Pero el alto costo de las familias para entregar educación de calidad a las y los menores –reforzado con tutorías– desincentiva el aumento del grupo familiar, por lo que el Gobierno debe buscar vías que permitan la adopción de esta medida.
Estos datos sirven de contexto para abordar la situación en España, respecto del aumento de la incidencia de las clases particulares en el presupuesto de las familias, la falta de regulación de esta actividad, su alcance en los resultados de las y los estudiantes, y en la profundización de la desigualdad, educacional o económica.
Un reciente estudio de Juan Manuel Moreno y Ángel Martínez, publicado por el Centro de Política Económica de la Escuela de Negocios Esade, entregó un dato relevante: el mercado de las tutorías privadas en España movió 1.700 millones de euros entre 2020 y 2021, aupado por el 47% del alumnado de Infantil a Bachillerato, de centros públicos, privados o concertados, con mayoría de estos últimos.
Cambios post pandemia
El estudio muestra una novedad: el aumento de la participación de los hogares de menores ingresos en este mercado, marginal antes de la pandemia, pues era considerada un lujo y no un producto de primera necesidad como pareciera serlo ahora. Esto viene a confirmar el fenómeno del dispar acceso a una educación de calidad para todo el alumnado, el cual parece estar más marcado por el ingreso económico de sus familias, que por sus propias capacidades.
En una entrevista, Juan Manuel Moreno, uno de los autores del estudio, cita a Jospeh Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, cuando indica que “lo mejor que puede usted hacer es elegir bien a sus padres”, ironía que nos lleva al meollo del asunto, la desigualdad estructural que enfrenta a los diferentes grupos socioeconómicos, el determinismo sociogeográfico del nacimiento (en varias oportunidades, inquebrantable) y de cómo la trayectoria de una persona depende fuertemente del contexto en el que se educó.
Entre las conclusiones del estudio se puede identificar el hecho de que los grupos de mayores ingresos invierten, de media, 1.023 euros al año para aumentar sus oportunidades educacionales, sociales, culturales y profesionales, mientras que los de menores ingresos gastan 550 euros anuales para no perder las pocas que tienen.
En ese sentido, el estudio plantea dos acciones que definen la decisión de acceder a clases particulares, marcado según el tipo de ingresos o nivel sociocultural: mientras las y los estudiantes de centros privados o concertados lo hacen para “ampliar y perfeccionar” los conocimientos adquiridos (en idiomas y artes, o perfeccionar ciencias, matemáticas o lengua), quienes asisten a centros públicos lo hacen para “reforzar y recuperar” los contenidos curriculares de clase. Es esta una diferencia de fondo que confirma la necesidad de que la Administración estatal sea capaz de leer y asumir que el gasto en el que incurren las familias no es otra cosa que un grito desesperado ante lo que se podría interpretar como una falta de oportunidades. O, dicho de otra manera, pareciera que la educación pública, a ojos de la sociedad, y tras una intención política privatizadora, estuviera aparentemente presentando déficits que las familias deben suplir con apoyo externo y con un alto impacto en sus ingresos, con todo lo que eso implica para el sistema educativo, la equidad y para la sociedad en general.
¿Relación directa?
Sin embargo, algunos centros públicos, en coordinación con los respectivos ayuntamientos, han implementado clases de reforzamiento grupal –no clases particulares–, pero Ángel Martínez, coautor del estudio, considera que no son suficientes, pues debieran “hacerse de forma mucho más estructurada”. Si bien no hay datos que muestren una relación directa entre la cantidad de horas o la inversión en clases particulares versus los resultados escolares o el porcentaje de ingreso a la educación postobligatoria y superior, se podría entender que el alumnado del ámbito de la privada y la concertada aumenta su performance en las pruebas estandarizadas, a medida que tienen mayor acceso a clases que refuerzan contenidos y amplían sus capacidades de abstracción, cognitivas o de una lengua extranjera.
La realidad descrita en el estudio podría mostrar que las políticas educativas no han logrado priorizar el concepto de que una educación universal de calidad entrega posibilidades reales a las y los estudiantes, cumpliendo una función igualadora e impulsa el ascensor social.
Por otro lado, los esfuerzos de las familias que se presentan en este informe, muestran que todo el espectro social entiende que sus hijos e hijas están insertos en un entorno –y en un sistema económico– sumamente competitivo, donde el nivel de resultados, preparación y, en algunas ocasiones, el origen social, determinan las oportunidades laborales y de ingresos de las y los futuros profesionales, lo que estaría jugando en contra del principio de equidad que defiende la LOMLOE.
