Álvaro Ferrer Blanco, murciano especializado en Ciencias Políticas (UM) y Relaciones Internacionales (IBEI), se curtió como líder en políticas educativas desde la presidencia de Canae (Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes) y en el Consejo Escolar del Estado. Ha pasado por la oficina de Save the Children (STCh) en Bruselas, y lleva año y medio en Madrid al frente del área educativa de esta ONG. Es autor del informe Becas para que nadie se quede atrás y coautor del titulado Mézclate conmigo: De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva, ambos publicados por STCh en 2018.
Hace tres años, un anuncio de STCh decía que uno de cada tres niños españoles estaba en peligro de exclusión. ¿Ha cambiado esa proporción?
Desde noviembre de 2015, hay una pequeña tendencia de reducción, pero está muy lejos de que se recuperen los datos previos a la crisis. Con una variación de décimas, podemos seguir diciendo lo que decíamos: casi uno de cada tres niños y niñas en España está en riesgo de exclusión social.
El escenario sigue siendo muy preocupante. Somos el tercer país de Europa en cuanto a riesgo de pobreza infantil, después de Rumanía y Bulgaria. Sigue siendo un asunto que debiera preocuparnos muchísimo, ya que es un déficit muy grande que tenemos en nuestras políticas públicas.
¿Como ONG se sienten ahora con más potencial para responder a este reto?
Como organización, en estos años hemos crecido en tamaño e influencia. Cabría decir, incluso, que la cuestión de la pobreza infantil ha cogido algo más de relevancia pública que la que tenía hace tres años, pero sigue siendo de baja prioridad política. Tiene algo más de importancia, pero siempre decimos lo mismo: la infancia es un asunto de consenso que, en términos de prioridad –a la hora real de poner medidas y financiación–, sigue sin ser prioritario. En un rápido balance: estamos algo mejor, pero seguimos lejos de lo que necesita la magnitud del problema.
¿La evolución demográfica española hace más serio el problema?
Porcentualmente, la pobreza se ha reducido. Pero, ciertamente, en la medida en que crecen los datos de reducción demográfica –desde hace muchos años–, estamos viendo que necesitamos más políticas de infancia. Nosotros decimos que desde una lógica de derechos, pero también desde una lógica de sostenibilidad del Estado de Bienestar y de pirámide de población, la natalidad sigue bajando. El ámbito de inversión social que nos convierte en una anomalía respecto al resto de Europa es este de la familia y la infancia; en pensiones y dependencia es parecido, pero el sector donde claramente hay más de un 50% de diferencia respecto a la media europea es en familia e infancia. No estamos haciendo las políticas apropiadas.
¿Que opinión le merece la creación del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, en junio de 2018?
Valoramos positivamente, primero, la creación de la figura, porque supone poner en la agenda del Gobierno –en la agenda pública– el problema de la pobreza infantil. Eso es positivo y también lo es el intento de que se transversalice su actuación a distintas áreas ministeriales. En términos de balance, sin embargo, cuando se anunció ya dijimos que no bastaba con crear un Alto Comisionado. Las políticas de infancia requieren recursos, necesitan presupuestos. Si miramos la plasmación de la iniciativa en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, vemos pasos, vemos señales, prioridades manifestadas. Quizá podemos decir que la música suena bien, mientras la letra no termina de cuadrar. Todavía no se están viendo medidas presupuestarias suficientes para atender el problema. Por tanto, balance positivo, pero insuficiente: necesitamos medidas e inversión.
La Ley de Violencia contra la Infancia, ¿en qué medida puede ayudar?
En este momento está en proceso de consulta pública. Se empezó a trabajar en la etapa de Rajoy. Debe incorporar todas las formas de violencia que sufre la infancia y, además, un enfoque integral en el modo de abordar el problema. Esto es lo nuevo. No solo desde el punto de vista de cómo respondemos a la violencia cuando ya se ha producido –desde el punto de vista penal y administrativo–, sino contemplando todo lo que hay que hacer antes, empezando por la prevención y sensibilización.
Somos el tercer país de Europa en cuanto a riesgo de pobreza infantil, después de Bulgaria y Rumanía
Para nosotros, abordar la violencia significa asumir que hay un problema. Hay cifras que deberían alarmarnos: 38.000 víctimas en 2017 fueron niños y niñas, la mitad de los delitos –y de las víctimas– de carácter sexual son menores de edad, y las cifras que tenemos de acoso escolar son muy altas. Por tanto, hay un problema e intentamos abordarlo desde una perspectiva integral, que no implica solo medidas penales, sino otras muchas cosas que hacer. Para nosotros, lo principal está precisamente en la prevención: desde todos los ámbitos en que sucede esa violencia y desde todos los actores que interactúan con los niños y las niñas.
