La nueva LOMLOE (Ley Orgánica de modificación de la LOE) viene a derogar la LOMCE, que nació de la mayoría absoluta del PP sin un solo apoyo más ni del parlamento ni de la comunidad educativa: familias, estudiantes y sindicatos. Es bienvenida por CCOO habida cuenta además, de las campañas puestas en marcha por los sectores más conservadores de la sociedad y de la política, que se repiten con cada nueva ley de un gobierno de izquierdas, declarando abiertamente su conformidad con la Ley “Wert” construida desde principios no inclusivos y no equitativos.
CCOO entiende la necesidad urgente de tener una legislación que fortalezca y expanda el derecho a la educación, la equidad, la inclusividad, la participación y la inversión pública como garantes del éxito educativo para todas las personas. Una nueva ley que parta de la mejora continua de los centros y de una educación más personalizada, desde los principios de atención a la diversidad y de coeducación, así como de la educación comprensiva y no segregadora.
Desde CCOO destacamos, ya en los preámbulos de la nueva Ley, las referencias a los Derechos de la Infancia según lo establecido en la Convención sobre los derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 y otros acuerdos internacionales anteriores y posteriores. También recoge los objetivos fijados por la Unión Europea y la Unesco para la Década 2020-2030; la igualdad de género a través de la coeducación, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo sexual; la importancia de atender al desarrollo sostenible y la necesidad de fortalecer la estrategia digital que tan relevante es ya para la actividad educativa.
También nos parece adecuado que se supriman los estándares de aprendizaje y que se proyecte un currículo por competencias, organizado en ámbitos de aprendizaje, más flexible, menos academicista e inabarcable y asfixiante para estudiantes y profesorado, y además compartido entre Estado, CC. AA. y centros, cuya autonomía pedagógica y curricular se vuelve a impulsar junto con la recuperación de la participación de la comunidad educativa.
En este sentido, pedimos que la administración educativa articule la revisión de los currículos educativos para Extremadura, para que sean objeto de debate y participación del conjunto de la comunidad educativa a través del Consejo Escolar y que se negocien sus implicaciones laborales en las mesas sectoriales correspondientes.
La nueva Ley retoma el carácter educativo y compensador de la Educación Infantil de 0 a 3 años. Suprime los itinerarios curriculares en la ESO y recupera el título único. Previene y limita la segregación entre escuelas y entre las redes pública y concertada. Promueve programas de cooperación territorial y atiende a fortalecer la escuela rural e insular.
Nos gustan las propuestas contra la segregación escolar con medidas correctoras de la distribución del alumnado más desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Así, por ejemplo, las actividades extraescolares de pago no se podrán ofertar en horario escolar, no se concertarán centros que segreguen por sexos y los ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos. Se suprime el concepto de “demanda social” a la hora de programar las plazas educativas y se subraya que la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red.
Pero, pese a ello, la LOMLOE, no es nuestra ley, no mientras no nazca del consenso. No mientras no aborde la reforma integral de la profesión docente que venimos reclamando varias legislaturas, no mientras no pongamos al día el sistema educativo con los derechos sociales, laborales y profesionales de los trabajadores de la enseñanza.
La Ley de Educación debe tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en los distintos sectores de la sociedad y su impacto en la educación. La relación entre la pandemia y las TIC se ha reducido a un intento de gestión de la educación en tiempo de crisis, un enfoque reduccionista, erróneo y que oculta algunos de los problemas de fondos de la educación española: un currículo despiadado, unas ratios imposibles, una escuela pública debilitada tras varias décadas de políticas neoliberales y un colectivo docente con un importante déficit de formación en el manejo de la tecnología. Las TIC deben ponerse al servicio de los derechos de la infancia y del derecho a la educación, de la equidad, de la atención personalizada y, en definitiva, del éxito educativo de todo el alumnado en todas las etapas educativas –obligatoria y postobligatoria–, a través de un modelo didáctico con un enfoque global que contemple la educación integral de las personas.
CCOO sigue demandando un cuerpo único de profesorado y una estructura curricular más flexible, que rompa de una vez por todas con el agrupamiento de asignaturas y la clásica ordenación de objetivos, competencias, contenidos y evaluaciones, avanzando hacia las finalidades educativas, poniendo el foco en los aprendizajes y competencias por encima de las asignaturas, relegando la repetición de curso a la excepcionalidad como medida educativa absolutamente extraordinaria, recuperando únicamente los aprendizajes no adquiridos y no todos los relacionados con el curso que fuese objeto de repetición.
