RUBÉN PÉREZ CORREA (Vigo, 1977), es Licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, donde también realizó el Curso de Adaptación Pedagógica. Es técnico especialista y cuenta con un postgrado en Logística y Producción. Posee una titulación en Sistemas de Gestión ISO 9001 e ISO 14001, y desarrolló su carrera en el sector de las nuevas tecnologías e innovación. Se ha desempeñado como delegado sindical de CCOO y ha sido miembro de la Ejecutiva comarcal de Vigo de la Federación del Metal de CCOO (2005-2010). También fue secretario de organización de Esquerda Unida de Galicia (2013-2017) y portavoz del grupo municipal Marea de Vigo (2015-2023). Actualmente, se desempeña como secretario de Estado de Juventud e Infancia.
¿A quiénes consideramos infancia y a quiénes, juventud? ¿Cuándo dejamos de ser menores para pasar a ser jóvenes?
Ese es uno de los grandes debates que afrontamos en el Ministerio, porque depende del ámbito en el que trabajas: la Unión Europea tiene un concepto de juventud muy amplio; determinadas subvenciones, si son autonómicas, locales o de ámbito estatal, también se abren a esa diatriba; se habla de infancia, adolescencia y juventud… Nosotros hemos querido considerar primero la juventud como elemento estratégico. De hecho, la ministra ha presentado esta semana la propuesta de ley de juventud estatal y tenemos legislaciones en materia de juventud en el ámbito autonómico. Nosotros entendemos el concepto más amplio, sobre todo sabiendo que la emancipación se produce en edades más tardías. Creemos que va a ser uno de los grandes debates que afrontar para establecer cuáles son esos marcos. Que no sea solo una cuestión de edad, sino también de situación socioeconómica, autonomía… Somos uno de los pocos países europeos avanzados que no permiten que los niños se puedan asociar. Es decir, que pueda haber organizaciones de niños sin presencia de adultos, que puedan abrir cuentas bancarias, que puedan registrar unos estatutos… Son debates muy importantes para saber dónde vamos a situar el foco de la diferenciación entre juventud e infancia.
¿Y cuáles son los desafíos y prioridades más importantes de su Secretaría de Estado para esta legislatura?
Hemos aterrizado en dos temas muy polémicos, como es la llegada de población menor migrante y la cuestión de la protección de los menores en los entornos digitales. Pero el objetivo tiene que ser que este Ministerio nos sobreviva. Estamos aquí por una correlación de fuerzas parlamentarias y por un Gobierno de coalición. Vendrán otros partidos, vendrán otras realidades legislativas y nosotros creemos que el Ministerio de Infancia y Juventud tiene que entenderse como un elemento absolutamente trascendental. Que no aparezca o desaparezca según la correlación de fuerzas o los espectros políticos que estén en el poder. Si eso lo conseguimos, habrá sido el gran legado.
¿Y cree que realmente podría sobrevivir a una legislatura si llegan la derecha y la ultraderecha al gobierno?
Hay un consenso muy importante, también de la derecha, sobre que hay que proteger a los menores en el entorno digital, y no solo la pornografía. Para nosotros es una cuestión mucho más amplia. Hay comunidades gobernadas por el Partido Popular que están regulando estas cuestiones. Creemos que hay bastante posibilidad de conseguir el gran consenso que tuvo la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como LOPIVI, uno de los grandes hitos legislativos del anterior mandato. Creemos que, en materia de infancia, podemos buscar consensos con cualquier partido político civilizado. Con la extrema derecha será más difícil, porque el concepto de criminalización de la población menor migrante que tienen nos parece una auténtica indecencia.
¿Por qué es importante limitar el acceso de menores a contenidos sexuales y peligrosos en los entornos digitales?
Lo que estaba pasando con menores y determinados contenidos, el ciberacoso, el grooming, un montón de cuestiones que les llegan a través de entornos digitales, debía tener un retorno legislativo y una política de protección más avanzada. Curiosamente, las primeras reuniones que tuvimos como Ministerio, en este caso con la Agencia Española de Protección de Datos, nos colocaron ante una alerta terrible, que proviene de los colegios de pediatras, sobre lo que estaba pasando con el acceso de menores a contenido pornográfico. Y, cuando son los pediatras quienes colocan ese debate encima de la mesa, son palabras mayores. El objetivo es que ningún contenido pornográfico tiene que llegar a un menor, entre otras cosas, por su capacidad cognitiva, su maduración y su desarrollo, porque no entiende muchas de las cosas que se le están planteando.
