En definitiva, se intenta modificar su naturaleza y concepción como servicio universal esencial para la sociedad por una institución al servicio del capital, utilitarista y encargada de formar exclusivamente a las élites.
Este discurso, sobre todo en el ámbito de la gobernanza, se basa en una supuesta escasa eficiencia y calidad que no tiene ninguna base científica. De hecho, desde 2008 a 2018, la Universidad pública ha sufrido una bajada de su financiación desde la perspectiva nominal de un 14,62% (22,64% real), mientras que los países de nuestro entorno –que siempre se ponen como ejemplo– han seguido una senda opuesta para salir de la crisis, como queda recogido en el Gráfico 1. Solo Italia ha seguido una senda parecida a la nuestra, pero con un descenso menos pronunciado.
Esta política de desinversión directa en la Universidad pública se ha visto agravada por la importante reducción del dinero dirigido a I+D+i durante el mismo periodo. A pesar de ello, nuestro país ocupa el undécimo lugar en producción científica mundial (Scimago Journal & Country Rank, 2019), desarrollándose un 60% de ella en las universidades públicas.
Como consecuencia de estas políticas restrictivas de financiación, acompañadas por el incremento desmesurado en algunas comunidades autónomas de los precios de los estudios, la Universidad pública está sometida a graves tensiones que se reflejan en el aumento de la precariedad y temporalidad del personal, en la pérdida de su carácter de ascensor social para estudiantes de familias con menor poder adquisitivo y, en definitiva, en una institución que lucha por mantener su calidad en las condiciones más adversas.
Por ello, desde CCOO creemos necesario un plan integral de modernización que contemple:
- Planes de financiación e inversión plurianuales, asociados a un imprescindible Pacto por la Ciencia.
- Desarrollo de una carrera profesional adecuada, digna y estable, tanto vertical como horizontal, con la implementación de mecanismos reales de promoción interna.
- Implementación de planes de estabilización y promoción del personal universitario precario e incorporación de jóvenes científicos/as.
- Impulso real de políticas y planes de igualdad que contribuyan a superar el techo de cristal.
- Revisión de la estructura y función de las agencias de calidad.
- Digitalización y adaptación en métodos y en objetivos.
La Universidad pública no puede seguir con esta política de más por menos, porque redundará en un ocaso acelerado como servicio esencial para la dimensión humana y social de nuestro país, y verá mermada su importante función formativa de ciudadanas y ciudadanos en el conocimiento, la reflexión y el pensamiento crítico.
