Sin embargo, según la propia introducción del plan presentado, se elaboró “basándose en un escenario económico sin cambio de políticas públicas, incorporando las últimas previsiones macroeconómicas disponibles, tal y como establece la normativa comunitaria para los supuestos en los que un Gobierno no tenga plenos poderes presupuestarios”.
Contempla todas las medidas aprobadas por el Gobierno hasta el momento.Entre otras: reforma del Impuesto sobre Sociedades, aprobada en el Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre; las decisiones de gestión para restringir el crédito presupuestario, tanto en el Presupuesto del Estado como en las Administraciones regionales; también se incluyen en este tipo de medidas la aplicación de instrumentos adicionales de control presupuestario, como la retención de la financiación territorial para los casos de retraso grave en el pago a los proveedores de las Administraciones, o la aplicación de condicionalidad fiscal y de nuevas reformas estructurales para la transferencia de la liquidez del Fondo de Liquidez Autonómico.
Déficit excesivo
Con estas medidas se pretende la corrección del déficit excesivo, para fortalecer el marco de la gobernanza de la política fiscal y de la contratación pública. Sin embargo, el nuevo Gobierno deberá contemplar otras para asegurar el cumplimiento de las directrices europeas.
Se hace hincapié en una actualización del cuadro macroeconómico, que está basado en hipótesis prudentes para el desarrollo del ciclo económico en 2017, e insiste en confirmar la recuperación de la economía española y la creación de empleo.
El plan presupuestario incorpora también la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos establecidos para los Estados miembros en el marco del procedimiento de déficit excesivo
Aunque, en principio, es una prórroga de los Presupuestos para 2016, se hace una proyección de ingresos y gastos teniendo en cuenta que se actualizan las previsiones de ingresos en función del cuadro macroeconómico. En cuanto a los gastos, de la misma manera se hace una proyección de sus principales componentes, recogiendo el impacto del ciclo económico. “Se trata de un ejercicio de planificación fiscal que, por lo tanto, se separa de la práctica de elaboración del Presupuesto General del Estado, en situación de prórroga. Así se establece en el artículo 134.4 de la Constitución Española, que indica que, si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior, hasta la aprobación de los nuevos. La prórroga afecta al Presupuesto del Estado y al de la Seguridad Social”.
El plan presupuestario incorpora también la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos establecidos para los Estados miembros en el marco del procedimiento de déficit excesivo, “tal y como regula el Reglamento 473/2013, de 21 de mayo, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro”.
Se detalla toda la información necesaria sobre el conjunto de las Administraciones Públicas y de cada uno de los subsectores: el gasto total pasa de un 42,4 % del PIB en 2016, a un 41,3 %. Salvo cinco de las once partidas, que mantienen el mismo porcentaje respecto al PIB (Defensa 0,9%, Orden público y seguridad 1,9%, Protección del medio ambiente 0,8%, Vivienda y servicios comunitarios 0,5%, Actividades recreativas, cultura y religión 1,1%), el resto disminuyen. Destacamos: Servicios Públicos generales (de 6,1% a 5,9%), Educación (de 4,0% a 3,9%), Sanidad (de 6,1% a 6,0%), Empleo (de 2,1% a 1,9%) y Protección Social (de 16,9% a 16,5%).
Queda por saber si el nuevo Gobierno hará algún cambio a este Plan Presupuestario, pero no es previsible que aumenten los porcentajes contemplados, en el mejor de los casos se quedarán igual.
