El pasado mes de octubre se celebró la V edición del Congreso Internacional Universidad y Discapacidad (CIUD), organizado por la Fundación ONCE y la Universidad de Salamanca, con la colaboración de la Fundación Universia, el Ministerio de Universidades, el Real Patronato de Discapacidad, CRUE, CERMI, OEI, SEGIB y FOAL. Este año tuvo lugar en formato virtual, dadas las circunstancias mundiales de pandemia que vivimos y la gran participación internacional de ponentes, comunicadores y asistentes al Congreso, que, en esta ocasión, procedían de 23 países y superaron los 1.000 participantes.
Como no podía ser de otro modo, este Congreso –que debería haberse celebrado el pasado año y que fue suspendido por las fuertes medidas de precaución adoptadas ante la virulencia del coronavirus–, ha tenido como lema y centro de sus aportaciones la “Transformación digital para una educación inclusiva”; siempre, como es obvio, pensando en el desarrollo y planteamientos universitarios.
De un día para otro se cerraron las instituciones educativas, incluyendo las universitarias, y hubo urgencia en cambiar metodologías, modelos de evaluación, comunicación con el alumnado…, adaptándolas por completo a la modalidad a distancia, experiencia extendida en determinadas universidades, como la UNED, pero no tanto en otras, cuya estructura, equipamiento, plataforma y actualización de su profesorado debió ponerse al día e impedir, así, que los estudiantes perdieran en curso ya avanzado (marzo de 2020). Téngase en cuenta, además, cómo afectó esta situación a las personas con algún tipo de discapacidad matriculadas en cualquiera de las carreras universitarias.
Preocupaciones y compromisos
Bien, pues este V Congreso, atendiendo especialmente a lo regulado en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (artículo 24), al reconocimiento de la UNESCO del derecho a la educación inclusiva de todas las personas sin exclusión alguna y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 10 de la Agenda 2030, que pretenden garantizar el acceso igualitario de todos a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluyendo la enseñanza universitaria, después de las múltiples y valiosas propuestas expuestas por conferenciantes, ponentes y comunicadores en los diferentes espacios del Congreso, animados por coloquios con aportaciones de enorme interés, finalizó con un Manifiesto en el que se resumen las preocupaciones y compromisos por los que hay que continuar trabajando para que los estudiantes con discapacidad disfruten de la igualdad de oportunidades que tienen el resto de sus compañeros. Sin olvidar, por supuesto, su derecho a acceder a los cuerpos de personal docente e investigador.
Hay que añadir, como característica peculiar del Congreso, que se abordó con especial énfasis el papel que la digitalización de la enseñanza está desempeñando en los nuevos enfoques educativos en la Universidad y que han obligado a evolucionar rápidamente los modelos presenciales hacia los híbridos o a distancia, que se mantienen después de la pandemia.
De entre los muchos puntos que se recogen en el Manifiesto final, voy a destacar algunos fundamentales para conseguir esa universidad inclusiva, necesaria para llegar a la sociedad equitativa como finalidad de una educación coherente con los valores sociales que ahora prevalecen.
Inclusión como valor de excelencia
Se hace imprescindible que en los estándares de calidad de las universidades, sellos y certificados se considere la inclusión como valor de excelencia y evaluable mediante distintos indicadores. En este sentido, las agencias regionales, nacionales e internacionales deben tener en cuenta la accesibilidad de los programas formativos y los indicadores de inclusión para su mejor o peor valoración de su quehacer. Igualmente, estas mismas agencias tendrán que incorporar indicadores relativos a la existencia del diseño universal en las enseñanzas universitarias y a las políticas inclusivas de cada universidad.
Ante la inevitable transformación digital universitaria, se considerarán la accesibilidad y el diseño universal de los nuevos instrumentos virtuales de la enseñanza, de manera que no excluyan al alumnado con discapacidad y promuevan la eliminación de la brecha digital existente, puesta de manifiesto con evidencia en la situación de pandemia padecida. Si esto se consigue, la accesibilidad tecnológica, cognitiva y social favorecerán la igualdad de oportunidades de aprendizaje del conjunto del alumnado.
La innovación, las estrategias metodológicas y los modelos evaluadores deberán, también, garantizar la inclusión, colaborando con el resto de componentes curriculares al progreso de todo el alumnado. Corroborando esta afirmación, parece imprescindible tejer redes entre universidades, organizaciones y personas expertas para desarrollar herramientas, sinergias y estrategias comunes que permitan crear conexiones responsables para avanzar en los planteamientos inclusivos y en la potenciación de los ya existentes.
Mujeres, entornos rurales y discapacidad intelectual
No hay que olvidar, como se hace hincapié en la Agenda 2030, la exigencia de realizar acciones positivas para atender a las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad en entornos rurales y las personas con discapacidad intelectual.
Terminamos insistiendo en el derecho de los profesionales con discapacidad a acceder a puestos de profesorado universitario, contando con los apoyos que resulten precisos.
No obstante la presentación de esta síntesis de los acuerdos consensuados, invitamos a los lectores a acceder a la web de la Fundación ONCE, en la que pueden leer el Manifiesto completo, al igual que participar –aunque sea en diferido- del contenido completo del Congreso: https://ciud.fundaciononce.es/es/programa/salas-y-enlaces
En definitiva, el compromiso final es seguir trabajando para cumplir con la Agenda 2030 y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas, sin excluir la Universidad.
