CRISTINA FACIABEN LACORTE (Barcelona, 1971) acaba de revalidar su cargo al frente de la Secretaría de Internacional, Cooperación y Migraciones de la Confederación Sindical de CCOO (CSCCOO) tras la celebración de su 12º Congreso. Licenciada en Ciencias del Trabajo y Diplomada en Relaciones Laborales por la Universitat Pompeu Fabra, su vinculación con este sindicato se remonta a 1996, cuando comenzó a compaginar su trabajo en una oficina de ingeniería y estudios con las labores de asesora laboral en la Federación Minerometalúrgica de CCOO de Catalunya.
Repite en la nueva Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, y lo hace con la misma responsabilidad, aunque ahora ampliada. ¿Por qué el sindicato ha decidido añadir la coletilla de “Migraciones” a su cargo como secretaria de Internacional y Cooperación?
Las migraciones tienen que ver más con cuestiones geopolíticas que con aspectos nacionales relacionados con el empleo, como se las ha considerado tradicionalmente. De ahí su integración dentro de la Secretaría de Internacional y Cooperación. La decisión de migrar está directamente relacionada con la situación de los países de origen y las políticas de los países que recepcionan esta migración. Por lo tanto, debe tener una visión de carácter internacional ligada a la política internacional, sin menoscabo, claro, de que se sigan gestionando los aspectos de tipo interno.
Hablemos de migraciones. En un mundo sacudido por la COVID, en el que las brechas sociales y económicas se acentúan cada vez más, y los conflictos bélicos, las persecuciones, las violaciones de derechos humanos y los desastres naturales se cuentan a cientos, ¿cuál es la situación mundial de las personas desplazadas forzosamente, incluso a riesgo de perder su vida?
El fenómeno migratorio es un fenómeno al alza por muy diversas cuestiones que empujan a millones de personas a abandonar sus hogares. Hablamos de motivos económicos, que llevan a buscar oportunidades de vida en otros países, pero también de la movilidad forzosa que provocan las catástrofes naturales y climáticas, y de otros movimientos relacionados con peticiones de asilo y refugio que tienen su origen en conflictos bélicos o persecuciones políticas, entre otras causas, con grave riesgo para la vida. Según Naciones Unidas, unas 281 millones de personas, lo que representa el 3,6% de la población mundial, residen fuera de sus países de origen.
¿Cómo ha afectado la pandemia a los flujos migratorios?
Aunque durante los momentos más duros de confinamiento se redujeron algo, la pandemia ha aumentado claramente el número de movimientos migratorios porque se han multiplicado también las causas que los impulsan. Numéricamente no estamos en el peor momento de la historia, porque ha habido periodos en los que las migraciones hacia Europa han sido más intensas, pero sí que es cierto que se están recrudeciendo y empeorando las condiciones en que se producen, sobre todo en el Mediterráneo, donde miles de personas pierden la vida, con el agravante de que existen mafias y redes de delincuencia ligadas a la migración y ha crecido el abuso que sufren las personas migrantes, a las que prácticamente se las ha despojado de los derechos humanos, haciendo que sobrevivan en las condiciones más mínimas. Por lo tanto, desde el punto de vista de los derechos humanos, nos encontramos en el peor momento de la historia para las personas migrantes. Con la pandemia, se ha limitado todavía más la democracia, la libertad y la justicia. Si no se produce un cambio muy radical de modelo social en muchos países del mundo, esta situación va a ir a peor, especialmente porque se va a ver agravada por las emergencias climáticas que estamos viviendo.
“La educación es fundamental para romper falsos mitos y generar una conciencia crítica sobre derechos humanos”
La meta 10.7 de la Agenda 2030 habla de “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras y responsables de las personas”. ¿Qué hace falta para que lo que parece una quimera se convierta en una realidad?
Básicamente hace falta una voluntad política de que esto sea así, de que los flujos migratorios sean considerados desde el punto de vista de los derechos de las personas que están emigrando y no solamente como un problema que pone en riesgo la seguridad y que, por tanto, debe regularse y controlarse. El gran error es no partir del respeto a los derechos humanos y centrar el foco exclusivamente en la necesidad de proteger las fronteras y vigilar a las personas que migran, poniendo trabas a su movilidad, en lugar de establecer vías seguras para quienes no pueden seguir viviendo en sus países de origen y necesitan buscar una salida. Es en este sentido en el que es necesario regular: asegurar esas vías y ordenar los movimientos. El Pacto Mundial de Migraciones debería seguir esa línea. Desgraciadamente, no ha habido la voluntad política necesaria y los países receptores de migraciones se mantienen en una clave egoísta y proteccionista.
En su Informe 2021, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señala que “la reducción de las consecuencias del cambio climático y la degradación medioambiental, ayudaría a minorar los movimientos forzados de población por estas causas”. ¿Qué peso ha tenido este argumento en los debates de la reciente Conferencia de Clima celebrada en Glasgow?
