Como muestra de la potencialidad del Congreso, valgan algunos datos: han participado más de cuatrocientas personas de veinte países, se organizaron siete grupos de trabajo en los que se presentaron más de cien comunicaciones al igual que numerosos posters que dieron muestra de los interesantes y diversos trabajos e investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad. El premio a la mejor comunicación fue concedido al trabajo: “Estudiantes con discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México: ¿Pautas preestablecidas o trazando un camino hacia la accesibilidad universal?”, presentado por Fernando Javier Polo, de la Facultad de Psicología de la citada Universidad.
Algo que me parece importante destacar es que ese lema, muy aceptado de forma general, “nada sobre nosotros sin nosotros”, pero pocas veces hecho realidad, en este Congreso es un hecho evidente. Ponentes, conferenciantes, comunicadores, coordinadores de grupo, moderadores de mesa redonda, organizadores, colaboradores de la organización…, son, en buena parte, personas con discapacidad. Claro, lo que se evidencia de forma manifiesta, es que esas personas no son “discapacitadas”, sino que poseen altas capacidades para la realización de múltiples profesiones o estudios. Y poseedores de un currículum brillante, que sería deseable para muchos profesionales “no discapacitados”.
Como es obvio, resulta imposible reseñar el contenido completo desarrollado durante los tres días, por lo que mi recomendación principal es que se consulte la web ciud.fundaciononce.es, donde se puede acceder a todo el Congreso hasta sus más breves manifestaciones.
No obstante, destacaremos algunos puntos de interés principal en esta VI edición, en la que se van comprobando los avances producidos -aunque más lentamente de lo que sería deseable- desde su comienzo, en 2012. Continuando bajo el marco del artículo 24 la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) y de los ODS 4 y 10 de la Agenda 2030, fundamentalmente, como ejes de actuación para conseguir el cumplimiento de sus mandatos, el Manifiesto final afirma que se hace necesario insistir en la importancia que juega la investigación en el ámbito de la educación universitaria inclusiva para seguir avanzando con firmeza y con decisiones avaladas científicamente en la generalización de estos modelos que presiden el actual Congreso.
Se reconoce que la educación inclusiva no solo favorece a las personas con discapacidad, sino que es beneficiosa para todos, dado que promueve la atención a la diversidad y, por lo tanto, adapta sus actuaciones a los requerimientos de las peculiaridades de aprendizaje de cada estudiante, sin perder las exigencias de nivel en cada carrera, como no podría ser de otro modo. En este sentido, se destaca la necesidad del control sobre la concreción de lo establecido en el artículo 37 de la actual Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), donde se garantiza la educación universitaria de calidad a todas las personas inmersas en el sistema, especificando todas y cada una de las diferencias que puedan caracterizarlas. Para ello, es exigible la aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje y los ajustes razonables, propuestos en la Convención de la ONU, de modo que las herramientas y programas utilizados resulten accesibles y se evite, así, la brecha digital (entre otras) que existe en la actualidad.
Las Universidades y las Agencias de evaluación nacionales y regionales, al igual que las redes en las que se integran, deben incorporar indicadores que consideren la inclusión y la accesibilidad universal de los programas formativos como valor de excelencia. En consecuencia, se recomienda promover sellos de calidad para evaluar y reconocer el mérito de las universidades inclusivas.
Se hace referencia explícita a la importancia de la responsabilidad social universitaria con un enfoque inclusivo, que tenga en cuenta acciones positivas desde la interseccionalidad, con especial atención a las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad en entornos rurales y las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o con grandes necesidades de apoyo, las personas con discapacidad de la comunidad LGTBIQ+, así como otros grupos con especiales circunstancias de vulnerabilidad.
Como puede comprobarse en todas las anteriores recomendaciones -casi reclamaciones en términos de exigencia-, la implementación de la educación inclusiva en entornos universitarios es un camino complejo que, por lo tanto, requiere de permanente actualización de marcos normativos, recursos económicos, innovación docente, utilización de metodologías, recursos y entornos universalmente accesibles, evaluaciones equitativas (no segregadoras) e implicación de la comunidad educativa y universitaria en su conjunto, para transformar las culturas, las políticas y las prácticas en los contextos académicos. Ello facilitará, sin duda, el tránsito a empleos de calidad para el estudiantado con discapacidad.
Para ir finalizando estos comentarios derivados de los contenidos aparecidos en el Congreso y recogidos en su Manifiesto final, hay que continuar solicitando y reclamando que se respete, al menos, ese 4% como mínimo (nunca como máximo) de reserva de plazas en las convocatorias universitarias para personal con discapacidad reflejado legalmente, ya que, en la actualidad, la media de reserva se encuentra en el 0,4%. Es urgente la superación de esta irregularidad manifiesta.
En definitiva, parece imprescindible “fortalecer redes con las universidades, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas para seguir desarrollando herramientas, sinergias y estrategias comunes que nos permitan crear redes y acciones positivas para trabajar por la inclusión, potenciando las existentes y profundizando en el derecho de todas las personas a una educación inclusiva y de calidad”. Esta es, al fin, la conclusión general que nos obliga a seguir trabajando y adoptando medidas favorecedoras de la igualdad de oportunidades que una sociedad democrática debe ofrecer a su ciudadanía.
