La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, ha recomendado recientemente a la ciudadanía usar el transporte público, teletrabajar y bajar la calefacción. Con esto pretende reducir el consumo energético y las importaciones de combustibles fósiles por parte de nuestro país, a lo cual se suma un plan de ahorro y eficiencia energética que se pondrá en marchar en la Administración General del Estado, lo cual podría también aplicarse al ámbito de la enseñanza en algunos aspectos, como sería lógico y deseable, por ejemplo, en lo relativo a las reuniones de claustro, de consejos escolares, de reuniones de ciclo, de tutorías, etc., que no tienen por qué hacerse de manera presencial y sí en línea.
Pero, en todo caso, debemos hacer algunas consideraciones. En la primera oleada de la COVID-19 las calles de las grandes ciudades se quedaron vacías debido al confinamiento decretado por el Gobierno, al igual que ocurrió en la mayor parte de los países desde finales de marzo de 2020. Esta medida hizo que hubiese que recurrir al teletrabajo en el ámbito educativo para permitir la educación del alumnado que también estaba confinado. La medida, improvisada y puesta en marcha de manera tan veloz como eficaz, demostró algunas bondades y problemas inherentes.
Es cierto que a nivel medioambiental supuso una drástica y considerable reducción de la contaminación atmosférica, ya que alrededor de un 40%-50% de las emisiones proceden del tráfico rodado. El aire empezaba a limpiarse y eso, sin duda, era una buena noticia y demostró que con una reducción contundente de las emisiones de gases de efecto invernadero el aire de las ciudades mejoraba considerablemente en un corto espacio de tiempo, lo cual, indudablemente, redundaba en una mejoría de la salud de la población. Por eso, es una buena alternativa a la hora de luchar contra el cambio climático y favorecer la reducción de los niveles de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera.
En el ámbito educativo, recurrir al teletrabajo solo para determinado tipo de reuniones realmente no supone una reducción de las emisiones de GEI, pero sí que puede resultar interesante para el colectivo docente en algunas circunstancias. La presencialidad en las aulas, esencial para el normal desarrollo personal y educativo del alumnado y para evitar la mayor segregación que supone el teletrabajo docente, lo hace inviable tal y como lo vivimos durante los períodos de confinamiento motivados por la pandemia.
Pero no podemos olvidar que, a pesar de sus indudables beneficios ambientales, genera otro tipo de problemas para la clase trabajadora que recurre a esta modalidad. De entrada, se ha demostrado que genera consecuencias negativas de una manera más intensa entre las mujeres que entre los hombres, por las desigualdades a nivel de género que siguen existiendo en el ámbito doméstico y laboral, y las cuales se agudizan si las personas afectadas tienen menores o personas dependientes que atender.
En general, diferentes estudios demuestran que el teletrabajo supone aumentar la jornada laboral una hora y media respecto al formato presencial. La flexibilización de la jornada laboral se traduce en más sobrecarga horaria y una gran dificultad para conciliar la vida laboral con la familiar al superponerse uno y otro ámbito. Esto debido a la conectividad laboral las 24 horas del día y los 7 días de la semana, la necesidad de respuesta inmediata a las demandas laborales, la inexistente o inadecuada desconexión digital en el marco de una jornada laboral que no está debidamente regulada; además, supone una desconexión con los compañeros y compañeras de trabajo que lleva a un marcado aislamiento del entorno laboral, un mayor agotamiento físico, etc. Si a esto le añadimos que el teletrabajo supone un sobrecoste económico para el trabajador o trabajadora en calefacción o refrigeración, electricidad, agua, etc., vemos que es una alternativa que puede presentar numerosas desventajas para la clase trabajadora si no existe un marco que establezca claramente las regulaciones, derechos, obligaciones y duración de la jornada, derecho de desconexión, conciliación, ayudas para equipamiento, conectividad y todos los aspectos necesarios.
Por lo tanto, desde FECCOO exigimos que si se plantean medidas de este tipo en el ámbito de la enseñanza, se hagan teniendo en cuenta las necesidades educativas y emocionales del alumnado y del profesorado en su conjunto, y se lleven a cabo de manera consensuada con la representación legal del colectivo de trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo.