Más bien poco. Comparto absolutamente la afirmación que hace CEAR. La crisis medioambiental y climática es uno de factores que está provocando más migraciones. Estamos asistiendo, por ejemplo, a sequías nunca vistas que ponen en riesgo la subsistencia de miles y miles de personas que ven cómo el campo deja de ser una opción de vida. Lo mismo sucede con los mares, en los que cada vez hay menos pesca, lo que pone en jaque los medios de sustento de miles de familias. Esta crisis generará cada vez más personas desplazadas. La COP26 debería haber tenido en cuenta este aspecto como uno de los centros del debate, pero no ha sido así. Y no ha sido así porque existe una especie de negacionismo, sobre todo de los países más ricos, respecto de la degradación medioambiental y el cambio climático. Se da la coincidencia de que estos países más ricos, que además son receptores de migraciones que ellos mismo han provocado, no están dispuestos a modificar su forma de producir y crecer porque les importa relativamente poco estar contaminando y contribuyendo a la crisis climática. No se piensa que los países receptores de flujos migratorios están generando más migraciones con su actividad contaminante.
¿Qué soluciones concretas propone el sindicato a nivel global para lograr el cumplimiento del derecho de asilo y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes?
Se trata de un problema muy complejo para que el que no sirven soluciones simples. No hay varitas mágicas para resolver esta problemática tan diversa y variada. No es lo mismo quien huye por causas climáticas que quien lo hace por motivos políticos, étnicos, religiosos, etc. El marco internacional que establece la Convención de Ginebra de 1951 y el protocolo que la desarrolla, de Nueva York de 1967, deberían en todo caso ser respetados, de manera que se proteja a todas aquellas personas que se ven en la necesidad de huir de sus países de origen para salvar sus vidas. El Pacto Mundial de Naciones Unidas para una Migración Segura, Ordenada y Regular constituye también una hoja de ruta mínima que debe marcar el camino para una regulación internacional centrada en la protección de las personas que buscan refugio en el mundo.
¿Y el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea? ¿Podría mejorar la situación?
La Unión Europea ha ido configurando a lo largo del tiempo un ideario colectivo para hacer percibir las migraciones como algo peligroso al margen de su tipología. Ha primado el discurso securitario y una praxis policial que para nada contribuye a una gestión eficiente. Estamos en una unión de estados, por lo tanto, debería existir una política sobre migración y refugio común y única para los 27 países que formamos la Unión Europea. Lamentablemente se ha asumida ese ideario y se utilizan a las personas migrantes como mecanismos de presión. Ahora lo está haciendo Bielorrusia, pero antes lo hicieron Turquía y Marruecos, por ejemplo. Las 4.000 personas que actualmente están en la frontera polaca no pueden poner en jaque a Polonia, que ha movilizado a más de 20.000 soldados y que incluso ha declarado el estado de excepción en la zona. Y tampoco pueden presionar a toda la Unión Europea. Está claro que la UE está incurriendo en una grave incoherencia. Se está frustrando la intención de que estas personas mejoren su bienestar entrando en la Unión Europea y se están vulnerando sus derechos.
El Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea es la crónica de una frustración ya esperada. Sigue insistiendo en esa visión, que además se ha demostrado absolutamente fallida, de centrar todo el discurso sobre migraciones sobre irregularidad, cuando la inmensa mayoría de la población extranjera que vive en la Unión Europea está en una situación regularizada: 21 millones de personas extranjeras, que representan el 4,7% de la población de la Unión Europea, viven legalmente. Y de estas, 2,6 millones, lo que representa el 0,6% de la población total, son refugiadas. Son datos oficiales que demuestran que las migraciones son menores que en otras partes del mundo. Por otro lado, se le llama pacto cuando de pacto no tiene nada. Nunca se pactó ni negoció. Hace más de un año que se publicó y no se ha adelantado ni un paso. Además, ni siquiera tiene que ver con las migraciones, ya que, básicamente, se refiere al control de fronteras. Para CCOO se debería comenzar a trabajar en dos líneas: la primera, articulando canales legales, seguros y eficaces de inmigración laboral; y, la segunda, configurando un sistema europeo común de asilo, obligatorio para los 27, insistiendo en el hecho de que estamos en una Unión y, por tanto, las políticas deben ser únicas y comunes para todos los estados miembro.
“Debemos romper con la idea de que el migrante es una amenaza y darnos cuenta de que es una persona que está ejerciendo su derecho a sobrevivir”
En España acaba de entrar en vigor la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería. ¿Vamos por bueno camino?
Sí, es una reforma menor, pero crucial, que está afectando al proceso de documentación de niños y niñas extranjeros que se encuentran en una situación de desamparo, es decir, no tienen familia en España y están protegidos y protegidas por instituciones públicas. Esta reforma fue dialogada y negociada hace un año desde la Secretaría de Estado de Migraciones dentro del marco del diálogo social. El retraso en su aprobación es consecuencia de posiciones muy duras y poco flexibles, muy basadas en cuestiones securitarias que mantienen otros ministerios. Para nosotros, los agentes sociales, la reforma era imprescindible y responde a las peticiones que realizó el Defensor del Pueblo para facilitar las oportunidades de esos niños y niñas que ya están en España y que deben permanecer en unos ámbitos de legalidad y con posibilidades reales de inserción laboral. No tiene ningún sentido que personas que llevan años en España, amparadas por instituciones públicas, llegada su mayoría de edad no tengan oportunidades laborales, con lo cual se les está impidiendo un derecho fundamental como es el del trabajo y el de obtener un modo digno de vida.