Abrir este debate obliga a una reflexión como país, donde posiblemente habrá dificultades técnicas, en el camino hacia un escenario de muchos consensos con el sector tecnológico, con docentes, con los colegios de psicólogos…
“Somos uno de los pocos países europeos avanzados que no permiten que los niños se puedan asociar”
¿Es posible frenar el acceso de menores al porno?
El problema es precisamente el concepto. La mayor parte de los accesos de menores a la pornografía no son buscados, sino que los reciben a través de distintos canales. Por lo tanto, si no son buscados por el menor y son ofertados, el problema lo tienen las plataformas que permiten eso. Ese es el debate. Hay quien dice que la medida es como ponerle puertas al campo. Esa es la sensación que da. Pero tenemos a una Agencia Española de Protección de Datos que ha testado un mecanismo de control a través de una validación en el móvil. Y ya hay países que lo llevan ensayando, como Francia y Reino Unido. Si por lo menos empezamos ese trabajo y vamos acotando la posibilidad de que los menores reciban ese contenido, ya vamos reduciendo el problema. Entonces, si conseguimos rebajar gradualmente un 20% o un 30%, ya estamos incidiendo en una educación madura, afectiva, igualitaria. No es querer controlar Internet, sino que si a los menores no les dejamos fumar o beber alcohol, pues tampoco se puede dejar, ni por acción ni por omisión, que accedan a este tipo de contenidos.
Cuando anunciamos la medida, nunca hablamos de pornografía, sino de protección de menores en el entorno digital. Porque la pornografía es uno de los problemas, pero hay otros, como el acoso por diferentes causas. Y lo que antes era un acoso que se producía en el horario escolar, a través de un móvil, ahora son las 24 horas, es decir, el acoso a través de plataformas digitales y la violencia contra los menores se multiplica por mil. Por eso es tan importante que el primer paso no sea decir que prohibimos el porno, sino que se comprenda como una ley integral de protección de los menores en el entorno digital. Son tres hitos los que aprobó el Consejo de Ministros: la creación de un comité de personas expertas, la ley integral y la propia herramienta que ha desarrollado la Agencia Española de Protección de Datos, que puede dar un mecanismo de validación muy interesante, aunque pueda no ser infalible, como ha ocurrido en Francia o Reino Unido. Pero la alternativa que tenemos por ahora es esta.
¿Es factible controlar todos esos frentes a la vez con este mecanismo?
Hemos creado un Comité de expertos para que resuelva esta pregunta, pero hay alarmas que tienen que empezar a situar dónde queremos colocar el debate. En primer lugar, hay datos estadísticos muy impactantes. Por ejemplo, el equivalente al teléfono de la violencia, pero para menores, tiene 6 millones de registros desde su creación. En los últimos cinco años se han disparado las cuestiones relacionadas con el acoso digital, con enfermedad, con salud mental, con pensamientos y tentativas de suicidio, muchas veces relacionados con plataformas digitales o con la autopercepción del cuerpo… Si no ponemos mecanismos, aunque luego se vayan corrigiendo con el tiempo, esas tentativas se pueden convertir en muerte infantil por suicidio. Y no estoy hablando de muerte juvenil, sino de pensamientos suicidas entre menores de 9 y 11 años. Esto es una barbaridad social. Con buen criterio, el Gobierno de España ha actuado de manera rápida ante esta cuestión. Con seguridad, el Comité de expertos tendrá también que trabajar con el Ministerio y este tendrá que hacerlo con el sector tecnológico, para poner mucho coto a la situación actual y a los peligros que acechan a nuestros menores en el entorno digital.
Lo ha comentado de alguna manera, pero las redes sociales son también una fuente de peligro en temas de captación de menores, con las redes de trata, explotación, obtención de contenidos eróticos, grooming, etc. ¿Basta únicamente con controlar el acceso a las redes, por ejemplo, o hace falta un trabajo coordinado?
Nuestro Ministerio tiene una serie de competencias marcadas, pero tiene una transversalidad con Educación, con Transformación Digital, con Sanidad en los programas de salud mental… Por eso, esta Comisión de expertos tendrá propuestas de otros ministerios, porque hay cuestiones transversales que tenemos que armonizar. Con Educación, por ejemplo, para adaptar el currículo escolar cada vez más, no solo las potencialidades que te dan los móviles a efecto de unidades didácticas, sino que también las competencias digitales.
Europa ha pedido al Estado español que debemos formar en competencias digitales a 950.000 menores. Pero aquí también hay que abordar con el Ministerio de Trabajo la reducción de la jornada laboral, porque permitirá a los padres ser más partícipes en la educación de sus hijos y, por lo tanto, la dependencia de las pantallas y de determinados entornos digitales se puede corregir con una mayor presencia familiar.
