El reclamo principal de la CTERA sigue siendo la apertura de la Paritaria Nacional Docente (PND). La persistente negativa del Gobierno para convocarla es lo que ha desembocado en un conflicto que se podría destrabar si se cumpliera con la Ley de Financiamiento Educativo, se procediera con la actualización de las partidas del fondo compensador correspondiente a los años 2017 y 2018, y se abriera la discusión para definir los aumentos del suelo mínimo salarial docente para el corriente año. A escala provincial, los gobiernos podrían destrabar el conflicto convocando a los sindicatos y mejorando sus propuestas.
20 años de pelea en la calle
Para las organizaciones sindicales docentes, la PND está amparada por una ley que costó más de 20 años de pelea en la calle. Esta conquista fue el resultado de la lucha constante que se concretó con la sanción en el año 2005 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y, desde el punto de vista político, se consolidó con la posibilidad real para los sindicatos de contar con una instancia de negociación colectiva para poner en discusión, año tras año, todos los temas referidos a la educación, incluidos los suelos salariales y el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Para las organizaciones sindicales docentes, la PND está amparada por una ley que costó más de 20 años de pelea en la calle
Gracias a esta herramienta se han conseguido avances muy importantes, especialmente en lo que respecta a la eliminación de los elevados niveles de desigualdad salarial entre las provincias, la responsabilidad del Estado nacional en la asistencia con fondos y recursos a las provincias con más dificultades, el desarrollo de programas socioeducativos, el equipamiento de las escuelas con materiales didácticos y tecnología, la construcción de escuelas, el establecimiento de un programa de formación permanente, gratuito para los docentes en ejercicio, entre otras cosas.
Embestir contra la educación pública
El intento de eliminación de la Paritaria Nacional Docente por parte del Gobierno es más que un ajuste del presupuesto en materia educativa. Significa también la tentativa de cancelar toda forma de organización colectiva y, de paso, embestir contra la educación pública y deslegitimar constantemente el trabajo de los docentes.
Es sintomático observar a los funcionarios en sus reiteradas apariciones mediáticas afirmando que la escuela privada es mejor y que la escuela pública ha fracasado, basándose para ello solamente en los resultados de algunas pruebas estandarizadas que han merecido las más diversas críticas procedentes de todo el mundo.
También incurren apresuradamente a tomar datos parciales, equívocos y descontextualizados para intentar justificar la “ineficacia” de la Escuela Pública y para culpabilizar a la CTERA como principal responsable de este supuesto “fracaso del sistema educativo en la Argentina”. El mismísimo Ministro de Educación, Finnochiaro, manifestó recientemente en medios oficialistas: “Los malos resultados de la evaluación Aprender fueron producto de 12 años de ceterismo educativo”.
Negocios para las empresas
El Estado se reposiciona ahora como un facilitador de negocios para las empresas; un Estado que legitima la desigualdad social, la concibe como natural y despliega su dimensión represiva, desdeñando y poniendo como blanco de todos sus ataques a la clase trabajadora, a sus organizaciones sindicales y a todos los movimientos que tienen en su horizonte la lucha por la soberanía popular, la solidaridad, la igualdad y la justicia social.
La derecha se ha comportado así históricamente. En el 76 se pretendió terminar con la Confederación de Trabajadores de la Educación comenzando con el asesinato de sus principales dirigentes y con la desaparición de más de 600 docentes de todo el país. En los años 90 se intentó desarticular el movimiento magisterial. Y con la llegada al Gobierno de Alianza Cambiemos, a partir del año 2015 se ha vuelto a cuestionar fuertemente a la CTERA.
Si se visualiza a esta organización como el enemigo a derrotar es porque es vista en la sociedad como un ejemplo vivo de la resistencia irreductible en defensa de la educación pública y de los trabajadores; una organización sindical que ha permanecido incorruptible a lo largo de esta historia que la derecha quiere reescribir con represión, ajuste, persecución y vulneración de los derechos sociales y humanos.
