Aunque se han mantenido dos reuniones en los meses de mayo y julio de 2024, en las que analizamos, el Ministerio y los sindicatos representativos, los dos primeros capítulos (disposiciones generales, objeto y ámbito de aplicación, así como los derechos, tanto individuales como colectivos, y deberes), aún no se ha finalizado la negociación ni establecido el texto definitivo. En este inicio de curso académico, el borrador del anteproyecto de ley ha quedado de nuevo relegado en algún cajón ministerial.
El estatuto constituye una gran oportunidad para diseñar la carrera académica del profesorado tanto vertical como horizontal; establecer la jornada de trabajo en 35 horas semanales y el cómputo anual en 1.540 horas; definir y dimensionar las actividades académicas que serán reflejadas en planes de dedicación académicos individualizados, los cuales deben tener algunas características comunes a nivel estatal y no depender exclusivamente de los órganos de gobierno de cada universidad. Además, desde CCOO hemos señalado nuestro desacuerdo con el concepto de intensificación de alguna actividad que podría ser perjudicial para el progreso profesional y nos parece imprescindible que se aborde la modificación de las retribuciones, empezando por la subida de niveles del profesorado universitario, nivel 29 para Titulares de Universidad (TU) y 30 para Catedráticos/as de Universidad (CU), y la actualización de la cuantía de los complementos.
Aunque el borrador asume en su preámbulo el principio de equidad entre mujeres y hombres en el acceso y desarrollo de la carrera profesional del profesorado, necesita el desarrollo explícito de medidas que garanticen la efectividad real de ese principio de equidad no contempladas en la redacción actual.
La implementación del Estatuto del PDI necesitará financiación adicional de las administraciones públicas a las universidades públicas y actualmente parece muy complejo a todos los niveles. En cuanto al Gobierno de España, porque no participa en las reuniones el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública o el Ministerio de Hacienda; y, en lo que respecta a las CC. AA., aún no se ha materializado el Plan Integra, de incorporación de talento docente e investigador a las universidades públicas españolas, que ya fue aprobado por la Conferencia General de Política Universitaria en junio.
Esta realidad de infrafinanciación crónica de las universidades públicas se acompaña de una proliferación desmedida de las universidades privadas que ya suman 41 en el curso académico 2023-2024. Se deteriora el servicio público de educación superior, con una financiación todavía alejada del 1% del PIB, en detrimento de una explosión de la oferta privada.
