A tres meses de final de año, el Gobierno continúa negándose a negociar un nuevo marco de incrementos retributivos para este año y los próximos, amén de otras cuestiones de especial relevancia.
Resulta urgente iniciar la negociación de un nuevo acuerdo en la función pública que garantice el poder adquisitivo de las empleadas y empleados públicos, y que ponga las bases necesarias para acometer los planes de empleo público imprescindibles para, por un lado, asumir el compromiso de mejora de los servicios públicos, acabar con la lacra de la temporalidad, dar estabilidad a las plantillas y evitar cualquiera iniciativa encaminada a su privatización; y, por otro lado, lograr la mejora, incremento y rejuvenecimiento de las plantillas, así como la adaptación y necesario impulso a la formación y cualificación de las y los empleados públicos, ante los imprescindibles procesos de digitalización y modernización de las administraciones públicas que se están produciendo.
Centrándonos solo en la congelación del sueldo, se trata de un menosprecio del Gobierno a más de tres millones de empleados y empleadas públicos. O, peor aún, desprestigian la función pública, dejando en el aire el mensaje perverso de que los empleados y empleadas públicos son unos privilegiados que se quejan sin razón a pesar de tener un salario y un estatus per saecula saeculorum; si bien, estos en tiempos de bonanza han estado siempre por debajo del resto de los sectores, han soportado congelaciones salariales y, a pesar del último acuerdo retributivo, siguen perdiendo nivel adquisitivo.
Desprestigiando a las trabajadoras y trabajadores del sector público se está atacando lo público, y, en definitiva, al Estado del Bienestar, porque es un ataque al corazón del sistema público, como instrumento compensador de desigualdades. El deterioro de lo público es el mayor embate a la igualdad, porque empleadas y empleados públicos son los cuerpos policiales que cuidan de nuestras calles y de la ciudadanía, quienes cuidan de nuestras personas mayores, quienes apagan los incendios, las personas que educan a nuestros hijos e hijas, quienes nos salvan la vida en los hospitales, etc., con sueldos donde una parte significativa no supera el salario mínimo interprofesional.
Frente a esta agresión, habrá una respuesta contundente. Si el Ministerio no nos convoca a la mesa de negociación para hablar de nuestro salario y de construir unos servicios públicos de futuro y acordes a las exigencias de la sociedad, habrá más movilizaciones, que no le quepa la menor duda al ministro Oscar López.