¿Se habría adelantado más si la Constitución hubiera recogido explícitamente los derechos de la infancia?
La Convención de los Derechos del Niño forma parte del ordenamiento jurídico español. Conviene recordarlo. Es un referente que el proyecto de reforma educativa del PSOE tiene en cuenta. Nosotros somos una organización de derechos de la infancia y entendemos que España está obligada por esa convención y debemos exigir, en la práctica, que los niños y niñas sean sujetos de derechos. Planteamos, además, que en el anteproyecto de Violencia contra la Infancia esté asumida esa perspectiva de trabajar, formar a niños y niñas para que sean conscientes de que son sujetos de derecho. Es una iniciativa fundamental de autoprotección. En la medida en que un niño sabe dónde están sus derechos, va a denunciar, va a defenderse cuando estos sean vulnerados. Por eso, es fundamental que se incorpore esa formación y sensibilización dentro del currículo.
¿El proyecto de reforma educativa recoge las aspiraciones de una educación moderna, coherente con los derechos de la infancia?
Desde el punto de vista del derecho a la educación, el problema que vemos ahora mismo es el del derecho a la igualdad de oportunidades: así está definido en la Convención de la ONU. Y creemos que queda todavía bastante camino para asumir que en España tenemos un problema con esa igualdad. Esto influye mucho a la hora de poder discutir sobre qué medidas legislativas están o no respondiendo con eficacia.
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38.000 víctimas en 2017 fueron niños y niñas. La mitad de los delitos –y de las víctimas– de carácter sexual son menores de edad
Entendemos, pues, que hay un problema de partida en el diagnóstico. Y es que en el debate público no se está asumiendo que tenemos un problema de igualdad de oportunidades. Hablamos mucho de que la educación es el gran ascensor social, pero lo que nos dicen los datos es que se parece más a una trampa que a un ascensor social. Sabemos que la mitad de los hijos de padres y madres que abandonaron el sistema educativo lo hicieron, igual que sus padres, sin terminar la formación básica, que sabemos que es necesaria para tener unas condiciones de vida digna. Tenemos, por tanto, un problema que se está perpetuando. Si miramos los datos de abandono por origen socioeconómico, ocurre lo mismo: ese origen pesa mucho en las trayectorias de desvinculación, de fracaso y abandono educativo.
¿Qué debería ser primordial?
Entre las cuestiones clave que deben abordar las políticas educativas, ya sea a nivel normativo, ya sea en los programas que desarrollen los gobiernos, está el problema creciente de segregación escolar. Los datos que hemos presentado recientemente lo están poniendo de manifiesto. Están también la cuestión del acceso a la Educación Infantil y la de las becas y ayudas al estudio, que son un instrumento fundamental de igualdad.
¿Encuentra algo positivo del proyecto?
Hay algunas medidas positivas. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en que la Convención de los Derechos del Niño sea su marco de referencia. También lo estamos en cuanto a las medidas correctoras de los itinerarios, que en la ESO tienen un impacto muy negativo sobre la igualdad de oportunidades, como nos evidencia la OCDE. Para la cuestión de la segregación, es eficiente, además, que elimine la “demanda social” como criterio orientador de la oferta educativa. Esto tendrá un impacto muy importante, porque limitaba que las administraciones educativas pudieran planificar la oferta. Es verdad que el criterio de tratar de evitar la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros no acaba de ser el criterio principal de las administraciones, pero también es verdad que “la demanda social” dificultaba esa política, que para nosotros es muy importante.
¿Cuáles son los puntos más flojos?
Creemos que este anteproyecto, en la línea de lo que estamos planteando, no responde en su texto actual a las cuestiones que estaba diciendo. Entendemos que hay que abordar la segregación del alumnado socioeconómicamente desfavorecido. Es decir, sabemos que una de cada diez escuelas en España ahora mismo es un gueto –según los datos de que disponemos–, y que más del 50% del alumnado de esos centros pertenece al nivel socioeconómico más bajo. Para atenderlo, hay medidas que se pueden incorporar en la normativa. Por ejemplo, reconocer al alumnado económicamente desfavorecido como una categoría de alumnado con unas necesidades específicas de apoyo educativo, lo que ahora mismo no está recogido en el texto de esta norma. Otra medida sería que las administraciones fijaran máximos en cuanto a concentración de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, que incluyan a los económicamente desfavorecidos. Es decir, que los planes de centros prioritarios estén orientados específicamente a la reducción de la segregación. Como organización, intentamos colocar como objetivo de la política educativa de las administraciones que se combata la segregación escolar. Para nosotros, es claro y debe quedar recogido de forma precisa dentro de este proyecto de norma.
