Pero, cuando comencé a elaborar un borrador, me di cuenta de que somos nosotras, y hablo en femenino porque somos mujeres las que nos ocupamos mayoritariamente en los sectores feminizados, las paganas de cómo el Estado ha gestado la conciliación y la corresponsabilidad.
Mientras la mayoría de los países europeos propician que padres y madres dispongan de la posibilidad de conciliar en base a reducciones horarias y/o permisos intransferibles para la crianza de sus hijas e hijos, en España se ha creado una red de puestos precarizados que suplen esos tiempos que la jornada laboral no permite cubrir.
Sin derecho a la propia conciliación
Durante años, los programas políticos de la gran mayoría de los partidos en las diferentes CCAA (en esto no hay diferencias importantes) han vendido las bonanzas de cómo estos programas propiciaban que las madres (porque las que tenemos la “obligación”, casi divina, de cuidar a nuestras hijas e hijos somos las mujeres) pudiéramos acudir a nuestros puestos de trabajo en la esfera pública con la tranquilidad de dejarlos en manos de un conjunto de mujeres que nos dan esta cobertura. Trabajadoras que soportan, todas ellas, unas situaciones laborales de miseria y que no tienen derecho a su propia conciliación.
Educadoras de Escuelas Infantiles: salario mínimo interprofesional; monitoras de comedor: 250 euros al mes; monitoras de aulas matinales: 200 euros al mes; monitoras de extraescolares; y, por supuesto, todas y todos las trabajadoras y los trabajadores del sector de la dependencia: con salarios algo mejores, pero muy alejados de quienes realizan su labor en centros públicos.
Porque la conciliación y la corresponsabilidad no solo se necesitan gestionar cuando existen menores. También la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en la esfera pública ha dejado un hueco en los cuidados de personas dependientes y mayores, recayendo en asalariadas también, feminizadas y precarizadas, con sueldos miserables y largas jornadas que no son propias del siglo XXI.
Justicia laboral
Me parece que el mensaje que se traslada es claro: cuando las mujeres hemos dejado de trabajar gratis dentro del hogar, hemos sido remplazadas (de manera parcial) por otras mujeres que la sociedad se encarga de invisibilizar y precarizar para que siga quedando patente que lo que debería ser lo más valorado, es decir, hijos, hijas y personas dependientes, se precariza, casi a niveles de como lo hacían nuestras abuelas.
Conciliar así no es avanzar en igualdad, es incrementar la brecha salarial, es destinar determinados puestos de trabajo a tiempo parcial y precarios a mujeres. La apuesta debe ir en otro sentido si queremos avanzar en una sociedad que educa en la corresponsabilidad. El Estado debe legislar para favorecer la conciliación en los puestos de trabajo y la extensión de derechos en materia de Educación Infantil, dependencia, etc., en condiciones que dignifiquen el empleo de las mujeres y hombres que trabajan en este sector.
Es nuestra tarea exigírselo a los poderes públicos en la negociación colectiva, haciendo pedagogía de esta justicia laboral y también social que le debemos a estas compañeras.
