Tras pasar una crisis económica y financiera hace tres lustros, de la que nunca se recuperó la clase trabajadora, hoy nos hallamos ante una situación de inseguridad, incertidumbre y estrés colectivo que afectan especialmente a la población joven, por las altas tasas de paro y la precarización que padecen ante un futuro cada vez más incierto. Este es el contexto en el que se desarrolla la labor de las y los docentes y de las y los profesionales que trabajan en nuestro sistema educativo.
Contar con un entorno laboral saludable debe ser entendido como un derecho humano fundamental, lo cual choca con algunas prácticas empresariales y de las administraciones educativas de nuestro país que, a pesar del esfuerzo desarrollado por el personal docente en los peores momentos de la pandemia, no solo no lo ha visto recompensado con posterioridad, sino que ha seguido sufriendo ataques constantes por parte, fundamentalmente, de las administraciones, que han vuelto a aumentar las ratios, sin reducir las horas lectivas e invirtiendo menos en educación.
No podemos olvidar que nuestra Constitución señala la obligación de los poderes públicos de proteger la salud de las personas trabajadoras, mientras que las directivas europeas establecen medidas para promover la mejora de su seguridad y la salud, concretándose en España en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Salud mental
Son abundantes y sustanciales las razones por las que debemos prestar atención a los problemas de salud mental en el sector educativo. El aumento de la incidencia y frecuencia, y sus perniciosos efectos, suponen un incremento significativo en el número de bajas laborales por estrés o depresión, con las consecuencias que esto supone. Dentro de los costes totales de una enfermedad deben incluirse también los intangibles, que incluye el sufrimiento experimentado por quien la padece, su familia y personas cercanas.
La atención a la salud mental en el sector educativo debe ser una de las actuaciones prioritarias por parte de las administraciones, por el incremento de su incidencia y su prevalencia, por los efectos que genera en la salud de la persona trabajadora, en la organización de los centros docentes y, especialmente, por su repercusión en la calidad del trabajo desarrollado.
Desde la anterior crisis, y muy especialmente tras la pandemia, se ha detectado un incremento evidente de enfermedades como el estrés, la depresión o la ansiedad. La frecuencia de estas patologías es dos veces superior en los sectores de la educación, así como también en los servicios sociales y de salud.
Políticas de prevención
Lo primordial con respecto a la atención a la salud mental en el ámbito educacional es integrar políticas que fomenten la prevención e incluyan el acompañamiento a la persona trabajadora en un proceso que pasa por el análisis de la situación, la identificación del tipo de tareas que desarrolla y los factores de riesgo de su empleo (incluyendo los psicosociales inherentes), para detectar aquellos elementos de estrés objetivos, la evaluación de su salud para determinar las posibles vulnerabilidades individuales, y la planificación de actuaciones preventivas, asistenciales y de formación e información eficaces que gestionen, disminuyan o erradiquen, de manera eficaz, los riesgos psicosociales y las patologías que amenazan al colectivo docente.
Aunque es imposible eliminar todos los riesgos, sí que podemos mitigar sus consecuencias mediante la implementación de procedimientos preventivos eficaces y la puesta en marcha de iniciativas novedosas que permitan detectar los posibles problemas derivados de formas y prácticas de organización del trabajo propias de los centros educativos, o los que emanan de las políticas desplegadas por las administraciones.
Planteamos todo esto porque desde la Federación de Enseñanza de CCOO estamos trabajando en el desarrollo de un programa de mejora de la salud mental, la prevención y la aminoración de los riesgos psicosociales derivados de la práctica docente, de manera que pueda dotarse adecuadamente a todos los servicios de prevención y comités de Seguridad y Salud –que deben estar constituidos en cumplimiento con la legislación vigente– de las herramientas necesarias para abordar esta problemática.
En este proceso de formación e información al personal es importante que las y los docentes conozcan y dispongan de las herramientas, los recursos y los conocimientos necesarios para detectar de manera precoz los posibles riesgos psicosociales a los que se exponen, y así actuar de manera preventiva y evitar las posibles enfermedades mentales asociadas a ellos.
Desde FECCOO insistimos en que no se puede seguir obviando la responsabilidad que tienen las distintas administraciones educativas en la protección y mejora de la salud física y psicológica de todas las personas trabajadoras de nuestro sector.
