En aquella ocasión se reconoció este derecho para los periodos de prácticas que tuvieran alguna compensación económica, fuera cual fuese, y ha permitido que entre 2012 y 2023, salvo el paréntesis de la pandemia, una media de 80.000 personas acreditasen periodos cotizados, complementando el reconocimiento académico con una medida que les facilita el acceso a mejores prestaciones futuras (jubilación, incapacidad permanente, protección ante accidentes de trabajo y enfermedad profesional…) cuando cese su vida laboral, o la incapacidad temporal por enfermedad común cuando exista alguna compensación económica.
Esto no ha evitado que mantuviéramos la reivindicación de extender este derecho al conjunto de personas que participan de esos programas formativos, que, en su mayoría, no reciben compensación alguna, formando parte de los itinerarios que están cursando tanto en formación profesional como universitaria en todos sus ciclos, o como consecuencia de haberlos cursado.
Finalmente, esta medida se ha concretado en las sucesivas reformas de pensiones acordadas entre 2021 y 2023, las cuales han permitido derogar la desgraciada reforma unilateral de 2013 y reconducir la SS con un fuerte avance hacia la suficiencia prestacional, compatible con la sostenibilidad financiera.
Se ha conseguido que esta nueva normativa entre en vigor el 1 de enero de 2024, extendiendo este derecho al conjunto de la población que realiza prácticas formativas o académicas externas, en la propia universidad o centro formativo, o en entidades colaboradoras: empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional.
El potencial de la medida es enorme en términos cuantitativos si tenemos en cuenta que solo entre estudiantes de FP y Universidad tenemos en nuestro país en torno a 2,5 millones de personas actualmente.
No menos importante es esta medida en términos de equidad, constituyendo una herramienta relevante para contribuir a construir su carrera profesional a millones de personas, en una apuesta por atender, desde la perspectiva de acceso y generación de derechos a las generaciones más jóvenes que en los últimos años han padecido alta precariedad y rotación laboral, con la consiguiente dificultad añadida para construir carreras de cotización sanas.
La reforma laboral y sus efectos sobre la estabilidad para el empleo, el incremento del SMI en los últimos años y la culminación de esta medida que pudimos poner en marcha hace 12 años y ahora completamos, tienen fuerte impacto para abordar una deficiencia sobre cuya corrección hay que seguir profundizando.
