente a esta enfermedad.
Los trabajadores y trabajadoras de la educación privada, privada concertada, y de la educación no reglada, han vivido esta situación de formas muy diferentes, teniendo en cuenta también que el punto de partida es ya era muy distinto.
La educación no reglada ha sido la gran perjudicada por la situación pandémica. Sobre todo las empresas pequeñas, que son la gran mayoría. El cierre de academias de todo tipo fue inevitable. Los ERTE en este sector en el momento más duro del confinamiento, ofrecieron una tabla de salvación para algunos; pero no pocos, vista la larga evolución de la situación epidémica, han tenido que echar la persiana definitivamente. Siendo un sector de empleo muy precarizado, con una alta tasa de contratación eventual y con jornadas muy reducidas, garantizar la salud laboral y del alumnado en situación de pandemia, se tornó prácticamente imposible para las empresas, y muchas, tristemente, optaron por el cierre. Las que han conseguido reabrir, lo han hecho a costa de una reducción de costes en todos los sentidos y la salud y la prevención de los riesgos laborales de los profesionales del sector ha sido, entre otros, uno de los ahorros más generalizados. A perro flaco, todo son pulgas. La educación no reglada ha mostrado, sin duda ninguna, la cara más amarga de esta pandemia en el sector de la educación.
La situación en las academias grandes, pero sobre todo en los centros escolares privados y privados concertados, sin embargo, ha sido muy diferente. Desde un comienzo, la preocupación por la viabilidad del negocio educativo, el miedo a que se viera perjudicado por culpa de una mala situación sanitaria, puso en marcha todo un mecanismo de prevención que, entre otros, tenía como objetivo proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras de los centros: primero para poder mantener la actividad, puesto que son ellos y ellas los motores de estas empresas educativas privadas; y segundo para poder garantizar una imagen de ejemplaridad y rigor sanitario ante las familias, que no dejan de ser clientes a los que mimar y cuidar en pos de garantizar la continuidad del negocio. La capacidad de educar de forma telemática de estos centros, que ha demostrado ser muy superior a la de la red pública, hizo sumar los primeros puntos a esta red. Sin embargo, no cabe duda que se hizo a costa de que el profesorado tuviera que duplicar esfuerzos, horas de dedicación y de preparación de clases. Ninguna orientación sobre los riesgos laborales que pudieran derivarse de tener que improvisar un puesto de trabajo en el domicilio, ni ergonómicas (cómo disponer un ordenador, altura de la pantalla, colocación de la silla), ni sobre las necesarias pausas, disposición horaria, conciliación familiar (sobre todo con los hijos propios compartiendo tiempos y necesidades de atención y educativas propias) y sobre todo, derecho a la desconexión digital. Nada de nada en un primer momento (y en un segundo y en un tercero en algunos casos). Nuevamente, las carencias empresariales fueron suplidas, ampliamente y con eficacia, por la responsabilidad que estos profesionales de la educación ya han demostrado otras muchas veces. Algunas empresas incluso “sugerían la posibilidad” de se atendiera al alumnado mediante el teletrabajo incluso estando de baja por confinamiento.
Pasado el primer shock pandémico , los centros no perdieron el tiempo para organizar el inicio del curso 2020-2021, que se preveía muy complicado, pues los niños y adolescentes estaban considerados en ese momento como agentes de contagio de primer orden. Se pusieron inmediatamente en marcha los comités de seguridad y salud, la persona responsable COVID, los planes de prevención de riesgos revisados por las mutuas con criterios COVID, y mucha, mucha información y publicidad en los medios de comunicación sobre las medidas de seguridad que se iban a adoptar: distancias entre los pupitres medidas al milímetro, marcaje de itinerarios unidireccionales en escaleras y pasillos, toma de temperatura en entradas y salidas, mascarillas, geles para manos, burbujas incluso en los patios, e incluso desdobles de aulas. Todos estos planes llevados a cabo por el profesorado y el resto de personal trabajador del centro educativo, responsable y eficaz hasta la extenuación, como siempre. Valga el ejemplo de que algunos centros llegaron a dividir un grupo-clase en dos aulas contiguas, teniendo que ser las dos atendidas por el mismo docente.
Afortunadamente, y entendiendo que las medidas adoptadas han resultado, a la postre, eficaces, no han sido los centros escolares los focos de contagio que se temía. La incidencia de los contagios originados en los centros, tanto entre el alumnado como entre el personal trabajador, ha sido marginal, comparado con los que se han originado en otros ámbitos, como en el familiar o el relacionado con el ocio. Tras un primer momento de incertidumbre y miedo, en el que las mutuas volvieron a mostrar su cara más mercantilista, poniendo trabas y dificultades a las bajas por confinamiento obligatorio, a las que solicitaban las personas especialmente vulnerables por patologías previas, e incluso a las que enfermaron; tras ese primer momento, como decía, la situación se ha tornado muy estable y los centros educativos, pese a las dificultades añadidas, han podido desarrollar el curso con una normalidad relativa, sin grandes focos, sin cierres de centros, sin confinamientos masivos y con una incidencia de la enfermedad increíblemente baja para lo que se esperaba.
Es más, la abundancia de recursos, el poderío económico de los centros y también de las familias que envían sus hijos e hijas a ellos han dado como resultado que la brecha entre las redes pública y privada haya quedado más en evidencia que nunca.
También, y sobre todo, en momentos de emergencia sanitaria, debemos ser conscientes de qué es lo que entre todas y todos queremos garantizar. En CCOO Irakaskuntza lo tenemos claro: una educación de calidad para todos y todas, y las mejores condiciones laborales y de salud posibles para todos los trabajadores y trabajadoras del sector educativo.
