La equidad, una obligación ineludible

Es el medio imprescindible para acceder y realizar los derechos humanos, un derecho de empoderamiento personal y social que debe permitir el libre desarrollo de la personalidad como manifestación de la dignidad humana. Es la equidad vivida a través de la educación la que nos permite establecer una sociedad más justa, más cohesionada socialmente y menos desequilibrada.

De igual modo, la equidad debe ser la garantía de que la educación sea el principal motor de progreso social, ya que su menoscabo solo provocaría que la propia educación influyera de manera directa en acrecentar las desigualdades sociales.

La equidad debe vertebrar nuestro sistema educativo para que sea justo y cumpla con su función social, entendida como cualquier actuación que garantice oportunidades equilibradas (la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación) y actúe como elemento compensador de las desigualdades culturales, económicas, sociales y de las que se derivan de las distintas capacidades. Así se reconoce en la normativa actual, incluyendo la equidad entre sus principios y fines (LOE y LOMCE, art. 1.b). No se trata de corregir las diferencias, sino de actuar contra aquellas que generan, o que fundamentan, la desigualdad en el acceso a los derechos y a los recursos, sean materiales o culturales.

Como principio y fin de la educación, la equidad debe dirigir el modo en que se actúa para conseguir el primer fin y principio de la educación: la mejor educación para todos y todas mediante el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales.

Esta conciliación de calidad y equidad debe estar presente en todos los momentos de la actuación educativa:

• Debe tener en cuenta que nuestra sociedad se ha vuelto con la crisis económica, y con la gestión que se ha hecho de ella, más desigual. Distintos índices, como el de Gini[1], nos muestran como unos pocos han ido acumulando mayores porcentajes de la renta de nuestro país; como la pobreza relativa, al estar por debajo de la mitad de la media de la renta, afecta a un número y porcentaje mayor de personas; como la pobreza tiene rostro de mujer y de niño y niña; como, entre las regiones más pobres y las más ricas, la diferencia es de 100% en el PIB per cápita. Los impuestos, en el ingreso y en el gasto, deben ser equitativos y progresivos, y la educación, para jugar un papel compensador, debe partir del conocimiento de esta desigualdad.
• Así el índice de Gini –que mide la desigualdad de ingresos, en el que 0 supone la perfecta igualdad, todos tienen los mismos ingresos, y 100 la total desigualdad, uno tiene todos los ingresos y los demás ninguno– pasó del 30,6 en 2007 a más de 35 en 2014 y en los años siguientes. El índice Arope[2] (porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión) pasó del 23,3% en 2007 al 27,3% en 2013.
• La escolarización debe ser un campo habitual de la equidad. Esto implica que el alumnado de todas las características esté presente, por igual, en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Ahora esto no es así. Los centros públicos escolarizan (últimos datos de España, curso 2015-2016) al 67,8% del alumnado de enseñanzas de régimen general, pero al 76,5% de los denominados alumnos con necesidades educativas especiales (Acnee), el 83,7% de los extranjeros (que no estudian en centros para extranjeros), etc., lo que no es aceptable para los fines de la educación, ni va acompañado de los recursos correspondientes.
• Las becas, que suelen ser uno de los principales instrumentos para avanzar en la equidad han tenido en los años de la crisis, a partir de la llegada al gobierno del PP, esta evolución:

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Es decir, crece el alumnado y disminuyen los recursos para becas, que en todo caso están por debajo de lo que dedica en esta materia, por alumno y alumna, la UE o la OCDE.

• Los programas en los que se lleva a cabo de forma preferente la atención a la diversidad, Educación Compensatoria, de Personas Adultas, Servicios Complementarios, han tenido durante la gestión neoliberal de la crisis, 2009 a 2015, una reducción de sus recursos similar a la media, sin tener en cuenta el carácter especialmente compensador de estos fondos.
• Estos programas deben tener su repercusión en la vida de los centros, dado que en España la variación en los resultados, por ejemplo, de las pruebas PISA, es mayor dentro de un mismo centro, sea este de la titularidad que sea, que entre centros. España forma parte de los países de los que, según PISA, se puede afirmar que, por ser mucho mayor la varianza del rendimiento de los estudiantes dentro de un mismo centro que entre diferentes centros, la elección de centro no es tan relevante para el rendimiento. Es decir, las medidas de mejora de la equidad deben implementarse dentro de los centros, con recursos que deben asignarse a quienes más los necesitan, en el marco de la autonomía del centro (ver Tabla 4. 1ª de PISA 2003).

A partir de lo que hemos señalado se formulan estas propuestas:

• El Consejo de Política Fiscal y Financiera debe tener presente el objetivo de una mayor equidad en la educación entre sus indicadores para asignar los recursos, a fin de tratar de corregir, a través de la educación, la creciente desigualdad social.
• Deben modificarse las políticas de admisión de alumnado basadas en un área única, una asignación de puntos que prime la homogeneidad del alumnado (hermanos en el centro), garantice la gratuidad efectiva (cuotas, uniforme, transporte, actividades extraescolares en el horario ordinario, etc.) y favorezca la integración del alumnado en su entorno social.
• Deben protegerse, especialmente en época de crisis, los fondos para becas y ayudas, y para los programas de atención a la diversidad y educación compensatoria.
• Apoyos, desdobles, profundizaciones, recursos de educación compensatoria, medidas de atención a la diversidad, etc., deben incrementarse para su aplicación por parte de los centros, pues son cruciales y efectivas para la mejora del rendimiento.