Las políticas de austeridad, que se están implementando en muchos países recortando el gasto público en educación, están influyendo negativamente en nuestros sistemas educativos y en no dar soluciones a los retos a los que nos enfrentamos, como mantener la calidad, la equidad y la igualdad de oportunidades, sin dejar a nadie atrás.
Fortalecer el servicio público educativo implica, en primer lugar (como avalan diferentes estudios internacionales), incrementar nuestros niveles de inversión educativa y, por consiguiente, mejorar la educación pública en calidad y equidad. Es algo completamente razonable, teniendo en cuenta siempre que la educación no es un gasto, sino que es una inversión imprescindible para el buen futuro de nuestro alumnado y de nuestra sociedad.
Hay que recordar también la Declaración de París de la UNESCO, del 10 de diciembre de 2021, que insta a todos los gobiernos a cumplir los compromisos que se alcanzaron en el Fórum Mundial de la Educación, celebrado en Incheon en 2015, y en las reuniones mundiales sobre Educación de 2018 y de 2020, de asignar a la educación entre el 4% y el 6% del PIB, y/o, como mínimo, el 15%-20% del gasto público total.
La crisis económica existente en muchos países, los procesos de privatización en continuado aumento, junto a los recortes en los presupuestos educativos, afectan negativamente el estatus de la profesión docente, e inciden en el empeoramiento de las condiciones de trabajo y salarios menos favorables para el conjunto de educadores y educadoras, en los recortes en la formación del profesorado y el empleo de nuevos perfiles profesionales tan necesarios que contribuyen a mejorar la atención a la diversidad, la convivencia y el bienestar de la comunidad educativa, entre otras tareas.
Es necesario frenar la implementación de aquellas políticas de austeridad que impiden aumentar las inversiones educativas, tan necesarias para rebajar las ratios y así reforzar la dedicación del profesorado a aquellas tareas que redundan en una mejora del trabajo en el aula y en los resultados escolares.
Igualmente, es imprescindible incrementar las plantillas de profesorado y de profesionales para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales.
Otro asunto importante es la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado y del resto del personal para que hagan su fundamental labor con el apoyo y los recursos suficientes y con todo el reconocimiento que se merecen, evitando una sobrecarga de tareas, sobre todo burocráticas, y a la vez asegurar que hay políticas que faciliten la conciliación entre la vida privada y profesional con la finalidad de promover la corresponsabilidad.
Así mismo, es necesario culminar la estabilización del empleo y la reducción de la temporalidad en todo el sector educativo.
Además, siguen existiendo brechas de desigualdad y digitales entre nuestro alumnado, que afectan de forma especial al estudiantado más vulnerable, y cuyas soluciones no se pueden instaurar en un contexto de políticas de austeridad.
No se puede olvidar que se están protegiendo los intereses de la gestión privada y perjudicando a la educación pública, siendo esta última la que asegura la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el derecho a una educación de calidad.
Fortalecer el servicio público educativo es invertir en formación y capacitación del profesorado, mejorar la infraestructura de los centros, actualizar los planes de estudios de acuerdo a las necesidades actuales, fomentar la participación de la comunidad educativa y garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad para todo el alumnado, sin excepción, y para ello es urgente contar con una decidida voluntad política y apuesta clara por parte de los ministerios de Educación y de las administraciones competentes, para priorizar la financiación educativa y no implementar políticas de recortes y austeridad.
Por todo ello, los sindicatos afiliados a la Internacional de la Educación exigimos a los gobiernos que apoyen las campañas sindicales por el incremento de la financiación en el sector, por salarios y pensiones dignas, contra todas las formas de trabajo precario y por la mejora de las condiciones laborales de todo el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza.
Debemos centrar nuestros esfuerzos para fortalecer las redes sindicales, reforzando las alianzas internacionales. Hoy, más que nunca, tenemos que apostar por la educación. Porque sin inversión en educación no hay futuro y sin equidad no hay calidad.
