Las sucesivas leyes educativas han provocado que España haya tenido un contexto de fuerte inestabilidad normativa. Desde 1990 se han promulgado cuatro leyes generales de educación, aunque la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002 no llegó a implementarse. Los autores del estudio se han centrado de forma exclusiva en la LOMCE y ofrecen los datos obtenidos a partir de las opiniones de 6.054 docentes (76,5%), incluyendo miembros de los equipos directivos (23,5%) de las 19 comunidades autónomas. El 86,9% de los encuestados trabajan en centros públicos. La mayoría de las personas que respondieron al cuestionario trabajan en Secundaria (3.446), mientras que 2.325 lo hacen en Primaria y 283 en Infantil. La recogida de datos se hizo entre diciembre de 2015 y abril de 2016.
Los autores realizan dos reflexiones principales sobre los constantes cambios normativos. En primer lugar, ponen de manifiesto la gran confianza por parte de los gobiernos en el poder transformador de las leyes. Por otra parte, consideran que hay algunos aspectos clave del sentido de la educación sobre los que no se logran acuerdos duraderos.
A partir de estas dos opiniones se desprenden otras tres. La primera es que “parece improbable que la velocidad de los cambios permita comprobar la eficacia de las políticas precedentes”. En segundo lugar, los autores consideran que resulta “improbable que la velocidad de los cambios permita realizar evaluaciones rigurosas de las políticas implementadas que se transformen en evidencia para una toma de decisiones fundamentada”. La última de las reflexiones es que parece “improbable que la velocidad con la que suceden los cambios normativos permita realizar verdaderos procesos participativos”.
El 79,6% de los encuestados considera que España no necesitaba la LOMCE, mientras que el 87,6% muestra su disconformidad con que la LOMCE suponga una mejora para la educación del país. Además, un 92,7% de los docentes manifiesta que la actual ley de educación no ha sido aprobada con la participación del profesorado. Este dato está en línea con el sentir de los encuestados sobre el grado de intervención que desempeñaron las comunidades autónomas. Un 75,1% asegura que la LOMCE salió adelante sin el concurso de los gobiernos regionales. Como consecuencia de estas dos perspectivas, los encuestados (94%) afirman que la LOMCE no es el reflejo de un pacto educativo, que es lo que prometía el PP en su programa electoral. Y como colofón, el 86,3% piensa que no ha contribuido a mejorar la inclusión educativa.
El varapalo al que los docentes someten a la LOMCE también queda reflejado en su crítica hacia el proceso de implementación de la normativa. El 89,6% opina que no ha sido el adecuado.
Rechazo a las reválidas
Uno de los aspectos más controvertidos de la norma es el de las reválidas para alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. A pesar de entrar en vigor en el curso 2015/2017, no será hasta 2018 cuando sea necesario aprobar ambas evaluaciones para obtener el título para seguir estudiando. Los profesores ven con ojos muy críticos todo lo que rodea a esta norma.
En contra del profesorado
El 83,8% de quienes han respondido a las preguntas de los investigadores piensa que la LOMCE no favorece la profesionalización del profesorado. Además, un 71% añade que no otorga al director del centro un papel adecuado y el 70,4% cree que no es correcto el sistema de elección del director. En lo que se refiere a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el 71,3% de los maestros piensa que su eliminación no es acertada. El 77% de los docentes tampoco ve adecuado cómo recoge la Ley el tratamiento de la autonomía de los centros. Un 75,3% responde que el tratamiento de las competencias que hace la LOMCE no supone una mejora respecto a la LOE.
