Educación y laicismo

El 9 de diciembre de 1905 se aprobó en Francia la Ley de Separación de las Iglesias y el Estado que supuso un hito mundial en la laicidad de las instituciones. Ese mismo día, pero de 1931, se aprobó la Constitución de la Segunda República Española, ley de leyes de inequívoco carácter laico. Un día después, el 10 de diciembre, pero de 1948, la ONU proclamó en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

Y en esta trayectoria histórica hacia la construcción de unas sociedades más libres de prejuicios y más solidarias, más justas e inclusivas, la educación laica es un componente fundamental. Solo desde la laicidad de las instituciones se pueden respetar las legítimas creencias religiosas de las personas y las no creencias, y estas pueden ser consideradas iguales. La libertad de conciencia, de creencias religiosas y no creencias, es la base de nuestra convivencia.

Las doctrinas religiosas y de cualquier otro tipo son una opción libre de cada persona y no deben traspasar ese ámbito de la libertad de expresión y asociación, ni tampoco ser motivo de discriminación o de obtención de privilegios de ningún tipo.

Nada tienen que ver los dogmas y las argumentaciones esotéricas con una educación basada en la razón y en la ciencia, y acorde al desarrollo social y cultural de la humanidad.

Desde CCOO los valores que defendemos son los de una sociedad democrática, basada en el respeto hacia todas las personas, que pretenden su propio desarrollo individual y su participación social, una ética cívica que permita un desarrollo plural de los valores democráticos en los diferentes ámbitos de la vida social y política.

Tenemos que rechazar, además, la especial influencia negativa que algunas doctrinas religiosas ejercen, especialmente la que ha ejercido y todavía ejerce en España la doctrina católica, sobre la enseñanza de los valores democráticos y las libertades individuales, particularmente en la labor educativa en pro de la igualdad de los sexos, y por el respeto a todas las expresiones de la diversidad de orientación e identidad sexual y de género.

Esto significa que apostamos por la supresión de la confesionalidad del currículo educativo y por la salida de este de la asignatura de Religión. Tampoco puede ser una asignatura optativa dentro del currículo, y mucho menos evaluable, con repercusión en las calificaciones del alumnado, que influye tanto en la promoción de curso como en la obtención de becas.

Nos hemos definido una y otra vez por una enseñanza laica, pues aún reconociendo el papel social de la Iglesia, y sin entrar si prima más lo pastoral que lo social, hemos reclamado históricamente que la doctrina religiosa, de cualquiera de las tres religiones monoteístas, o de cualquier otra que libremente profese la ciudadanía, debía estar fuera de los centros educativos y, consecuentemente con ello, hemos participado en plataformas unitarias cuyo eje principal es esta exigencia, junto con la necesaria derogación del Concordato con la Santa Sede –preconstitucional– en el marco de una escuela pública.