Esta serie de artículos pretende abrir un espacio donde podamos contrastar mitos y realidades, creencias y prejuicios, que nos predisponen a valorar más una alternativa antes que la otra.
Las fortalezas preasumidas de la educación privada
La reducción de la natalidad en el mundo es una tendencia que impacta –a favor– en la demanda por educación privada, pues podría suponer una mayor disponibilidad de recursos por parte de las familias. La actual resistencia de la población china a la reciente liberalización de las restricciones de natalidad impuestas en la década de 1970 (el programa del hijo único) son un claro ejemplo en este sentido.
En otra arista, la demanda por capital humano fuertemente preparado, condición que ha sido asumida a ciegas por las sociedades modernas, incrementa el requerimiento de diferenciación en términos educacionales para los y las estudiantes y que, en teoría, les permitiría contar con herramientas para enfrentar un escenario competitivo.
Una de las barreras identificadas por el informe de Esade y Save the Children, Diversidad y libertad: Reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, es la gran brecha existente en España entre los recursos materiales y humanos con los que cuentan las escuelas aventajadas de las que no lo son. Así, según los autores Calero, Jorge, y J. Oriol Escardíbul (2019), en su estudio denominado Calidad del profesorado y adquisición de competencias de los alumnos. Un análisis basado en los resultados de PIRLS-2011, vemos que los recursos técnicos y la calidad “no se distribuyen de forma equitativa entre los centros educativos en España. Al contrario, el profesorado y los equipos directivos con las competencias más eficaces para el aprendizaje están en los centros educativos con menos alumnado en desventaja”. De esta manera, la segregación escolar es un elemento que deteriora la calidad de las escuelas. Dice el informe de Esade y Save the Children que “la concentración viene a menudo acompañada de huida de profesorado cualificado e inestabilidad de plantillas, que dificultan la consolidación de un proyecto educativo para estos centros más perjudicados. Proyecto educativo y profesorado son factores relevantes para calidad y equidad, por lo que es clave actuar sobre ellos para asegurar una calidad equivalente de la oferta educativa entre la que las familias eligen”.
Todas estas condicionantes –presión social, exigencias de profesionalización y ciertas actitudes de discriminación hacia minorías inmigrantes– aumentan la mutación de algunas familias hacia el espectro concertado o privado (o las intenciones por alcanzarla). Sin embargo, señala el estudio La segregación escolar, las desigualdades educativas y el modelo educativo de la derecha en España, de la Fundación 1º de Mayo, que quienes “pueden optar por marcharse de los centros públicos a los privados y concertados son aquellos que poseen recursos para poder escolarizarse en dichos centros, con lo que en realidad se produce una huida de la clase media, con lo que habría que añadir ese componente de clase social. Por consiguiente, dos de los factores que afectan negativamente a los inmigrantes son su situación socioeconómica y la segregación escolar, además de los evidentes como los problemas idiomáticos o los problemas de adaptación cultural, etc.”. Se vincula también a la búsqueda de un espacio que entregue más certezas, confianza o sentido de pertenencia, mirándolo desde perspectivas tradicionalistas propias de algunas sociedades occidentales.
Distrito único: discriminación geográfica
La segmentación urbana, es decir pobres con pobres y ricos con ricos, disminuye la posibilidad de intercambio entre miembros de estos grupos en los centros.
Por eso, el conflicto con el distrito único es serio, pues consolida criterios aislacionistas que impactan directamente a familias con bajos índices de capital social cuando los centros educativos tienen la opción de “filtrar” a niños o niñas que solicitan plaza. Al momento de optar por un centro determinado, las familias de ingresos medios, o inferiores, tienden a dar mayor importancia a criterios como la cercanía, los costes y la existencia de ayudas, mientras que las de mayor nivel socioeconómico priorizan más la calidad y el proyecto educativo de las escuelas.
La implementación del distrito único ha abierto los ojos de varias personas que han identificado impactos paralelos generados por su causa. Entre los más relevantes está el aumento de uso del transporte privado, que deriva en estrés de tráfico y aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de mayores riesgos de accidentes para las y los estudiantes, incluso, que se trasladan en esos vehículos. Aunque con motivaciones distintas, pero consecuencias similares, la “rebelión de las escuelas”, que surgió en Barcelona en 2021, apuntaba también al impacto medioambiental y de salud que afecta a las comunidades escolares a causa del intenso tráfico en calles aledañas a los centros.
