En un momento en el que no nos queda claro si volveremos o no a un Gobierno progresista; en el que, desde el relato malintencionado de la derecha, solo se habla de sanchismo, amnistía, autodeterminación, ataque a la constitución y a la democracia…, no se nos debe olvidar que, frente a quienes han anunciado que, si gobiernan, derogarán la mayoría de las reformas que han producido avances sociales y económicos –junto con las mejoras de los derechos colectivos e individuales, y, por tanto, generando un nuevo escenario de recorte de libertades, de destrucción de derechos sociales y laborales, y de regresión en los servicios públicos básicos como la sanidad o la educación…–, apostar por la renovación del Gobierno progresista nos conduciría, sin lugar a duda, a avanzar en la senda de los últimos años, profundizando en una política de conseguir y consolidar nuevos derechos sociales y económicos. Es decir, frente a la involución, más derechos y libertades.
En el ámbito sociolaboral, los involucionistas advierten que modificarán de forma unilateral la reforma laboral y la de pensiones, sin respetar los acuerdos alcanzados en el diálogo social. Frente a este paso atrás, no podemos olvidar que esta legislatura ha estado caracterizada por el gran desarrollo del diálogo social y avances consensuados, que han mejorado las condiciones de vida y trabajo, y han posibilitado una recuperación más justa e inclusiva, tales como la derogación del despido durante la baja por enfermedad, los ERTE, las prestaciones extraordinarias para autónomos y autónomas, el teletrabajo, las reformas de la Seguridad Social, la reforma laboral, medidas para aumentar la igualdad en el trabajo, la regulación de las y los repartidores de las plataformas digitales, la Ley de Empleo, la Ley Formación Profesional, mejoras en la protección por desempleo, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el Acuerdo Marco para una administración del siglo XXI… Por ello, ante la posibilidad de retroceso en el ámbito del diálogo social, debemos recordar su valor constitucional como un instrumento fundamental para profundizar en el Estado social y democrático de derecho para defender los intereses del mundo del trabajo y el Estado del bienestar.
Pues eso, no tengo claro si habrá o no Gobierno progresista, pero recordando los avances conseguidos en estos últimos cuatro años, sí quiero imaginarme, como sindicalista, un futuro en el que, mediante el diálogo y la concertación social, se configuren un conjunto de medidas económicas y sociolaborales que permitan preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares.
