Con el objetivo de denunciar y alertar sobre la privatización a gran escala que se está dando en los estudios de FP, la Federación de Enseñanza de CCOO hizo público, el pasado 22 de enero, un informe en el que refleja la alarmante escalada ascendente de mercantilización que está sufriendo la FP.
Desde las secretarías de Juventud y de Formación Profesional se ha realizado un estudio por territorios en el que se analiza cuál es la oferta pública versus la oferta privada, sobre todo a distancia, de las distintas familias profesionales. Debido a esta situación, el alumnado no es completamente libre para elegir su formación y, por tanto, la profesión que quiere ejercer, lo que influye en su proyecto de vida y su capacidad de emanciparse.
Y es que, como bien expresa este informe, la Formación Profesional se está convirtiendo en un negocio y además en un sistema de segregación, como reflejamos en las distintas estadísticas, donde el código postal en el que naces influye y la familia en la que naces está empezando a influir notoriamente. Para ponerle remedio, ha de existir una auténtica voluntad política de cada territorio por asumir estas competencias desde lo público.
Para CCOO no es de recibo que los hogares españoles hayan tenido que duplicar el dinero que invierten en la formación de sus hijas y sus hijos, convirtiendo esta capacitación en un lujo y no en un derecho. Al igual que no es de recibo que una opción como la FP en línea, ideada como mecanismo compensador de desigualdades y como un sistema de flexibilización formativa, se haya convertido precisamente en la mayor generadora de estas desigualdades.
Es obvio que si la Formación Profesional es ya la elección prioritaria de las y los jóvenes por encima de estudios universitarios, las administraciones públicas deberían plantearse, tal y como reivindicamos en este informe, crear una red pública con oferta suficiente, tanto de nuevos módulos y ciclos formativos con alta empleabilidad, como en la cantidad de ciclos ya existentes que se están ofertando en la actualidad.
Porque la falta de esta oferta pública, en demasiadas ocasiones interesada, es el caldo de cultivo que está utilizando la empresa privada para mercantilizar un derecho, generando profundos procesos segregadores que afectan de manera directa al alumnado más vulnerable.
Este estudio revela la inmensa preocupación que tienen nuestras personas jóvenes porque ven peligrar su futuro, porque no van a poder acceder a los estudios que realmente quieren realizar como primera opción o porque realizarlos supone un sobreesfuerzo económico a las familias y se está convirtiendo en otro elemento de segregación.
Este estudio también denuncia que no se puede normalizar el hecho de tener que pagar por intentar mejorar o adquirir una condición de empleabilidad, como si esto fuese un privilegio. Al contrario. La Formación Profesional no es un privilegio, sino que es un derecho y no se lo pueden robar, por falta de compromiso con la enseñanza pública, a quienes quieren optar por una formación que se ha demostrado sumamente práctica y con unos índices de empleabilidad que superan el 50% en un plazo menor a 6 meses.
El análisis que presentamos es una herramienta imprescindible para la acción sindical en nuestros territorios, pero también para reforzar nuestro argumentario en las mesas de negociación, tanto a nivel estatal como a nivel de las distintas comunidades autónomas, y es que ni el Ministerio ni las distintas consejerías pueden seguir mirando para otro lado ante este avance neoliberal al que tienen que poner freno y límite.
Una desigualdad que se profundiza
La privatización de la Formación Profesional no es neutra desde el punto de vista de género. Al contrario, las dinámicas actuales del sistema están contribuyendo a reproducir y profundizar desigualdades estructurales que afectan de manera específica a las jóvenes, tanto en el acceso a la formación como en sus trayectorias laborales posteriores.
Uno de los elementos más preocupantes es la desigualdad en el acceso a la orientación educativa. Las jóvenes reciben menos información, más tardía y de peor calidad sobre las posibilidades que ofrece la FP, lo que condiciona la toma de decisiones formativas y refuerza estereotipos de género. Esta carencia tiene efectos directos sobre la segregación por familias profesionales y limita las opciones reales de emancipación.
Las familias profesionales feminizadas se concentran en sectores con peores condiciones laborales, mayor parcialidad y menor reconocimiento social, mientras que los ciclos con mayor retorno laboral y salarial siguen estando mayoritariamente masculinizados. Sin una intervención pública decidida, la FP es un mecanismo más de reproducción de la división sexual del trabajo.
A ello se suma el crecimiento acelerado de la modalidad a distancia, donde la presencia de mujeres es mayor, en muchos casos por necesidades de conciliación o por trayectorias educativas interrumpidas. Si esta modalidad se expande principalmente desde la oferta privada y sin garantías suficientes de calidad, tutoría y acompañamiento, existe el riesgo de que se consolide como un itinerario de segunda, feminizando la precariedad formativa y laboral.
Las desigualdades de género también se reflejan en el mercado de trabajo juvenil, con mayores tasas de paro, temporalidad y parcialidad involuntaria entre las mujeres jóvenes. Por ello, no basta con ampliar la oferta de FP, sino que es imprescindible que su planificación incorpore una perspectiva de género transversal, que garantice prácticas formativas con derechos, protocolos efectivos de igualdad y una orientación profesional no sexista desde las etapas obligatorias.
Solo una Formación Profesional pública, suficiente, gratuita y planificada, con enfoque de género, puede cumplir su función como herramienta de igualdad, cohesión social y emancipación juvenil. De lo contrario, la FP corre el riesgo de dejar de ser un derecho para convertirse en un nuevo espacio de desigualdad.
