Aumentar la inversión pública y la calidad

Al contrario, a medio plazo no se garantizan en absoluto los incrementos de la afiliación a la Seguridad Social ni la bajada del paro.

Basar la economía, en gran parte, en servicios de bajo valor, disminuyendo las actividades industriales, origina una gran precariedad en el empleo y deficientes condiciones laborales, con fluctuaciones estacionales y un índice de rotación importante. Lo más preocupante es que el Gobierno, ahora en funciones, apuesta por este modelo, supuestamente para salir de la crisis, llevándonos a cometer los mismos errores que en el pasado.

El empleo que se crea es precario: temporal y a tiempo parcial. Esto, sumado a la devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar trabajo sea cada vez menos una garantía de vida independiente o de salir de la pobreza. Junto a la creación de trabajo de calidad, es importante mejorar el poder de compra de los salarios, para impulsar la demanda interna, un aumento vigoroso del empleo y un descenso rápido del paro.

Cambios estructurales

Es necesario y urgente que un nuevo gobierno active una política económica que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. No cabe otro objetivo más importante que sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Es preciso aumentar la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas. Los servicios de alto valor añadido, los servicios a las personas, la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética y un sector industrial diversificado con presencia creciente de los sectores de futuro tienen que ser la base del nuevo modelo.

Con devolver lo que se recortó estos años, ya se financiaría el 80 % del coste del programa

Por otra parte, en España hay 1.693.901 personas paradas excluidas del sistema de protección por desempleo. Esto genera pobreza y exclusión y es necesario solucionarlo, entre otras medidas, implantando una renta mínima en el conjunto del Estado.

En este sentido, CCOO y UGT han puesto en marcha una iniciativa legislativa popular para implantar una prestación de ingresos mínimos que tiene como finalidad proteger a las personas más desprotegidas.

Se trata de una prestación equivalente al 80 % del IPREM (426 euros mensuales), destinada a personas que llevan más de un año en desempleo, carecen de rentas y no reúnen los requisitos para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo.

El número potencial de personas beneficiarias se estima en dos millones, por lo que el coste anual del programa estaría entre un mínimo de 11.000 y un máximo de 17.000 millones de euros (entre el 1,1 % y el 1,7 % del PIB), cantidad asumible si se tiene en cuenta que el gasto en desempleo se ha reducido en más de 13.000 millones de euros en los últimos años. Con devolver lo que se recortó estos años, ya se financiaría el 80 % del coste del programa. Un gasto necesario, en todo caso, en la situación de grave exclusión y necesidad de muchas familias sin ingresos y que, presumiblemente, se irá reduciendo de forma progresiva a medida que mejore la situación del empleo y la precariedad.