Es ese compromiso ético y humano el que nos impulsa a acompañar a los y las jóvenes en situaciones complejas y de vulnerabilidad. Sin embargo, es urgente realizar una reflexión crítica: la vocación no debe ser, ni puede ser, el sustituto de los derechos laborales, del reconocimiento profesional y de unas condiciones de trabajo seguras.
El reciente V Convenio Estatal, impulsado por nuestro sindicato, establece avances cruciales, como la histórica equiparación salarial entre los centros de protección y los de reforma. Sin embargo, sucesos como el asesinato de una educadora social en Badajoz el pasado marzo han evidenciado la gran lacra del sector: las agresiones en el puesto de trabajo. Este trágico suceso ha servido de catalizador de la unidad de las y los profesionales del sector, que se movilizan para reclamar medios suficientes y condiciones laborales que garanticen su seguridad.
Los datos de una reciente encuesta en el sector de nuestro sindicato muestran que las condiciones laborales de las personas trabajadoras están en situación de extrema gravedad: el 80% del personal ha sufrido algún tipo de agresión verbal y/o física, lo que evidencia una normalización patológica de la violencia en el puesto de trabajo. Esta alarmante estadística se ve agravada por una cultura del silencio: apenas un 6% de las agresiones se denuncian, fruto de la desprotección institucional y del temor a la victimización secundaria.
Otro factor crítico reside en la mayoritaria privatización de la gestión de estos servicios públicos esenciales, normalmente delegados en fundaciones y asociaciones del ámbito de lo social que, aunque resulta paradójico, en muchos casos priorizan el enriquecimiento y la reducción de costes sobre el «bien común» y la mejora de las condiciones laborales. Esta lógica de mercado impacta muy negativamente en las plantillas, ya de por sí expuestas a un notorio desgaste físico y emocional por la naturaleza de su trabajo. El resultado es una doble desprotección: la inherente a su labor y la derivada de la ausencia de un compromiso real con su bienestar por parte de las entidades gestoras y la Administración responsable. Esta realidad hace más necesario que nunca redoblar nuestro compromiso, liderando con firmeza la lucha sindical en defensa del sector de protección de menores y reforma juvenil.