Consideramos también muy importante que en el ámbito de la metodología se dé un paso más. Hay metodologías que hacen imposible crecer en la competencia. La nueva Ley debe posibilitar el avance hacia el aprendizaje por proyectos y problemas, con estructuras cooperativas, superando la gramática tradicional de un horario rígido, un docente, un grupo, una materia.
La Ley tiene que apostar, así mismo, de forma decidida por aligerar las ratios. La mejor apuesta curricular y metodológica se puede ver arruinada por un aula masificada, como las que ahora mismo seguimos teniendo en determinadas etapas educativas; así como la potenciación, dentro del horario lectivo del profesorado, de espacios y tiempos para la cooperación docente y la implementación de proyectos educativos compartidos.
La LOMCE dinamitó la educación integral y el pensamiento crítico del alumnado, apartando de la centralidad materias claves para la formación que necesita la ciudadanía del siglo XXI. La nueva ley no lo recupera, como tampoco rescata el refuerzo de las segundas lenguas en el currículum, para avanzar en la consolidación del Espacio Europeo como territorio de derechos avanzando hacia una Europa de las oportunidades y de la ciudadanía.
Consideramos que es también muy importante la recuperación del artículo 47 de la LODE para que los conciertos educativos se ciñan en exclusiva a la enseñanza general básica, que es la única universal y obligatoria, empezando a limitar así los conciertos educativos para que se extienda y fortalezca la oferta pública, abriendo la posibilidad legal de incorporarse a la red pública a aquellos centros privados concertados que así lo quieran.
Por otra parte, consideramos un avance que la asignatura de Religión vuelva a ser opcional, sin alternativa ni validez para la nota media, la promoción de curso y la obtención de una beca, pero entendemos de vital importancia la derogación de los Acuerdos con el Vaticano y la salida de la Religión, en cualquiera de sus credos, del currículo. La laicidad es un componente esencial para un sistema educativo que aspire a formar ciudadanos y ciudadanas en una cultura de paz y solidaridad, más allá de las creencias de cada cual.
La nueva ley educativa debería recoger en una disposición adicional la importancia que tiene el papel de los ayuntamientos en la recuperación del derecho a la educación y el fortalecimiento de la equidad, comprometiéndose a trabajar de manera conjunta con otras administraciones para hacer las modificaciones legales oportunas que permitan a las instituciones locales participar activamente en la consecución de una educación pública y de calidad, con competencias y recursos.
De igual modo, la LOMLOE no reconoce el derecho a las becas y ayudas al estudio como subjetivo del alumnado, ni su cambio de modelo ni el compromiso por parte del Ministerio de agilizar su concesión sin que tengan que adelantar cantidad alguna.
Estos cambios son reivindicaciones que CCOO ha venido demandando que se incluyan en el texto de la ley y que no han sido contemplados. Desde CCOO vamos a exigir al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos la presencia activa del conjunto de la comunidad educativa en el desarrollo de los reales decretos que hagan posible la construcción de un sistema educativo más innovador y que suponga un salto cualitativo real sobre la situación actual. La pandemia ha roto la estructura rígida del sistema y esto nos da una oportunidad de cambio si somos capaces de pensar distinto y de entender que vivimos una situación inédita que hay que afrontar desde una visión nunca vista. Este es el gran objetivo que debe cumplir la nueva ley educativa.
El aumento en la inversión en educación, además de ser una necesidad para los presupuestos generales del estado de los próximos años, debe ser una obligación para las propuestas económicas de la Asamblea Regional. Pocas regiones como Extremadura, necesitan recuperar la inversión en educación. Para atender a la estructura rural de nuestro sistema educativo y acabar con la brecha territorial. Para redefinir la Formación Profesional y transformar nuestro tejido productivo. O para hacer realidad la Etapa Infantil desde los cero años, como elemento de aprendizaje y sobre todo de compensación de las desigualdades de origen.
Por el contrario, observamos con preocupación la dependencia de los fondos europeos como una debilidad de la inversión educativa, recogida en los PGE 2021, puesto que introduce un elemento de incertidumbre importante tanto en la magnitud real del gasto como en el montante final de ejecución, al fiar el significativo incremento que plantean, tan necesario como tardío, a unos fondos que no sabemos, de manera clara, cuándo llegarán ni en qué condiciones lo harán. Desde CCOO seguimos reivindicando la necesidad del 7% del PIB de inversión, independientemente de la cuantía de los fondos europeos, en esta legislatura para hacer posible el desarrollo de la nueva Ley y empezar el camino de la reversión de una década de recortes despiadados contra la educación pública.
