Entre esos problemas, los que CCOO considera trascendentales son la financiación del sistema universitario público y el abuso de la temporalidad y la precariedad del empleo, especialmente en el ámbito del profesorado
En el anteproyecto se contempla que la financiación mínima pública debe ser del 1%, pero esta cifra aún está muy lejos de la inversión que se realiza en los países europeos de referencia y tampoco se señala el horizonte para conseguirlo. ¿Será inmediato el incremento de financiación tras la aprobación de la Ley o tendremos que esperar hasta 2030 como indicaba la versión anterior? ¿Cómo se va a asegurar la financiación básica de las universidades para que puedan desarrollar sus misiones fundamentales?
Además, el anteproyecto no erradica la precariedad, ya que contempla porcentajes de temporalidad en las plantillas de profesorado que se pueden aproximar a cifras similares a las actuales, al excluir determinadas figuras (ayudantes doctores y profesores asociados de Ciencias de la Salud) e introducirse nuevamente el concepto de dedicación con equivalencias a tiempo completo. Y, lo que es más preocupante para CCOO, es que sigue sin definirse y establecerse una carrera académica (en el anteproyecto solo hay una referencia al Estatuto del PDI en una disposición adicional) y se obvian en toda la Ley los ámbitos de negociación colectiva a favor de futuras legislaciones de las CC. AA. o del propio Gobierno de España. El sindicato entiende que aún es necesario introducir algunas modificaciones que aseguren la viabilidad de la Universidad pública y la calidad en las condiciones de trabajo de sus empleados y empleadas.
Por otra parte, el Gobierno es demasiado complaciente con las universidades privadas y ni siquiera se reflejan en el anteproyecto criterios mínimos para su creación, dejando toda su regulación a desarrollos reglamentarios posteriores. Teniendo en cuenta la proliferación descontrolada de estas en las dos últimas décadas y la facilidad que dan algunos gobiernos autonómicos para su creación, opinamos que algunos aspectos centrales deberían quedar establecidos en la LOSU.
Es un texto que deja a CCOO con una sensación de malestar, puesto que recoge algunas de nuestras aportaciones, pero es demasiado generalista en aspectos relevantes y muy prolija en otros, que podrían ser contemplados en decretos posteriores. Lo fundamental es que el anteproyecto de Ley, en su actual redacción, suprime el derecho a la negociación colectiva para empleadas y empleados de las universidades públicas, y este hecho, en ningún caso, puede ser asumido por nuestro sindicato.