Las partidas presupuestarias que se van a habilitar en este 2024 dentro de competencias digitales también resuelven, en parte, este tipo de cuestiones. Y ahí entra un desafío importante, que es la formación del personal educativo también en competencia digital, porque hay una gran carencia. Europa nos ha dicho que las competencias digitales tienen que ser fuera del horario escolar. Esto genera un problema porque, lo vemos en las actividades extraescolares, hay un sesgo de clase tremendo. Las poblaciones más maltratadas a nivel de exclusión muchas veces son las que no tienen acceso a actividades más allá del horario lectivo.
Creemos que hay un también un debate intergeneracional importante de cómo vamos a afrontar esta capacitación.
¿El Ministerio de Educación estaría abierto a invertir en este tema?
Nosotros, junto con Educación y Transformación Digital, hemos diseñado un presupuesto para 2024 muy expansivo y la transversalidad está encima de la mesa. Educación, además, nos ha solicitado la inclusión del Consejo Escolar del Estado en el Comité de expertos. Yo creo que hay muy buena voluntad. También hay que decirles a los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados que las intenciones están muy bien, pero que las políticas de infancia y juventud se explican también a través de los Presupuestos Generales.
“Las políticas de infancia y juventud se explican también a través de los Presupuestos Generales”
Y hablando del Consejo Escolar del Estado, la medida recién aprobada de la prohibición de móviles en Primaria y su limitación en Secundaria, ¿es una mera coincidencia o hay un trabajo interministerial coordinado al respecto?
Cuando llegamos como Ministerio, ya se había desarrollado ese debate en algunas comunidades autónomas. Y es importante entender que nosotros no hemos entrado a hablar de si los móviles tienen que estar o no en las aulas, que eso le corresponde a Educación y a las comunidades autónomas. Pero sí que hemos puesto sobre la mesa los riesgos que tienen los móviles para los menores. No hemos entrado tanto en si regulamos o no las cuestiones de las aulas, porque lo único que hemos dicho a las comunidades autónomas es que queremos colaborar con ellas en esa función. Y la disposición del Ministerio es absoluta en este sentido.
¿Ya habéis definido el Comité de expertos?
Solamente se ha anunciado, pero todavía no se ha presentado. No ha ido al Consejo de Ministros. Tenemos lo que es el acuerdo regulatorio y en las próximas semanas ya estarán los primeros perfiles. Eso sí, ya sabemos qué organismos formarán parte de este Comité: el Consejo Digital Joven, la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el Consejo Escolar del Estado… Ahora habrá que ponerle nombre y apellidos y trayectorias a esa comisión de expertos.
Hay gente que lleva muchísimos años trabajando en política de protección de menores. Es evidente que había una demanda social de esto desde el momento en que lanzas la idea del Comité de expertos y las personas se ofrecen. Estamos recibiendo perfiles muy interesantes.
Entiendo que es un órgano consultivo.
Sí, pero queremos que las recomendaciones de la futura ley integral provengan del Comité de expertos. Obviamente, cuando lanzas un Comité de expertos como Gobierno piensas que pueden decir que lo estás haciendo fatal, pero eso entra en los márgenes de la urgencia e importancia del tema que queremos llevar adelante. Entonces, al Comité de expertos lo tienen que acompañar también los debates ministeriales. El Comité de expertos debe proponer cuestiones concretas que sean encausables, porque su creación es uno de los hitos en la construcción de una futura legislación.
Eso quiere decir que podemos esperar resultados concretos.
Sí, nosotros nos hemos planteado un horizonte de nueve meses, pero la perspectiva es que en seis meses ya haya conclusiones potentes en cómo encauzar la propuesta normativa. Yo sé que decir que queremos una ley en esta legislatura puede sonar muy optimista. Pero nosotros vamos a pedir que el mismo consenso que hubo en la LOPIVI se traslade también a la futura ley integral en esta materia.
Hay una gran preocupación provocada por los medios sobre las llegadas y las oleadas de migrantes. ¿Cuáles son los objetivos para este año o para esta legislatura al respecto?
Las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo muy grande, especialmente Canarias, que es la que sufre la llegada de manera más masiva y que tiene sus sistemas saturados. Lo primero es garantizar, dentro de la política migratoria, la protección de los menores. Para hacerlo, hay que identificar a esos menores, por lo que se debe agilizar, con recursos y con mayor capacidad de la fiscalía, su identificación inmediata para sacarles de la convivencia con personas adultas.
