Esta ley, pues el Estatuto Docente debe tener rango de ley, tendría que haber sido publicada hace muchos años y ahora deberíamos estar hablando de su revisión; sin embargo, estamos intentando que vea la luz por primera vez. La realidad, el contexto y las expectativas que envuelven este nonato proyecto normativo han cambiado y las propuestas deben ser más ambiciosas que nunca, porque las necesidades del sistema educativo público y de su pieza central, el profesorado, se han ido incrementando y en la actualidad, como ha venido reivindicando CCOO, son de una gran magnitud.
La misma LOMLOE, la actual normativa vigente, establece en su Disposición Adicional Séptima, referida al desarrollo profesional docente:
“A fin de que el sistema educativo pueda afrontar en mejores condiciones los nuevos retos demandados por la sociedad e impulsar el desarrollo de la profesión docente, el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente”.
A esta disposición, que a juicio de CCOO no era suficiente, se unió, en un intento de cumplimiento por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), el documento sobre las 24 medidas de reforma de la profesión docente, cuyo contenido resulta ambiguo y falto de ambición. El citado documento hace especial referencia a lo que se pide al profesorado, pero no a mejorar sus condiciones laborales y profesionales ni a los recursos necesarios para realizar con garantías su labor educativa, en un contexto social cada vez más complicado.
En este mismo sentido, en dicho documento no aparecen algunas cuestiones centrales para el profesorado. Algunas de estas no requerirían necesariamente de una norma con rango de ley, puesto que podrían legislarse inicialmente mediante reales decretos, por ejemplo: la reducción del horario lectivo y el horario de permanencia máximo de cada docente con carácter obligatorio para todas las administraciones; la mejora de las ratios de alumnado por docente, de docentes por grupo y de alumnado por aula; la mejora de la salud laboral docente y la atención a los riesgos asociados, especialmente los psicosociales; la mejora y homologación de las condiciones laborales; la mejora de las condiciones de ingreso y acceso; una concreción de funciones que evitara el exceso de burocracia y una carrera profesional realmente atractiva.
En cualquier caso, el número y la importancia de los temas pendientes hace necesario que todos ellos, los que podrían legislarse sin una ley específica y los que sí que podrían necesitar de ella, se articulen conjuntamente en un proyecto de ley de Estatuto Docente.
Por todo lo que se ha expuesto, y dado que no tenemos aún una propuesta por parte del Ministerio de Educación que marque un punto de partida aceptable para iniciar la urgente y vital negociación del Estatuto Docente, CCOO exige al MEFP que ponga encima de la mesa un documento que marque de manera seria y detallada ese punto de partida para negociar, de forma real y efectiva, el Estatuto Docente, para que el profesorado pueda tener por fin una ley que enmarque su labor profesional.
La negociación sobre un tema tan relevante será, sin duda, complicada, con propuestas, contrapropuestas y, finalmente, si ese proceso es satisfactorio, acuerdos influidos por muchas variables y factores. La complejidad no debe asustarnos y debemos enfrentarlo con valentía y ambición, pero sin perder por ello la rigurosidad. CCOO exige al Gobierno que acepte el reto con estas premisas, pues el sistema educativo público –y su profesorado– lo necesita y lo demanda.
En este contexto, desde CCOO hemos planteado reiteradamente los puntos que, como mínimo, debe contener un Estatuto Docente:
- Disminución de la carga lectiva, reducción del horario de permanencia y mejora de las ratios.
- Subida de nivel y grupo A1 para todos los cuerpos docentes.
- Jubilación anticipada, voluntaria e incentivada para todos/as.
- Regulación específica docente para la mejora de la salud laboral, teniendo en cuenta también los riesgos psicosociales.
- Mejora de la formación inicial.
- Formación permanente y con recursos dentro del horario laboral.
- Carrera profesional atractiva, articulada y bien incentivada.
- Revisión del ingreso y acceso primando los aspectos pedagógicos, con una fase de prácticas con recursos, realmente formativa y bien planificada.
- Concreción de las funciones del profesorado para evitar la acumulación de tareas y el exceso de burocracia.
- Mejora y homologación al alza de las condiciones retributivas y laborales del profesorado, incluyendo también licencias, permisos y acción social.
En los artículos que componen este dosier, vamos a ir desglosando uno a uno estos apartados con las consideraciones que CCOO ha venido planteando a lo largo de estos años, sus razones y argumentos fundamentales.
