Las nuevas necesidades de los centros, y por ende del alumnado actual, nos empujan a dar un salto cualitativo en las normativas laborales, convenios colectivos y acuerdos para poder dar solución a esas cuestiones y dar el servicio público educativo de calidad que nos demanda la sociedad.
Es urgente potenciar la solicitud de apertura de las mesas de negociación con las administraciones autonómicas para conseguir un marco propio donde se puedan desarrollar todas las especificidades de nuestro colectivo, como las funciones concretas de cada categoría profesional, la cualificación y formación, así como las condiciones laborales y económicas.
Esta reivindicación que hacemos propia es de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro ámbito educativo, quienes nos piden que consigamos un marco normativo específico para sus condiciones laborales. Es una petición lógica dadas las circunstancias concretas de este colectivo, que tiene unas funciones muy bien diferenciadas respecto a otros.
Desde que se realizaron las transferencias educativas en 1999, en la Comunidad de Madrid el personal laboral de educación está incluido en el convenio colectivo único, que afecta a todo el personal público de todos los ámbitos: educación, servicios sociales, justicia, bomberos e incluso sanitarios, etc.
En este marco general, las reivindicaciones, condiciones, funciones y demás quedan encuadradas en las del resto de ámbitos, sin considerar las específicas del sector, lo que tiene como consecuencia una falta de eficacia, definición y resolución de problemas concretos que afectan al personal educativo.
Por otra parte, la gran cantidad de conflictos que se originan en todos los colectivos profesionales hacen que su gestión y resolución en las mesas paritarias de los convenios y en las de seguimiento del personal funcionario sea muy difícil y complicada, por la variedad de casuísticas que se presentan y que, en la mayoría de los casos, no son comunes.
La falta de una estrategia unificada ha provocado agravios con respecto a las mejoras en los convenios colectivos para las trabajadoras y los trabajadores, siendo, en la mayoría de los casos, el personal de servicios educativos y complementarios, tanto laboral como funcionario, el perjudicado o el menos beneficiado de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva.
Por todo lo expuesto anteriormente, es urgente un cambio en la estrategia. Hay que dar un giro y un salto de calidad en las relaciones laborales, reivindicando una negociación propia y específica para nuestras trabajadoras y trabajadores de la educación para conseguir la modernización y la profesionalización de nuestro sector.