¿La palabra “escolarización” expresa bien las exigencias que plantea a las administraciones el cumplimiento del derecho a la educación?
También tenemos un problema en cómo concebimos el derecho a la educación. Hay una responsabilidad que es del Estado. Cuando hay niños y niñas que están abandonando el sistema educativo, y sabemos que eso tiene que ver con su origen socioeconómico, hay una responsabilidad que el Estado no está cumpliendo.
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Los planes de centros prioritarios deben estar orientados específicamente a la reducción de la segregación
Es necesario cambiar dónde se coloca la responsabilidad, porque hay una que está del lado del Estado. Cuando hablamos de educación, del derecho a la educación –y que haya de ser equitativa e inclusiva–, no solo podemos hablar de acceso, sino de participación y aprendizaje en condiciones de igualdad. Eso es intrínseco a la definición que está en los propios instrumentos internacionales y en lo que entienden los expertos del ámbito educativo como definitorio del derecho a la educación.
Por tanto, no basta con decir, efectivamente, que hemos alcanzado el acceso a la escolarización universal en Primaria cuando tenemos el nivel de repetición más alto de la OCDE, el 30%; un 22% de fracaso escolar –o mejor, de no titulación, porque el “fracaso” coloca la responsabilidad de no titulación de la enseñanza obligatoria en el alumnado–, y unos niveles de abandono altos. Si no se está cumpliendo y no se cuestiona la equidad por no garantizarse la igualdad de oportunidades que tienen que ver con el origen social, entonces hay una responsabilidad que está del lado del Estado.
¿La existencia dentro del mismo sistema –tal como está en este momento– de una red “concertada” y otra propiamente “pública” genera estructuralmente segregación?
Hay, evidentemente, un problema en los elementos de ese diseño dual que se ha hecho para la prestación del servicio público de la educación. Porque existe un desajuste de partida: si ambas redes son prestadoras del servicio y la ley dice que la educación básica es gratuita, pero eso no se está cumpliendo, tenemos un problema y hay que abordarlo. Debemos hacer un diagnóstico serio de la cuestión. Hay datos en el debate que apuntan a cómo se está distribuyendo la financiación de la educación entre las dos redes, y hay argumentos encima de la mesa sobre si hay una infrafinanciación de la red concertada. Al plantearse el cobro de cuotas, lo que surge es si se está cubriendo realmente el coste del puesto escolar en la educación concertada.
¿Cuál es la posición de STCh?
Desde un punto de vista del derecho a la educación y desde el de la segregación escolar, obviamente cuando todas las escuelas no son accesibles para todo el mundo algo pasa, porque se está derivando a la gente que no puede pagar a que acabe en la escuela que es gratuita. Esto hay que analizarlo y ello implica profundizar en la cuestión de la financiación seriamente. Nosotros planteamos que se analice con los datos –cosa que hasta ahora no se ha hecho–, cuál es el coste y asegurarnos de que la financiación se está distribuyendo en condiciones de equidad. No significa dar a todos lo mismo, sino distribuirla adecuadamente, aunque sea complejo.
Para una educación equitativa e inclusiva, no solo podemos hablar de acceso, sino de participación y aprendizaje en condiciones de igualdad
Hay una cuestión clara. Hay un patrón de segregación pública/concertada. De esas escuelas que mencionaba, las “escuelas-gueto” que llamamos en nuestro informe, 9 de cada 10 son escuelas públicas. Hay, por tanto, un patrón pública/concertada que tiene que ver con este asunto. ¿Cuál es la manera de hacerle frente? Si ese es el diseño de prestación del sistema educativo, la posición de Save the Children es que tenemos que centrarnos en la cuestión de la financiación para asegurarnos de que los recursos van a donde están las necesidades, pero también las obligaciones en paralelo. Por una parte, dar la financiación para que no pueda en ningún momento argumentarse que no está bien financiado; pero, obviamente, también ha de haber correspondencia en las obligaciones. Es decir, tenemos que controlar el cobro de cuotas que son ilegales. En este aspecto, hemos propuesto que las administraciones fijen máximos de cuánto se puede cobrar por actividades extraescolares y servicios complementarios en los centros educativos. Y, por otro lado, se ha de endurecer el régimen de sanciones cuando se estén cobrando cuotas que no sean legales. Esto se puede hacer y modificar, por tanto, el régimen de conciertos para abordar esta cuestión. Pero los dos pilares son necesarios.
Si en los demás hay carencias importantes, en los centros educativos hay claros problemas de recursos y, a menudo, de formación de las y los profesionales al cargo. Hay que repensar el sistema: es uno más de los aspectos a que prestar atención para que no se vulneren los derechos de niños y niñas.