Adaptarse a la disponibilidad
Hay un elemento que es propio de los procesos de búsqueda de plaza por parte de familias inmigrantes y que, es factible, que la población autóctona no conozca, pues no se ha visto expuesta a ella: la matrícula viva, que se vincula a solicitudes realizadas fuera de plazo y a la disponibilidad de cupos (o falta de ella) en los centros públicos. Según el estudio de Esade y Save the Children, este concepto atañe a estudiantes “con frecuencia de origen extranjero y escolarización tardía, y (que) tiende a ser asignada a los centros educativos con mayor presencia de alumnado desaventajado o de origen migrante que por su estigmatización y baja demanda suelen disponer de más vacantes, agravando así la segregación”. Es decir, alumnado que llega en periodos académicos distintos, y eventualmente, con un nivel de educación inferior, es obligado a matricularse solo en colegios que, por distintas razones, tienen cupos disponibles. Una de las causas de estas vacantes puede ser que muchos padres han abandonado el centro a raíz de la desigualdad o mala reputación que tiene. “El alumnado que se incorpora en período extraordinario con el curso iniciado suele ser enviado a colegios o institutos que sufren problemas de concentración, a menudo sin posibilidad de elección”, profundiza el informe recién citado.
Para enfrentar este fenómeno, muy extendido a causa de la mercantilización de la oferta educativa pública, se requiere mantener cierta cantidad de plazas en los centros para no atentar contra la libertad de elección, que faciliten a las familias el acceso a colegios cercanos a su lugar de residencia y que, como consecuencia, genere una distribución equilibrada del alumnado, más allá de su diversidad de origen, y que diluya la concentración de grupos específicos. En efecto, la escasez de plazas comienza a desvelarse desde las escuelas infantiles, donde “el 70% de los bebés se queda sin plaza en los centros de cero a tres años 100% públicos en la capital por la escasa oferta”, según un artículo del periódico Público.
El modelo de Madrid
Los planes de educación, con base libremercadista, que han impuesto los gobiernos de derecha en la comunidad de Madrid sí que han logrado fortalecer el fenómeno recién descrito. La política del distrito único, el sistema de “puertas abiertas” (que pone a competir a los mismos centros públicos entre ellos), la disminución de plazas en las escuelas públicas, los severos recortes presupuestarios y la consiguiente “guetificación” tanto de los centros como de los barrios donde se ubican (recordemos que los grupos sociales tienden a concentrarse en determinados puntos de la ciudad), ha sido un tremendo golpe para “la enseñanza pública, como plantea la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) y lo reiteró tras la jornada de trabajo La segregación escolar, las desigualdades educativas y el modelo de la derecha en España .
Según el sindicato, las decisiones que ha tomado el PP han “aumentado la pobreza y la exclusión, con graves consecuencias para la equidad y la cohesión social. Al hilo de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, avalando la LOMLOE, que pone especial acento en frenar la segregación escolar, CCOO exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional contundencia contra aquellos gobiernos autonómicos que pretendan sortear la Ley en vigor para seguir fortaleciendo la inequidad y la segregación escolar”.
Los autores Francisco Javier Murillo, Cynthia Martínez-Garrido y Guillermina Belavi, de la Universidad Autónoma de Madrid, indican que “disminuir la segregación no garantiza necesariamente un trato justo y equitativo para las y los estudiantes, pues el mero hecho de compartir centro educativo no evita problemas como el asimilacionismo, el no reconocimiento, la discriminación o la exclusión”. Y también plantean que su estudio evidencia una situación problemática, pues “el origen de una construcción intercultural es compartir el espacio escolar, situación que para casi la mitad de adolescentes españoles inmigrantes no se está dando” (Aparicio y Portes, 2014), porque en los centros hay una atomización de inmigrantes y no una multidiversidad cultural que es la que entrega la base para una sociedad integradora.
En este sentido, una de las reivindicaciones históricas de CCOO es “reforzar el derecho a la educación, que tiene que ver con la apuesta por una educación inclusiva que no deje a nadie atrás, que garantice la igualdad de oportunidades y la equidad, que refuerce la escuela pública, las políticas socioeducativas y aquellas complementarias que impacten sobre el entorno familiar y sociocultural del alumnado, que promueva la igualdad de género y el respeto y el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual”. De esta manera, ha reclamado ante el Gobierno e incluso en foros europeos respecto de “la necesidad de articular medidas para luchar contra la segregación escolar y para alcanzar un modelo educativo participado por el conjunto de la comunidad educativa”.
El sindicato ha exigido a las administraciones públicas “la financiación suficiente de la educación pública y medidas como la atención temprana, la eliminación de la repetición de curso, la adecuación de vías que permitan volver al sistema educativo, el fortalecimiento de las políticas de becas y ayudas, el reconocimiento de la profesión docente, la ampliación de las plantillas y la mejora de la formación inicial y permanente del profesorado”, como medidas de gran importancia para mejorar la calidad del sistema educativo, cuyos referentes deben ser el derecho a la educación y la equidad.
