LA CRISIS PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS, Y EN PARTICULAR LAS SEMANAS DE CONFINAMIENTO, han dejado en evidencia una realidad residencial que exige una actuación decidida de los poderes públicos: familias que pasan verdaderas penurias para pagar el alquiler a fin de mes, viviendas que no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad, e incluso hacinamiento, especialmente en las grandes ciudades.
Acceder a una vivienda en España ya era muy difícil, e incluso imposible, para muchos hogares antes de la pandemia. La situación se ha agravado en apenas unas semanas para millones de personas que han visto reducidos sustancialmente sus ingresos y empeorado su horizonte vital. Todo ello pese a las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno central y las distintas administraciones para paliar la pérdida de ingresos y la vulnerabilidad de la población, paralizando desahucios y estableciendo moratorias en el pago de alquileres e hipotecas.
Las medidas coyunturales deberían haber sido más ambiciosas y haber priorizado la protección de la población vulnerable más que garantizar a bancos y propietarios el cobro de hipotecas y alquileres. Pero la solución de los graves problemas de acceso de la vivienda en España solo se alcanzará si el Gobierno no se limita a medidas coyunturales y actúa sobre las causas estructurales de la carestía de la vivienda, algo que, de momento, no parece estar en su agenda.
A principios de marzo, CCOO y UGT presentamos públicamente la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda, una propuesta que sigue siendo válida en la realidad social, económica y laboral en la era post Covid-19 que se avecina. La iniciativa sindical se basa en dos ejes: mayor regulación del mercado del alquiler y parque público de alquiler.
La nueva regulación del alquiler pasa por limitar el precio máximo en las zonas tensionadas y ajustarlo a los ingresos de los hogares a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, impulsar un programa de alquiler seguro y asequible para rehabilitar y movilizar viviendas privadas, gravar las viviendas vacías y la especulación inmobiliaria, y regular las viviendas turísticas.
Consolidar un parque público de alquiler pasa por movilizar los recursos públicos a tal fin, incluyendo todo el suelo público disponible y, lo que es más efectivo a corto plazo, impulsar la compra de viviendas ya construidas para incorporarlas al parque público de alquiler. De manera complementaria, el esfuerzo privado de construcción de vivienda protegida debe concentrarse en la vivienda protegida de alquiler, que tendrá esa calificación con carácter permanente no descalificable, para consolidar un parque asequible de alquiler.
El cambio estructural requiere de una acción pública decidida, donde el Gobierno central asuma su responsabilidad y competencias (como regular los precios máximos del alquiler en la LAU) y aumente sustancialmente el presupuesto público, y que comunidades autónomas y corporaciones locales se sumen a este mayor esfuerzo. El presupuesto estatal de vivienda debe multiplicarse y alcanzar el 0,3% del PIB en la legislatura, 3.600 millones al año (actualmente no llega a 500 millones). Parte de este incremento saldrá de recuperar los niveles de gasto en vivienda previos a los recortes de hace una década. El resto saldría de sustituir las actuales bonificaciones fiscales a la actividad inmobiliaria (más de 2.000 millones al año) por fondos destinados a la política de alquiler. Disponemos de los recursos materiales, legislativos y fiscales para garantizar el derecho a una vivienda digna. No hay excusas.
