A ESTE PROPÓSITO CABE OPONER algunas consideraciones. Por un lado, el Gobierno está en funciones y la investidura de su candidato ha contado con el rechazo del Congreso, por lo que carece de legitimidad política para liderar ese empeño. Por otro, carece de credibilidad para llevar adelante una iniciativa de esa enjundia, ya que es el artífice de la LOMCE, rechazada por las fuerzas políticas y por la sociedad, y de los recortes que han asolado nuestro sistema educativo y debilitado el derecho a la educación hasta el punto de que la OCDE ha llamado la atención a España por considerar que se pagará un alto precio por el deterioro de la educación en nuestro país. Por si fuera poco, a finales de julio el Gobierno en funciones aprobó con “veranosidad” y alevosía el decreto que regula las reválidas, cerrando así el desarrollo normativo de la LOMCE y blindando su implantación.
La pretensión resulta, además, cínica cuando el PP ha reiterado su decisión de seguir adelante con las contrarreformas educativas y con los recortes. En el acuerdo de investidura con Ciudadanos se establece como premisa fundamental cumplir con los compromisos suscritos con Bruselas en el Pacto de Estabilidad y cabe recordar que en dicho documento se compromete seguir recortando la inversión educativa hasta el 3,7 % del PIB, cifra que nos retrotrae a los niveles de inversión de finales de la década de los 80 del siglo pasado. Lo que en realidad acordaron PP y Ciudadanos fue recortar otros 4.000 millones de euros en educación.
La LOMCE y los decretos de Universidad no son el campo de juego sobre el que construir un consenso en educación
De modo que en la reunión que hemos mantenido con el ministro, además de señalarle que carece de legitimidad y de credibilidad para liderar un acuerdo educativo, le hemos dicho con absoluta claridad que la LOMCE y los decretos de Universidad no son el campo de juego sobre el que construir un consenso en educación; que exigimos su derogación, así como la reversión de los recortes, la recuperación de las condiciones laborales y retributivas y de la cantidad y calidad del empleo en el sector educativo. Y que la primera medida a tomar con carácter de urgencia debería ser la derogación del decreto de reválidas. El eje de cualquier acuerdo ha de pasar por reforzar el derecho a la educación.
Las reválidas son un compendio de lo que representan las políticas educativas del PP. Tienen una clara vocación selectiva y se configuran como un filtro para disminuir el caudal de alumnado que entra en el Bachillerato y en la Universidad. Van a contribuir a aumentar las tasas de abandono educativo temprano, dejarán a miles de alumnos/as en “el limbo” (los que hayan aprobado la ESO y el Bachillerato y suspendan la reválida) y contribuirán a erosionar la profesionalidad del profesorado con una evaluación externa que también tendrá efectos sobre docentes y centros educativos.
Desprofesionalizar al profesorado
Más allá de lo arcaico e inútil de este tipo de exámenes, merece la pena hacer una reflexión sobre lo que algunos caracterizan como la apuesta por “desprofesionalizar al profesorado” y que está presente, al menos, en las políticas educativas promovidas por el PP.
Repasando mi historial de formación, he podido constatar que durante más de 20 años he participado en actividades de formación que tenían la vocación de mejorar mis competencias para el ejercicio de la profesión. Cursos y seminarios sobre la atención a la diversidad, la convivencia escolar, la didáctica, el currículum, la organización escolar, el desempeño de tutorías, el aprendizaje cooperativo, los fines de la educación…, son algunas de las cuestiones presentes en mi itinerario formativo y en el de la mayoría del profesorado. Pero en los últimos años, la comunidad autónoma en la que trabajo sólo reconoce y certifica los cursos que tienen que ver con las TIC y los idiomas. Siendo rigurosos, también reconoce y certifica cursos sobre la didáctica de la religión o la revisión de nuestra historiografía a la luz de las reflexiones de Pío Moa. Este cambio radical en la formación de los docentes, me parece un ejemplo paradigmático de cómo se está privando al profesorado de recursos para el desempeño de la profesión. No es el único ejemplo. Cuando se incrementa el horario lectivo, se está desvalorizando el trabajo que es necesario hacer fuera del aula para que el que se realiza dentro alcance todo su valor. Lo mismo ocurre cuando se nos obliga a dar clase en aulas masificadas, cuando se llevan a cabo políticas que deterioran la calidad del empleo haciendo aumentar la precariedad hasta más allá del 23 %, cuando se despide a 30.000 profesores/as como si el trabajo que hacían no tuviera valor, cuando realizan pruebas externas que ponen en cuestión la evaluación del profesorado y van a ser utilizadas contra este o cuando se llevan a cabo reformas educativas y se pretenden pactos sin su participación…
Un pacto por la educación es otra cosa.
