Tras un análisis de los datos del informe comprobamos que el número de docentes, empleados públicos, en activo en el mes de julio respecto a los que lo estaban en enero del mismo curso académico, continúa descendiendo por sexto año consecutivo. Es decir, sucede así desde el curso 2010. Este dato puede tener como causa las dificultades que las administraciones están poniendo en la contratación del personal interino, al objeto de impedirle que genere el derecho al cobro del verano, para lo que precisa haber trabajado durante un determinado número de días o meses a lo largo del curso académico.
Otro hecho constatado es la pérdida de funcionarios de carrera, lo que sucede desde enero de 2012, coincidiendo con la llegada al Gobierno del PP, si bien el Ejecutivo anterior había fijado el límite de la tasa de reposición de efectivos en un 30%. La continuidad, cuando no profundización, en la política de recortes en la tasa de reposición de los sucesivos años ha conducido a la pérdida de 33.750 plazas de funcionarios de carrera desde enero de 2010 hasta julio de 2015. Este empleo ha sido sustituido, en parte, por empleo más precario (temporal), ocupado por personal interino. Hoy en día, el 20% del empleo docente público está ocupado por personal interino, mientras que esa ratio en el año 2010 no llegaba al 18%. Podemos concluir que la precarización del empleo ha aumentado de forma notable, ya que en julio de 2015 el número de funcionarios de carrera ha disminuido en un 8% sobre el total de 422.093 que había en 2010 y el número de temporales (interinos) ha aumentado también en algo más del 8,4% sobre los 91.341 que había en 2010.
A la limitación en la tasa de reposición hay que añadir otras medidas adoptadas por el Gobierno del PP que también tienen efectos sobre el empleo docente: incremento de horas lectivas, aumento de ratios, reducción de sustituciones y las medidas, ya anunciadas en su día en la memoria económica de la LOMCE, que además de incorporar a los cálculos estos recortes preveían como consecuencia de la compactación del bachillerato una reducción de 2.534 profesores, equivalente a 91.765.555,20 euros.
Hoy en día, el 20% del empleo docente público está ocupado por personal interino, mientras que esa ratio en el año 2010 no llegaba al 18%
El resultado global que estas políticas tienen sobre el empleo del profesorado de la enseñanza pública es una pérdida neta de unas 20.000 plazas en todo el estado y la transformación de otro número importante de empleos con derechos por empleos temporales peor retribuidos y de mayor precariedad. Estas conclusiones son congruentes, no sólo con la política antisocial y de austeridad del Gobierno, sino con los objetivos planteados en la LOMCE. La reducción del profesorado en la enseñanza pública es aún más llamativa si tenemos en cuenta que en los últimos años se han incorporado al sistema educativo público cerca de un millón más de estudiantes.
Los datos ofrecidos por provincias y Comunidades Autónomas para julio de 2015 comparados con julio de 2014 muestran un estancamiento con escasas diferencias, que pueden estar influidas, sin duda, por tratarse de un año electoral: municipales, autonómicas y generales. En algunos casos, los motivos pueden deberse a políticas más expansivas tras la elecciones autonómicas de mayo. No obstante, para sacar conclusiones sobre las repercusiones que los datos del Boletín Estadístico tienen por provincias y por CCAA sobre el empleo docente, las cifras se deben tomar con cautela, ya que, al contrario de los números generales del estado, no desagregan por: funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, por cuanto no se les puede dar el mismo tratamiento que a los datos estatales, que sí tienen en consideración esas diferencias.
Estos datos evidencian que de existir recuperación, sigue sin llegar al sistema educativo, cuyo papel estratégico para el país reúne un gran consenso social. Desde la FECCOO reiteramos de manera pública la demanda que hemos hecho al Gobierno en funciones, que hacemos extensiva a quienes corresponda la formación de un nuevo Ejecutivo para que inmediatamente negocien con los representantes de los trabajadores un Plan de Empleo para la enseñanza pública que suponga un incremento notable (en todo caso superior al 100%) de la tasa de reposición de efectivos e introduzcan los cambios políticos necesarios para poner la educación en el lugar que le corresponde como derecho fundamental de la sociedad en su conjunto.