Determinados partidos políticos y medios de comunicación afines se empeñan en mostrarnos una imagen amenazadora de la inmigración que parece ir calando en el imaginario colectivo. ¿Son tan malas las personas migrantes?
Por supuesto que no. Esa voluntad de vincular la migración con delincuencia o incluso con maldad es muy utilizada por cierta derecha y la ultraderecha con la voluntad de crear falsos mitos, haciendo de las personas migrantes algo que no queremos, que no nos gusta. Hay parte de los medios de comunicación que utilizan muy claramente esta vinculación y, así, cuando un delincuente es de origen extranjero, se dice su nacionalidad, pero, cuando es de origen español, se omite. La gente escucha, lee esas noticias y en su imaginario ve que siempre el delincuente es el extranjero. La verdad es otra y muy diferente. El origen de las personas reclusas en las cárceles españolas nos indica que solo el 15% la población reclusa es de origen extranjero; el 85% es español. Por tanto, esa vinculación directa entre delincuencia y el hecho de ser migrante no es cierta. Es una cosa muy burda, pero que le funciona a una determinada ideología, especialmente de ultraderecha o ultranacionalista.
¿Cuál es el peso de personas migrantes en la estructura laboral de nuestro país y a qué problemáticas concretas se enfrentan?
De los 20 millones de personas ocupadas actualmente, dos millones y medio son de origen extranjero. Y de estos dos millones y medio, 730.000 más o menos son de la Unión Europea. Un 30% del total de extranjeros son de la UE, así que no tendrían la consideración de personas migrantes, sino que gozan de libertad de movimiento de trabajo en España. Si hablamos estrictamente de migrantes, su problemática en el mercado laboral es muy diversa, como lo son también su origen, cualificación, puesto de trabajo que ocupan, etc. En general, hay una presencia más elevada de personas migrantes en espacios de trabajo precarios. El número de migrantes es significativo en el sector de servicios. Tienen mucha presencia en sectores estacionales como la hostelería y la hotelería, por lo que su entrada y salida del mercado de trabajo es continua. Además, no es raro que desarrollen jornadas superiores a las declaradas o reciban salarios inferiores solo por el hecho de ser migrantes. También hay personas que no están en las estadísticas porque no tienen una situación regular en nuestro país y no tienen un contrato de trabajo, viéndose abocadas a la economía sumergida, donde, obviamente, la precariedad es más elevada al no existir ningún tipo de control. Por tanto, podemos decir que hay una precarización muy importante de las condiciones de trabajo de las personas migrantes.
“Esa vinculación entre delincuencia y migrante no es cierta. Es una cosa muy burda, pero que le funciona a una determinada ideología”
¿Qué ayuda ofrece el sindicato al colectivo de trabajadores y trabajadoras migrantes?
Nuestras exigencias y propuestas generales sobre las condiciones en el mercado de trabajo mejoran por igual la situación de personas migrantes y autóctonas. Además, de forma específica centramos nuestras demandas en la regularización y la legalización de las situaciones de muchas personas que no están en la economía formal, ofrecemos servicios de asesoramiento, etc. Disponemos de Centros de Información al/a Trabajador/a Extranjero/a (CITE) y facilitamos información específica a sus problemáticas concretas. El sindicato está muy implicado en la defensa de sus derechos, como así lo demuestra nuestra participación muy activa, por ejemplo, en las campañas agrarias, y en otras muchas.
¿Qué se puede hacer desde las aulas para contribuir a la comprensión de los flujos migratorios y al respeto de las personas refugiadas y desplazadas forzosamente?
La educación es fundamental para romper falsos mitos y generar una conciencia crítica sobre derechos humanos. Desde las aulas, debería trasladarse que la migración es y debe ser siempre un derecho y una opción, como de la misma manera debería existir el derecho a no migrar, lo que significaría que estas personas tienen unas condiciones suficientes o dignas de vida en sus países de origen. Pero cuando no es así y se ven obligadas a hacerlo, porque esas condiciones no se dan, hay que garantizar que estos traslados se llevan a cabo respetando los derechos humanos. La formación en valores ciudadanos es clave. Es necesario hablar de la migración económica, que es un derecho que hay que proteger y ordenar, pero también del asilo y refugio, que está especialmente protegido por la normativa internacional. Existen tratados y convenciones que protegen a las personas obligadas a huir por cuestiones políticas, ideológicas, de etnia, condición sexual, etc. Esa defensa superior del refugio y asilo debería ser conocida para ser respetada. Igualmente, debe educarse también en el conocimiento y en el respeto a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al trabajo decente… Se trata de que cuando hablemos de migraciones seamos conscientes de que hablamos de personas con derechos muchas veces vulnerados. Solo así podremos romper con la idea de que el migrante es una amenaza y darnos cuenta de que es una persona que está ejerciendo su derecho a sobrevivir.