Las comunidades autónomas deben ser solidarias con la realidad que vive Canarias. Y es perfectamente asumible la distribución de los 5.000 menores migrantes que hay ahora mismo en las Islas entre el resto de las autonomías. Y eso hay que hacerlo pensando en el futuro de este país. Hay que darles oportunidades, orientación sociolaboral, sociosanitaria, incluso de salud mental, ya que han vivido experiencias terribles. Tenemos menores de 7 años que han cruzado solos el Sahel. Por eso, cuando alguien identifica delincuencia con estos menores, dan ganas de reírse.
Estuvimos hace poco reunidos con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para que haya itinerarios de transición a la vida adulta, que permitan mejorar las condiciones de desarrollo futuro y presente de estos chavales.
“Nos estamos encontrando con el problema de la poca cantidad de programas de transición a la vida adulta que existen”
¿Cómo se lucha contra ese ruido generado por ciertos sectores sociales sobre estos menores no acompañados? ¿Vale la pena luchar contra ese ruido?
Contra las mentiras hay que luchar siempre. Contra las mentiras expresadas por algunos dirigentes políticos que vinculan la delincuencia a los menores migrantes, cosa que es rotundamente falsa, hay que luchar. Contra gente que dice que hay epidemias de sarna y de no sé qué en centros de menores, hay que luchar. Contra los discursos del odio contra menores, hay que luchar. El derecho del menor está por encima de cualquier discusión, de quién tiene competencias, de quién pone los recursos, y muy por encima de la discusión de si tienen derecho o no a llegar a nuestras fronteras.
¿Qué pasa una vez que cumplen la mayoría de edad? ¿Qué futuro pueden tener con los planes y medidas que hay ahora mismo vigentes?
En el diálogo con otras administraciones, nos estamos encontrando con el problema de la poca cantidad de programas de transición a la vida adulta que existen. Tenemos regulado que estos niños y niñas estén en un centro de acogida, en un piso tutelado o en cualquiera de los sistemas; pero, cuando llegan a la vida adulta, a pesar de que sabemos que determinados sectores laborales tienen una alta demanda de empleo, no son capaces de absorberlos. Por eso tenemos que diseñar esos programas de transición. Nosotros ya hemos empezado a dialogar con otros ministerios, en concreto con el de Trabajo y Economía Social, porque tiene mecanismos que pueden servir. Queremos que se generalicen estos programas de transición a la vida adulta para población migrante, pero también para los menores que tenemos en el sistema de acogimiento.
Pero en esta sociedad, si no tienes una red que te sustente, es muy complicado…
El salario medio de un joven está en unos 1.045 euros; en tanto, el precio medio de la vivienda, se calcula que ronda los 945. Si a eso le sumas los consumos medios de luz y agua, ya son casi 1.100 euros; es decir, a los jóvenes les faltan casi 70 euros para poder emanciparse. Así y todo, tenemos una tasa de emancipación del 16%. Y estamos hablando de población que tiene familia, que tiene entorno, que tiene colchón. Si eso no lo conseguimos con la población que tiene red, ¿qué pasa con el resto? De ahí que la mayor parte de estos chavales, muchas veces, acaban en la exclusión social. Entonces hay que resolverlo. Ya hemos alertado que, de los aluviones de menores no acompañados de hace un año, muchos de ellos tienen ahora la mayoría de edad y no se han hecho esos programas de transición a la vida adulta o, por lo menos, de acompañamiento con los servicios sociales. Lo peor es que estamos en un momento de demanda de determinados sectores y una despoblación rural, por lo que es urgente atender y resolver estos asuntos.
¿Por qué es importante que la juventud participe a nivel sindical?
Creo que el mejor ejemplo que puede dar la política y el sindicalismo es la renovación. No es igual el mercado laboral que se encuentra en los jóvenes. Yo soy de la Federación de Industria de Comisiones Obreras y el sindicalismo que llevamos practicando durante muchos años es para grandes secciones sindicales, para zonas de sindicalización y para elementos de negociación muy fáciles. Si tienes detrás 500 afiliados y un comité de empresas, es fácil. ¿Cómo haces sindicalismo en el teletrabajo, que ya es la única forma en muchas empresas? ¿Cómo haces sindicalismo con los riders? Creo que el ejemplo ha sido Comisiones Obreras, cuando entendió que si adaptas las fórmulas de participación sindical, los jóvenes responden y ganan batallas sindicales. La Ley Rider no fue una ocurrencia del Gobierno, sino que es la solución que este dio a una batalla ganada por las organizaciones sindicales. Y creo que en ese elemento hay una tasa de participación sindical esperanzadora en España.
